El ministro de Seguridad, Michael Soto, recomendó a los diputados aumentar las penas contra las personas que participen en bloqueos en carreteras, así como agregar cláusulas aún más específicas que permitan tipificar el “tortuguismo” como un delito que también sea castigable.
Así lo externó el jerarca ante los diputados de la comisión especial que tramita el proyecto de ley 21.094: la reforma en materia de huelgas y sindicalismo que se tramita desde diciembre pasado, cuando concluyeron las protestas —de casi 90 días— contra la reforma fiscal.
Lea también: ¿Qué dice la reforma del PLN sobre huelgas y sindicatos?
Soto subrayó que esta sería una modificación especialmente importante para evitar mayores inconvenientes, pues los bloqueos se realizan en “puntos estratégicos o modulares” y generan altas tensiones.
Al respecto, recordó lo ocurrido el año pasado en los cuatro puntos más importantes para el abastecimiento de combustible; así como en las inmediaciones de los aeropuertos, de los hospitales, y en las vías más transitadas (centrales y regionales).
“Me parece muy bien lo que ustedes están planteando; sin embargo, yo creo que la sanción en el 263 Bis del Código Penal establece una multa de 10 a 30 días a las personas que dificulten u obstaculicen el paso, y evidentemente ellos (quienes realizan los bloqueos) saben que esta sanción es una sanción incumplible”, señaló jerarca.
“Yo no pretendo criminalizar el derecho a la protesta, pero sí quisiera ver esto en razón del derecho a los demás, de la afectación a la economía del país o a la salud de las personas”, subrayó.
El ministro señaló que este tipo de situaciones generan contextos “tremendamente tensos”, los cuales pueden estallar en cualquier momento, producto de los enfrentamientos entre los huelguistas y los policías, y la frustración de los conductores que no participan en las manifestaciones.
Según Soto, por esto es importante generar mejores regulaciones, pues mejores leyes podrían disuadir este tipo de actividades, que son difíciles de atender si no existen indicaciones claras para penalizarlas.
Esta visión fue cuestionada por el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, quien aseguró que ya el artículo 263 del Código Penal establece penas altas para el “entorpecimiento de los servicios públicos”. No obstante, Soto reiteró que las indicaciones son muy ambiguas e invitó a los diputados a investigar cuántas veces realmente se ha logrado condenar a alguna persona por este tipo de faltas.
Este dato, dijo Benavides, “es preocupante” porque -si bien “los gobiernos siempre intentan tocar este tema con guantes de seda” y las penas se quedan pequeñas- no es descartable llevar notarios y generar las acusaciones.
Esto, dijo Soto, se hizo el año pasado como parte de 50 denuncias.
Una olla de presión
Para el ministro Soto es especialmente importante regular esta materia porque los bloqueos y el “tortuguismo” generan altas tensiones que podrían desembocar en incidentes mayores.
Según el jerarca, las normas actuales no son disuasivas para que los manifestantes corten el paso, sino que dejan gran parte de la resolución de los conflictos en manos de los oficiales de la Fuerza Pública.
En esa línea, Soto señaló que en la última huelga fue común intentar llegara a acuerdos para permitir el paso de ambulancias o vehículos con personas adultas mayores, situaciones que algunas veces ni siquiera podían resolverse.
Para el ministro, es importante disuadir los bloqueos porque se han convertido en acciones articuladas de los sindicatos, a pesar de que técnicamente se encuentran prohibidos.
Al respecto, el diputado independiente, Erick Rodríguez Steller, le consultó al jerarca por qué no se han atendido con mayor fuerza estas manifestaciones, a lo que Soto respondió diciendo que en muchas ocasiones existen provocaciones o chantajes de los huelguistas, como colocar a adultos mayores, mujeres o niños al frente de los bloqueos.
Según el jerarca de Seguridad, los puntos más utilizados para desarrollar bloqueos fueron las rutas 1, 27, 32 y las costaneras (las más transitadas del país civil y comercialmente); así como todas aquellas relacionadas con el transporte de combustibles.
Menos fuerza
El ministro Soto defendió su idea de restringir aún más este tipo de manifestaciones como una forma de evitar mayores confrontaciones, pues el año pasado incluso fue necesario utilizar gases lacrimógenos, a pesar de que el presidente Carlos Alvarado ordenó una atención pacífica de los conflictos.
“No queríamos, pero había momentos donde no había gas para cocinar y combustible para movilizarse”, señaló.
Los gases, enfatizó, se utilizaron para”evitar el choque entre las personas para evitar lesiones y enfrentamientos directos”, en sitios como Caldera, Barranca, Moín y La Garita.
Además, Soto comentó que este tipo de bloqueos suscita provocaciones, las cuales ponen a prueba “la mesura, la tranquilidad y la prudencia” de los oficiales. “Aguantar una escupa , un empujón o una ofensa no es cualquiera”, aseguró.
En las últimas manifestaciones, dijo el ministro, trabajaron más de 1.500 policías, a quienes se destinaron más de ¢860 millones en salarios (¢577 millones), alimentación, combustible, agentes químicos, vajillas plásticas y otros insumos.
Todo esto , dijo el ministro, no sólo buscó prevenir las manifestaciones, sino también la delincuencia común en zonas como Limón, donde las manifestaciones “se concatenaron” con barricadas que incluso provocaron la quema de vehículos y otros incidentes altamente violentos.
