El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, reiteró esta mañana que la institución que dirige no encontró mayores inconvenientes con el proyecto de reforma a las huelgas y que considera que el servicio integral de salud es “obviamente” esencial.
Macaya rindió sus impresiones ante la comisión especial que tramita el expediente 21.094; espacio en el que además aseguró que es necesario dejar las reglas lo más claras posibles en el proceso de calificación de legalidad, pues actualmente estos procesos tardan varios meses incluso en casos de servicios tan preoponderantes como la salud.
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Macaya hizo alusión a la huelga que se efectuó el año pasado contra la reforma fiscal, el hecho que impulsó en gran medida la construcción de este proyecto por parte del diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides.
Sobre esa huelga, Macaya señaló que la declaratoria de ilegalidad se solicitó desde el mismo lunes en que inició el movimiento; sin embargo, los procesos judiciales se alargaron y la declaratoria llegó hasta diciembre.
La huelga en la CCSS, dijo el presidente ejecutivo, se mantuvo por un mes, y cuando la resolución llegó ni siquiera pudo aplicar consecuencias legales, pues los retiros salariales —según dicta la legislación actual— no pueden ser retroactivos, como impulsa la reforma en discusión.
Por eso, el jerarca de la Caja enfatizó en que es “muy importante tener reglas claras”, pues las huelgas en salud no solo afectan la coordinación interna sino que además supone un retrasos y reprogramaciones de citas y cirugías, con implicaciones sociales y legales para la institución.
En esa línea, Macaya señaló que este es el “rostro humano” del problema, y agregó que las consecuencias se pueden judicializar a través de recursos de amparo, algo que ya genera grandes presiones en la entidad sanitaria.
Esos recursos de amparo también los utilizó para reafrimar la posición de que la salud no solo es un servicio esencial sino que la CCSS es vista en el país como la garante de ese servicio, un hecho que se comprueba fallo tras fallo de los magistrados.
“En Costa Rica tenemos un derecho constitucional a la salud y el garante de ese derecho es la CCSS, el que operativiza el derecho, y tan es así que cuando cualquier paciente siente que sus derechos no están siendo respetados en esta materia, la Sala Constitucional lo que hace es fallar a favor del paciente y gira una orden a nuestra institución para atender al paciente, sea por una consulta externa, un procedimiento, una cirugía o lo que busque para mantener su salud”
“El tema de que la CCSS ofrece un servicio esencial es tan obvio porque hablamos de unos 7.000 recursos de amparo en 2018, de los cuales no todos se dan con lugar, pero sí más o menos un 60%”, puntualizó.
Además, Macaya subrayó que en sus fallos la Sala “no hace ninguna consideración sobre la realidad de la operación de la CCSS en ese momento”, por lo que “podríamos estar en media huelga que si se da un recurso con lugar hay que responder sin excusa alguna”.
Consecuencias costosas
Para el presidente de la CCSS, las consecuencias de parones en la Caja son muy costosos social y económicamente para el país.
Solo en la huelga de finales del año pasado, reportó el jerarca, se dejaron de atender 3.706 cirugías y 129.935 consultas externas, las cuales se retrasaron o fueron reprogramadas.
“Eso es una enorme carga de trabajo no realizado que tenemos que tratar de reponer, pero hay un rostro humano detrás de estas cifras y de estas estadísticas, porque la atención oportuna es parte de ese derecho a la salud, no podemos decir que si lo atrasamos no estamos infringiendo ese derecho a la salud y por eso hago el vínculo entre este derecho constitucional, nuestra capacidad de operar y hacer real ese derecho para los ciudadanos”, explicó.
Además, el jerarca comentó que la institución estimó un costo de la huelga de ¢15.000 millones, a lo que habría que sumar el costo social y humano, y la distracción completa por un mes del equipo gerencial.
Ante la huelga, la CCSS tuvo que emplear su fondo de emergencia, dinero con el que pagó insumos y realizó el pago de sustituciones, cuando fue posible hacerlo.
Además, dijo que falta por ver el resultado final de todos los recursos de amparo interpuestos específicamente durante del movimiento huelguístico, una cifra que aún no tienen depurada.
Muchos indispensables
Por último, Macaya también se refirió a la dificultad que supondría dividir sectores de la CCSS entre esenciales y no esenciales.
Según el presidente ejecutivo, es difícil porque en una institución que atiende temas de salud la mayoría de funcionarios puede resultar indispensable, por lo que es difícil trazar una línea.
“Ahí podríamos entrar en el tema de que la Caja es muy diversa y muy compleja, tenemos 56.000 empleados en más de 580 diferentes perfiles profesionales y todo una gama de actividades, pero lo cierto es que hay un enlace en la institución para que pueda operar”, explicó.
En esa línea, ejemplificó con los casos de los informáticos que operan los sistema de expedientes, los transportistas de los insumos y los funcionarios de las lavanderías en los hospitales, los cuales podrían parecer prescindibles pero realmente son fundamentales para evitar catástrofes “menos evidentes”.
La visión de Macaya fue respaldada por el diputado Benavides, quien subrayó que ciertamente los servicios mínimos no son suficientes para “cumplir con las necesidades reales de la gente en el tiempo que se requieren” (como incluso ya ocurre sin huelgas y con el personal en todas sus condiciones).
