El ministro de Educación Pública, Édgar Mora, afirmó esta mañana que su cartera se opone a la realización de huelgas políticas e indefinidas por parte de sus 85.000 trabajadores regulares y los 3.000 que realizan suplencias.
Así lo manifestó ante los diputados de la comisión especial que tramita el expediente 21.049, una iniciativa que se presentó desde finales del año pasado, con el objetivo de reformar la legislación en materia de huelgas, controles, declaratorias legales y castigos a las agrupaciones sindicales que practiquen actos legales entre sus manifestaciones.
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El jerarca rindió estas declaraciones tomando como referencia la huelga que paralizó el servicio de educación pública entre octubre y diciembre del año anterior, cuando miles de educadores saltaron a las calles para manifestarse contra el proyecto de reforma fiscal.
Al respecto, Mora señaló que el Ministerio de Educación Pública (MEP) no puede estar de acuerdo con las huelgas que se declaran sin límites y para atacar iniciativas de corte político, las cuales no están directamente relacionadas con materias laborales sino con políticas nacionales.
“Esa relación entre huelga política y huelga indefinida, ese vínculo y esa mezcla de esas dos características, atentan absolutamente contra el principio de continuidad del servicio educativo que, como ya dije, el MEP considera esencial, en virtud de que sociológicamente el país así lo define”, afirmó el jerarca ante los congresistas.
Por ese motivo, concluyó que diciendo que su institución está “totalmente opuesta a que haya huelga política indefinida”, una mezcla que genera los perjuicios que aún intenta resolver su cartera por parones como el del año anterior, que incluso suspendieron el cierre del ciclo lectivo.
Estas declaraciones fueron cuestionadas por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien señaló que la huelga política no podría no matizarse, cuando empleadores estatales, como el caso del MEP o el Estado, incluso podrían modificar condiciones laborales vía legislaciones.
Ante esas afirmaciones, el ministro Mora señaló que los sindicatos podrían protestar y no estarían inhibidos a expresar sus malestares, según la legislación; sin embargo, subrayó que se debería regular para siempre garantizar “la continuidad del servicio”. Al respecto, puntualizó que es importante que los diputados normen para ello, aunque dejó las formas en manos de los legisladores.
La visión de Mora fue compartida por algunos congresistas, aunque el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y principal propulsor del proyecto, Carlos Ricardo Benavides, recordó que las huelgas políticas “no están admitidas” dentro del Código de Trabajo; pero sí reconoció que han sido aceptadas en algunos tribunales por interpretaciones de jueces.
“El Código Penal de Costa Rica no admite las huelgas políticas, esa es una invención de algunos juzgadores a partir de una concepción absolutamente contraria al espíritu del legislador cuando se realizó la Reforma Procesal Laboral (…) si lo que la Asamblea Legislativa quiere admitir es la huelga política, que está permitida en algunos países y prohibida en otros, será una decisión que tome esta Asamblea, pero que no ha tomado en ningún caso”, apuntó el verdiblanco.
Eso sí, Benavides sí concordó con mayor fuerza en que un servicio puede convertirse esencial con el tiempo, y que si la huelga se prolonga y los daños incrementan en contra de una población, las huelgas deberían estar entonces limitadas en el tiempo.
Ante todo esto, Mora señaló que existen mejores prácticas en el resto del mundo para atender huelgas que se declaran a sí mismas políticas, las cuales “tienen que ver con no vincular el carácter político con el carácter indefinido”.
“Todo movimiento que atente contra la continuidad de un servicio que sociológicamente es esencial debería de estar inspirado en prácticas que no vayan en detrimento de ese servicios; es decir, todo lo que se contraponga al interés superior de los niños es responsabilidad de quienes trabajamos para ello que se regule adecuadamente”, subrayó Mora.
Los comedores también son “responsabilidad” de los profesores
El jerarca de Educación además provechó para reiterar a varios diputados que la alimentación de los estudiantes también depende, en gran medida, del trabajo de los profesores y administrativos, como supervisores inmediatos.
Así lo dijo a las diputadas Floria Segreda (independiente) y Yorleny León (PLN), y también lo resumió en una respuesta más concreta al congresista y presidente del foro que estudia el proyecto de reforma, el liberacionista Benavides.
A él, Mora le señaló que los docentes tienen “una responsabilidad objetiva” de “cuido y vigilancia”, algo que no se debe descuidar en momentos de huelga.
“Efectivamente, y respondiendo a sus preguntas, si no es esta una responsabilidad de los docentes de quién es, no podemos permitir respuestas como decir que son responsabilidad de las cocineras, del guarda de la escuela o del chofer del bus”, subrayó.
En ese mismo sentido, Mora afirmó que “es parte de las responsabilidades objetivas que vienen con el cargo y, en este sentido, el comedor escolar no es distinto a la escuela”.
“El comedor escolar no es una mera estrategia nutricional, no se presta un servicio distinto al escolar, es consustancial a la capacidad de educarse y educar. La alimentación es eso. La existencia es el primer bien y el segundo es el modo de existir, son consustanciales, un estudiante sin buena alimentación no es un buen estudiante por definición, no sucede un milagro ahí, queda limitado por ello”, concluyó el jerarca.
