El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) asistió esta mañana a la Asamblea Legislativa para mostrar su total oposición al proyecto de ley 21.049, la iniciativa que busca reformar la legislación en materia de huelgas para fortalecer los controles, agilizar las declaratorias y disuadir de actividades como los bloqueos.
Así lo expuso la organización esta mañana a los diputados de la comisión especial que tramita la reforma, a la cual se le aplica un procedimiento abreviado de “vía rápida” desde inicios de este 2019.
Lea también: ¿Qué dice la reforma del PLN sobre huelgas y sindicatos?
El sindicato fue representado por la secretaria general Rosmery Gómez, el secretario de Conflictos, Rodrigo Aymerich y el asesor legal Juan Armando Navarro; quienes afirmaron que se trata de una iniciativa “totalmente revanchista” por la huelga de tres meses que sostuvieron las representaciones sindicales el año pasado, contra la reforma fiscal.
En esa línea, Gómez comentó que el proyecto “atenta contra la democracia”, a lo que luego sumó que “restringe el derecho a la huelga y la libertad sindical”.
Gómez también habló sobre las especificidades de la última huelga, que se desarrolló contra una reforma de corte tributario, y defendió los movimientos de este tipo, incluso cuando se realizan contra acciones de tipo político.
“Recordemos que las luchas del movimiento sindical no están mediadas solamente en luchas reivindicativas, sino con el tema del desarrollo y del crecimiento de las instituciones a las que pertenecen estos sindicatos”, acotó.
Esta visión provocó la molestia de la diputada liberacionista, Yorleny León, quien le recordó a los representantes universitarios que “las huelgas políticas no existen en nuestra legislación”.
Los sindicalistas, al contrario de lo propuesto por los diputados en esta iniciativa, afirmaron que más bien deberían fortalecerse las medidas en favor de las huelgas, a las que definieron como el último espacio para la discusión sana que debe tener cualquier democracia.
Ese hecho también lo refutó la diputada verdiblanca, quien subrayó que más allá de las huelgas lo que hay que fortalecer son los procesos de diálogo que puedan impedirlas.
Oposición es total
El Sindeu se opuso en su totalidad a la iniciativa.
De hecho, ante la pregunta del liberacionista Wagner Jiménez, señalaron que incluso se oponen a que los sindicatos puedan ser notificados de los procesos judiciales a través de correos electrónicos.
Al respecto, el asesor legal del sindicato indicó que también es necesario pensar en sectores que no tienen acceso a estas herramientas, como ocurre con la mayoría de los sindicatos agrícolas. “No podríamos aprobar esto hasta que el Estado no pueda garantizar el 100% de la cobertura en Internet”, señaló el funcionario.
El sindicato también se manifestó en favor de los “bloqueos proporcionados”, ante la consulta del independiente Erick Rodríguez Steller, a quien Navarro le indicó que la legislación establece que los bloqueos no son ilegales mientras existan rutas alternas.
Además, la propia secretaria Gómez reiteró al liberacionista Jiménez que la educación no es considerada un servicio esencial, motivo por el que no podría prohibirse la huelga en el campo, como se ha sugerido en otros espacios.
El único diputado que se situó más cerca de la posición del Sindeu fue el frenteamplista José María Villalta, quien afirmó que la iniciativa podría coartar el debido proceso judicial en esta materia. “Tiene disposiciones que primero condenan y luego investigan”, afirmó el congresista.
Un descontento mayor
El secretario de Conflictos del Sindeu, Rodrigo Aymerich, fue más allá de la discusión del proyecto y afirmó a los congresistas que están “deteriorando el estado social de derecho” con sus acciones.
Según el funcionario, esto es así desde las discusiones de proyectos como la reforma fiscal, la cual alteró la paz social, producto de medidas que —según él— “están masificando la pobreza y estableciendo regímenes de salarios más bajos”.
“Aquí se rompieron las reglas del juego y aparece este proyecto de ley que es totalmente revanchista. Es totalmente hecho para que aquí no haya huelgas, como ocurre en el sector privado, cuando se hace un sindicato y los funcionarios son despedidos”
“¿Ese es el modelo que se quiere imponer en el país? No señores, hay costarricenses que vamos a decir no a sus proyectos, cualquiera sea el partido de ustedes que lo proponga”, indicó.
Según Aymerich, la discusión es más grande, pues “el tema es que el artículo 5 de la Constitución garantiza la distribución de la riqueza y lo que se está distribuyendo ahora es pobreza, se está masificando, estableciendo estándares de salarios bajos”
El secretario además concluyó diciendo que el proyecto es “una clara acción política de enojo ante una situación en la que la sociedad costarricense se lanzó a la calle, víctima de acciones de represión y víctima de acciones donde está viendo perder sus condiciones laborales y su estabilidad”.
Esto lo dijo en relación con la última huelga nacional, la cual detuvo servicios como la educación primaria y secundaria por casi tres meses.
Sin embargo, esta visión había sido refutada antes por el liberacionista y proponente del proyecto, Carlos Ricardo Benavides, quien afirmó que fue un intento fallido e irresponsable de “paralizar el proyecto fiscal”, intención que “no llegó a nada después de tres meses”.
