Se resuelve el conflicto: educación no será servicio ‘esencial’ en proyecto de huelgas

Benavides indicó que la decisión acerca “muchísimo” las posiciones de las partes involucradas en el proyecto (incluidos los sindicatos). Sin embargo, acepta que faltan detalles importantes por consensuar.

Una discusión de meses se resolvió finalmente. La educación no será contemplada como un servicio ‘esencial’ en la reforma en materia de huelgas impulsada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN).

La decisión llega después de varios conflictos entre sindicatos y diputados por el tema, pues el propio PLN había propuesto calificar la educación como un servicio esencial en otro proyecto.

Benavides confirmó a UNIVERSIDAD la exclusión de la educación esta mañana, horas antes de que el proyecto enfrente una nueva etapa de modificaciones en la comisión especial que lo tramita.

La declaración de servicios como “esenciales” es un tema de gran relevancia para los gremios, en vista de que la legislación establece una prohibiciones explícitas de huelgas para los trabajadores que tienen esas funciones.

Según el jerarca legislativo, la decisión de excluir la educación llegó después de varias semanas de reuniones con sindicatos, entes especializados y agentes políticos, y representó un viraje de pensamiento que “ha acercado muchísimo” las posiciones sobre el proyecto.

Tanto los impulsores del proyecto como los sindicatos habrían llegado a un punto de encuentro, pues los marcos normativos de la OIT establece que solo son servicios esenciales los que impactan directamente en la vida, la salud y la seguridad de las personas.

El nuevo acuerdo, señaló el presidente legislativo, fue realizar un mecanismo especial para la educación, de modo que no sea un servicio esencial, pero sí uno diferenciado.

Algo así había recomendado el ministro de Trabajo, Steven Núñez, quien indicó que la educación “es un servicio esencial si las huelgas son prolongadas”.

Sobre cuál será el procedimiento para las huelgas en educación, Benavides indicó que este es un tema que ya se ha conversado con los sindicatos y que avanzó positivamente, pero subrayó que se integrará luego, “tan pronto como sea posible”.

Benavides se limitó a subrayar que la educación entrará en un nueva categoría de servicios “de orden estratégico para el país”, lo que implicará “algunas regulaciones sobre la regulación y sobre algunos requisitos básicos para que se pueda ejercer el derecho a huelga”.

En las últimas semanas, Benavides dijo haberse reunido con el Gobierno, con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con grupos sindicales como el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), Rerum Novarum, la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Con ellos, dijo haber tenido relaciones muy cordiales, a pesar de que ha reiterado que “la intención es seguir”.

“Ha sido una buena relación en el sentido de que hemos tenido discusiones muy amplias y muy fuertes, en algunos casos, pero siempre respetuosas”, puntualizó.

¿Más cambios?

La reforma en materia de huelgas, que se tramita bajo el expediente 21.049 ya ha recibido varias modificaciones; sin embargo, Benavides afirmó que aún queda tiempo para analizar nuevos cambios que sean pertinentes.

Por ejemplo, entre la noche de este jueves y la mañana de este viernes, los diputados de la comisión especial que tramita el texto votarán algunas mociones y luego dictaminarán una nueva versión. Luego vendrá el momento para que todos los diputados presenten nuevas propuesta de cambios en el Plenario legislativo.

La última versión del proyecto: Nueva versión de reforma a huelgas prohibiría expresamente los paros con fines políticos

Entre las  modificaciones que se realizarán, Benavides indicó que también se ha llegado a nuevos acuerdos en temas como el procedimiento para determinar la legalidad de las huelgas. “Tenemos coincidencias para un procedimiento rápido y más ágil”.

“Es algo que hemos afinado con el concurso también de las representaciones sindicales y estaremos introduciendo esas variantes en el proyecto”, acotó.

Además, el presidente legislativo señaló que “se va a introducir una lista de servicios esenciales y otra de servicios de importancia trascendental”. Esto no está en el texto sustitutivo, pero pretenden introducirlo de una vez.

A pesar de los avances, Benavides sí reconoció que existen puntos más controvertidos en los que aún no hay acuerdos, los cuales -dijo- se seguirán discutiendo, si existe apertura de todas las partes.

“Queda más tiempo, ellos lo saben, yo les he ofrecido y así también mis compañeros de comisión, que después de dictaminado nos sentemos y volvamos a conversar antes de presentar mociones en plenario (en cuestión de semanas)”.

“Hay otros temas de fondo que pretendemos conversar con los representantes sindicales, como el tema de huelgas contra políticas públicas y el de rebajos salariales, que están pendientes, y esto quiere decir que los retomaremos y que volveremos a conversar después de que cerremos las mociones y el dictamen”, puntualizó.

Un proyecto restrictivo

Desde el momento de la presentación del proyecto, las reacciones fueron especialmente negativas de parte de algunos sectores sindicales y políticos, que calificaron la iniciativa como un acto “revanchista”, después de la huelga de más de tres meses que sostuvieron algunos algunos gremios contra la reforma fiscal aprobada en diciembre pasado.

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Los sindicatos han criticado con especial fuerza al proyecto por su tendencia más restrictiva.

De hecho, el texto establece medidas como la posible disolución de sindicatos si sus agremiados realizan actividades ilegales, entra las que se incluyen los bloqueos de carreteras o los sabotajes de infraestructura pública.

Además, el texto señala la posibilidad de realizar rebajos salariales a los empleados si las huelgas son declaradas ilegales y modifica los procesos judiciales para acortar el plazo de esas declaratorias.

Muchos de estos puntos siguen sin acordarse entre las partes; sin embargo, Benavides indicó que “no se tiene la intención de parar”. Por el contrario, la intención es dictaminar el texto esta semana o la próxima, de modo que llegue al Plenario y ahí ver los últimos cambios que puedan hacerse.

“Hubiéramos querido poder haber terminado de ver ese tipo de aspectos con ellos, pero les hemos ofrecido y yo particularmente me he comprometido a dictaminar con la mayor brevedad, y después volvernos a sentar antes de que venza el plazo para presentar mociones vía 137”, afirmó

“El procedimiento finaliza mañana en su etapa de mociones (en comisión), así que hoy vamos a sesionar por la noche, mañana de nuevo por la mañana y allí estaríamos finalizando las mociones, salvo que fueran muchas”, concluyó.

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