Gremios judiciales se oponen a reforma que permitiría disolver sindicatos por acciones de sus integrantes

“Sería como disolver a una empresa por el acto de corrupción de uno de sus miembros”, señaló Kenneth Álvarez, de Anejud.

Los trabajadores del sector judicial expusieron hoy ante los diputados sus principales preocupaciones en relación con el proyecto de ley 21.094, que busca reformar distintas regulaciones relacionadas con los procesos de huelga y los posibles castigos aplicables para los sindicatos (y para sus agremiados) por acciones concretas que realicen en ellas.

Entre las principales indicaciones, señalaron su disgusto con la reforma que permitiría disolver sindicatos si sus agremiados realizan acciones ilegales o que restrinjan los derechos del resto de la ciudadanía, como bloqueos viales o sabotajes de infraestructura pública o privada.

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Al respecto, los funcionarios judiciales señalaron que disolver sindicatos por la acción de uno de sus miembros sería “antidemocrático”, al tiempo que calificaron la intención como una posible “lesión de la libertad de organización y de los principios constitucionales”.

“Este proyecto pretende ilegalizar un sindicato porque alguno de sus miembros cometan alguna actividad ilícita y eso es como querer que se disuelva una empresa o una corporación porque uno de sus miembros cometa un acto de corrupción, que a fin de cuentas es un acto ilícito y guarda la misma analogía. Esto es antidemocrático y lesiona la libertad de organización”, subrayó Kenneth Álvarez, representante de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud).

Además, el secretario del Sindicato de la Judicatura (Sindejud), Jorge Luis Morales, cuestionó que la disolución estaría supeditada a delitos con “ una gran dificultad de ser acreditados”, lo cual podría hacer de la normativa algo “meramente simbólica, difícil de aplicación en los casos que están planteados en este proyecto”.

Específicamente, estuvieron presentes en el Congreso los representantes de Anejud, Sindejud, de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalistica (ANIC) y del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, quienes expusieron sus ideas y respondieron varias preguntas a los legisladores, quienes tramitan la iniciativa de ley en una comisión especial, a través de un procedimiento abreviado.

El proyecto de ley fue puesto en la corriente legislativa por el diputado Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional, a finales del año 2018; justo después de que varios sindicatos sostuvieron una huelga de varias semanas -los del sector Educación hasta tres meses- contra el proyecto de reforma fiscal entre septiembre y diciembre pasados.

Luego, una amplia mayoría de los diputados votó una moción para tramitar el proyecto propuesto por Benavides a través de una vía rápida, un proceso que inició a principios de este 2019 y que ahora mismo se encuentra en etapa de audiencias con los actores involucrados, como los propios sindicatos y las entidades estatales con implicaciones en la materia.

Las apelaciones

Otro punto que cuestionaron los sindicatos judiciales fue que el proyecto pretenda asignar capacidades de juzgamiento de huelgas a los Tribunales de Apelación o a la Sala segunda, en caso de que los Juzgados de Trabajo se encuentren en paro, algo que provocaría una violación al principio de “segunda instancia” para patronos y trabajadores.

En esa línea, los sindicatos señalaron que si un Juzgado de Apelaciones o una Sala Segunda llevaran el proceso de revisión, después de también haber desarrollado el trabajo en primera instancia, se estaría designando a el caso a las mismas personas, por lo que sería ilógico pensar en una resolución complementaria.

Al respecto, el diputado Benavides, quien preside la comisión especial que tramita el proyecto, cuestionó a los representantes sobre la posibilidad de entonces nombrar como un servicio esencial el trabajo de los Juzgadores de Trabajo; sin embargo, los representantes sindicales señalaron que eso dependería del criterio de los legisladores.

“Además, hay que recordar que existe una competencia por funcionalidad, recordemos que los jueces de la República tienen funciones específicas, un tribunal de Apelación ve apelaciones, no ve cosas de primera instancia; una Sala Segunda ve casaciones, para eso fueron nombrados los magistrados, entonces sería entrar en conflicto por la competencia de funcionalidad o de grado”, apuntó  Jorge Cartín, secretario de Asuntos Laborales del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial.

Según los sindicatos, estas acciones también implicarían nuevas formas de administración de justicia y funciones de los aparatos judiciales, algo que convendría tomar en cuenta porque la Corte Suprema recientemente dijo que el proyecto afectaría la organización del Poder Judicial.

Cuando un proyecto afecta el funcionamiento del Poder Judicial, este requiere entonces de 38 votos (dos terceras partes del Congreso) para ser aprobado y no de 29 (mayoría simple), como dictan los procesos de vía rápida legislativos.

Otros problemas

Además de las complicaciones ya dichas, los representantes sindicales aseguraron que otras medidas propuestas en el proyecto de ley, como la posibilidad de rebajar salarios de forma retroactiva en caso de que las huelgas sean declaradas ilegales, son normas “regresivas” en materia de derecho laboral, por lo que la posición del sector es opuesta.

“Una huelga se supone legal siempre que un tribunal no haya dicho lo contrario. Esto podría catalogarse como una cierta forma de coacción, pues las sanciones deben correr desde el momento en el que se declara un pronunciamiento en firme”, aseguró Cartín.

No obstante, no todo fueron divergencias y los sindicatos aseguraron “no tener ningún problema” con medidas como volver al trabajo 24 horas después de que se declare ilegal el movimiento, así como a la posibilidad de contar con una dirección electrónica actualizada para recibir sus notificaciones judiciales, siempre y cuando se imponga una medida similar para el patrono.

También, señaló Luis Alonso Bonilla, del sindicato de fiscales del Ministerio Público, que cualquier restricción que se tome debería ir de la mano con medidas de “proporcionalidad”, tanto en relación con la necesidad de la norma como  con medidas de reparación en caso de que deban tomarse.

Al finalizar la sesión, los sindicatos reiteraron a los diputados su total disposición de realizar una serie de recomendaciones por escrito, las cuales serán estudiadas y tomadas en cuenta, según comentó el diputado Benavides.

Ya antes, Víctor Morales, jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), había manifestado que era necesario conocer las impresiones de los funcionarios judiciales, pues la legislación vigente ya habla de una “total” prominencia de los asuntos en materia de huelga para los órganos judiciales; sin embargo, los procesos siguen siendo muy lentos.

Realmente si algo nos interesa de este trabajo es ver esto, si ya antes el legislador tomó todas las previsiones de insistir en la importancia de que la persona responsable del juzgado de hacer la calificación se concentrara, se dedicara y tuviera eso como su absoluta prioridad estos casos; lo que pasó es que luego se observan procesos muy largos y lentos, y eso genera la idea de que hay algo que hacer”, subrayó.

Sobre el papel de los sindicatos judiciales en las últimas huelgas, Álvaro Rodríguez, de ANIC, destacó que su presencia ha sido cada vez más ordenada, con excepción del incidente en la morgue en 2017, cuando se suspendió la entrega de cuerpos, pues han podido autorregular servicios esenciales en campos como violencia doméstica, pensiones alimentarias, denuncias de urgencia, recolección de indicios, visitas al lugares de sucesos criminales, entre otros.

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