Los diputados de la comisión especial que tramita el proyecto de ley 20.049, que busca endurecer los controles de los procesos de huelgas, aprobaron y dictaminaron esta tarde una nueva versión de la polémica iniciativa.
Entre los principales cambios que recibió el texto, los diputados agregaron dos listas de servicios ‘esenciales’ y ‘trascendentales’, en los cuales estarían prohibidas las huelgas o condicionadas a planes de servicios mínimos, respectivamente.
Añadieron un procedimiento especial para las huelgas en educación, las cuales podrían realizarse hasta por un plazo de 21 días naturales consecutivos o de 10 días naturales discontinuos, antes de una solución entre partes o un arbitraje.
Las listas de servicios: Proyecto de ley sobre huelgas: ¿cuáles trabajadores sí y cuáles no?
Sin embargo, el resto del proyecto varió muy poco.
Se mantuvo la redacción de un inciso que intentarán agregar al Código de Trabajo para permitir la disolución de los sindicatos con los siguientes motivo comprobables en un juicio: que organicen o inciten a sus afiliados a realizar bloqueos en vías públicas, que bloqueen el acceso a instituciones públicas o que realicen sabotaje sobre bienes públicos.
Ese inciso además señala que cualquier autoridad pública que tenga conocimiento de estas conductas deberá poner la denuncia ante el Ministerio Público.
Esta disposición la intentó eliminar, a través de una moción, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA); sin embargo, no contó con el apoyo del resto de fracciones legislativas representadas en el foro legislativo que estudia la iniciativa.
Villalta pidió coherencia, pues dijo que castigar a una organización sindical de esta manera por la actitud de sus líderes sería lo mismo que disolver a un partido, a una sociedad anónima o a una cooperativa por delitos de sus jerarcas, lo que afectaría a todos sus socios y empleados.
“Yo les pido a las distintas fuerzas políticas aquí representadas que sean coherentes, que piensen si aprobarían que la misma medida se a apliquen a sus partidos en caso de que algún dirigente o jerarca cometa algún hecho delictivo… si estarían de acuerdo que a sus empresas se les apliquen ese tipo de medidas o a las organizaciones donde ustedes son participantes”, subrayó a sus compañeros.
Esta visión fue rechazada por el proponente del proyecto y principal impulsor, el presidente legislativo Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN); quien comentó que, desde esa perspectiva, habría que eliminar el artículo 350 que se mantiene en el Código de Trabajo desde 1943.
Ese artículo ya señala que el Ministerio de Trabajo podría solicitar la disolución de los sindicatos “que fomentan actos delictuosos contra personas o propiedades” o “que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para impedirles su legítimo trabajo”.
Benavides señaló que el nuevo proyecto busca “especificar la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo plantee la eventual disolución ante el juez por delitos que están relacionados con la libertad de tránsito de las otras personas o el sabotaje contra los bienes públicos”, aunque incluso podría contemplarse como un acto “redundante o reiterativo”.
Eso sí, Benavides utilizó este argumento para decir que “es falso” que se esté planteando la disolución de los sindicatos. “Eso está inventado desde 1943”, justificó.
De cualquier manera, Villalta señaló que no es una mentira, pues “se pretende que se puedan disolver los sindicatos por el ejercicio del derecho a la manifestación en vías públicas”, pues “el artículo habla de disolver sindicatos por bloqueos de vías públicas, pero no hace remisión al tipo penal de entorpecimiento de vías públicas y esa ambigüedad lo que busca es extender esto a cualquier manifestación”.
Al respecto, Benavides indicó que podría afinarse la redacción del artículo y que no tendría ningún problema con hacer referencia al artículo 263, que habla sobre la tipificación del bloqueo de vías públicas.
Para Villalta, igualmente el artículo 350 siempre ha sido “inaplicable”, pues cualquier juez interpretaría una medida de ese tipo como “abusiva y antidemocrática”, o al menos “cualquier persona que respete libertad de asociación y sindical”.
Villalta también intentó modificar las normas que permitirían el rebajo de salarios a las personas en huelgas ilegales; sin embargo, tampoco obtuvo el apoyo del resto de los legisladores.
El frenteamplista propuso que, previo acuerdo de los patronos con los trabajadores, estos pudieran realizar parte de la devolución de los salarios reducidos con horas extra de trabajo, algo que fue rechazado.
Actualmente, el proyecto señala que las sanciones disciplinarias correrían a partir de la declaratoria de ilegalidad, pero que los rebajos salariales se realizarían de forma retroactiva, desde el momento de la solicitud de declaratoria de ilegalidad del movimiento huelguístico.
Se plantea el arbitraje
La versión del proyecto que se aprobó hoy también añadió la obligatoriedad de someter a arbitrajes las diferencias entre patronos y trabajadores, cuando estos tengan impedimento para acudir a las huelgas y una vez haya finalizado cualquier proceso de “conciliación”.
El cambio fue aprobado con la venia de todos los legisladores de la comisión, quienes afinaron la redacción de un texto que ya había sido aprobado en esta materia.
Según indica la nueva redacción, el arbitraje debería realizarse en el Poder Judicial, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Colegio de Abogados y Abogadas o mediante un Arbitraje Ad Hoc; a través de un acuerdo entre las partes.
En caso de que no existiese acuerdo, la norma señala que el arbitraje estaría a cargo del Ministerio de Trabajo.
La aprobación y el dictamen
La votación del proyecto contó con el respaldo de cinco de los seis congresistas presentes en la comisión: Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN); Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Zoila Volio, del Partido Integración Nacional (PIN); y el independiente Erick Rodríguez Steller.
En contra solo votó el frenteamplista Villalta, quien señaló que considera que aún existen muchas cosas que mejorar, aunque se dijo deseoso de que las negociaciones que los sindicatos han emprendido con los impulsores del proyecto “lleguen a buen puerto”.
Eso sí, dijo que la iniciativa es restrictiva y que su trabajo se va a centrar en que no afecte a trabajadores del sector privado, como los peones del sector agrícola, algo que podría suceder si no se modifican algunas normas del proyecto de ley sin haber sido citados a la comisión ni a las negociaciones que ya se desarrollan.
Villalta también señaló que el proyecto nació de la coyuntura de las huelgas contra el plan fiscal y que le parece apresurado, aunque también afirmó que los desacuerdos y las injusticias aún se pueden corregir.
Por último, el diputado también ve necesario virar los discursos que satanizan el papel de los sindicatos y de los trabajadores, pues muchos más bien han permitido frenar casos de corrupción o que están conscientes y que propugnan por las modificaciones que deben hacerse a la institucionalidad, “como si todos tuvieran salarios de privilegio y gollerías excesivas, como los educadores o los policías”.
El proyecto de huelgas se encuentra en una etapa de vía rápida, por lo que debía dictaminarse esta semana. Más tarde, seguirá el proceso en el Plenario legislativo, donde se realizarán los últimos cambios a la iniciativa.
Sobre los próximos pasos, la representante por la fracción de gobierno, Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), destacó que lo principal será mantener el diálogo “en tiempos en los que la polarización marginan el esfuerzo político por el diálogo”.
El presidente legislativo Benavides, por su parte, reiteró que no ve aires revanchistas en su proyecto contra determinados grupos, sino una intención explícita de garantizar los servicios que muchas personas necesitan cotidianamente y que actualmente no están asegurados a pesar de su importancia para poblaciones concretas.
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