La comisión legislativa que tramita el proyecto de ley 21.049 —que busca fortalecer los castigos y las regulaciones en materia de huelgas— aprobó esta noche incluir una lista de servicios “esenciales” en los que estarían prohibidas las huelgas, junto con otra lista de servicios “trascendentales” en los que se podrían realizar este tipo de movimientos, siempre y cuando primero se presente un plan de prestación mínima.
Los servicios esenciales serán aquellos relativos a la salud en todos sus niveles de atención, los servicios de seguridad pública, los controladores aéreos y migratorios, y los servicios de transporte público, ferroviarios, marítimos, de carga , descarga, muelles y atracaderos.
También serían esenciales los servicios de los bomberos y los servicios de rescate; así como los suministros de agua potable y de electricidad, el tratamiento de aguas residuales, los servicios alcantarillados, y los servicios judiciales en materia laboral y forense.
Asimismo, se agregaron dos servicios esenciales que estuvieron en discusión durante varias semanas: los comedores escolares, de cuido y de albergue, y la importación, distribución y suministro de combustibles mientras correspondan a un monopolio, como ocurre actualmente (a través de la Refinadora Costarricense de Petróleo, Recope).
En cuanto a los servicios trascendentales, la lista fue más chica y se centró en campos como la recolección y el tratamiento de residuos, las labores de carga y descarga en muelles y atracaderos, la anotación y el levantamiento de impedimentos de salida del país, y los procesos de preparación de elecciones, de cualquiera que sea su corte.
Junto con ellos, también se evaluaron como trascendentales lo servicios bancarios, los servicios de administración de justicia (en general), los servicios de aduanas y los servicios de atención de pasajeros en puertos, aeropuertos y puestos fronterizas.
En estos servicios, las huelgas solo podrían tardar 10 días, momento a partir del cual “los trabajadores deberán regresa a sus labores”.
Sobre las listas, el presidente del Congreso y diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides (principal propulsor de la iniciativa), indicó que son un avance muy importante, especialmente en materia de servicios esenciales, donde las huelgas siempre han estado prohibidas pero nunca ha existido claridad sobre su definición más concreta.
“Esta lista es importante y la han pedido tanto juzgadores como respresentantes sindicales por mucho tiempo, porque el problema siempre ha sido que el carácter esencial ha estado siempre determinado por interpretación, y no se ha clarificado en la ley”, indicó.
Sobre la segunda de las listas, señaló que se buscó seguir las pautas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que habla sobre la posibilidad de reglamentar “todos aquellos servicios que no tienen la condición de vitalidad esencial, pero que, por su condición estratégica para el desarrollo socioeconómico del país, su paralización implicaría un perjuicio sensible para las condiciones de vida de la población”.
¿Y educación?
En el caso de la educación, los diputados realizaron una calificación aparte, como había adelantado el presidente del Congreso. A este servicio lo definieron como una actividad de “carácter estratégico”.
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Esto, según la nueva redacción del proyecto, implicará que cada centro educativo deba mantener el personal necesario para seguir abierto y en condiciones básicas de aseo y seguridad; así como procurar la presentación de un plan de prestación de servicios básicos de aseo, seguridad y de educación especial, en caso de ser requeridos.
Además, se establece que la huelga en educación “se podrá ejercer hasta por un plazo de 21 días naturales consecutivos o de 10 días naturales discontinuos” y que, “vencidos estos plazos los trabajadores deberán regresar a sus labores”.
En caso de que no exista un acuerdo entre las partes para ese momento, el proyecto ahora plantea que habría que dirimir las controversias a través de un arbitraje.
Sobre este modelo para la educación, la diputada Yorleny León, del PLN, destaco el aporte de los sindicatos de la educación en las mesas de negociación, donde se logró disponer de este mecanismo consensuado el miércoles por la noche.
Esto también lo destacaron la mayoría de diputados de la comisión, incluido el oficialista Enrique Sánchez, quien indicó que es el ejemplo de como las mesas de diálogo pueden tener “resultados concretos”.
No dijo lo mismo el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien dijo haber sido excluido deliberadamente de las negociaciones, aunque reconoció que existían avances en las mociones que recién conocía esa noche.
Tanto en educación como en los servicios trascendentales, se escribió en este nuevo proceso, deberá fijarse un responsable para la coordinación, la supervisión y la fiscalización del cumplimiento de los planes de servicios mínimos, el cual debería ser definido por los trabajadores.
En caso de que los trabajadores no logren presentar un plan y este deba ser tramitado por la vía judicial, el patrono sería el encargado de esa tarea.
“Algunos servicios generan dudas”
El diputado José María Villalta, del FA, uno de los principales opositores al proyecto (al menos en sus versiones iniciales), indicó que observa avances en las redacciones de las mociones, pero detalló algunos puntos en los que sigue inconforme.
Entre ellos, dijo tener dudas sobre la lista de servicios esenciales, en la que observaba algunas anotaciones correctas, pero otras que serían totalmente debatibles.
“Hay algunos servicios que son indiscutibles de acuerdo con la doctrina de la OIT, con respecto a los servicios que tienen que ver con con la salud, la vida y la seguridad de las personas (…) pero hay algunos que generan dudas, porque los criterios internacionales no los califican así, como la importación o el transporte de combustibles”, detalló.
Villalta además criticó que problemas de redacción en algunas de las mociones porque borraban avances anteriores en el texto, hecho que fue aceptado por los proponentes de las modificaciones, quienes prometieron enmendar tan pronto como sea posible los retrocesos a través de cambios en la redacción de las mismas.
Por ejemplo, se habló sobre el establecimiento de los arbitrajes para casos en los que no sea imposible llegar a otro acuerdo, especialmente en servicios esenciales o la educación, que tiene límites explícitos.
Eso sí, también hubo diferencias de fondo en campos más complicados, como quién elegirá a los supervisores de los planes de servicios mínimos en casos en los que no exista acuerdo. Actualmente lo harían los patronos, un hecho que para Villalta indicó que sería problemático en relación con las legislaciones internacionales actuales.
Al respecto, Benavides indicó que es un tema que podrá debatirse más adelante, de cara a la presentación de mociones en el Plenario legislativo.
Villalta también criticó que se continúe con la idea de declarar ilegales sin proceso de calificación en los servicios esenciales, lo que resta la posibilidad de un debido proceso. No obstante, para Benavides, esto debería ser así, pues ya se conoce cuáles servicios son calificados de esta forma y actualmente muchos de ellos realizan huelgas porque “saben que es ilegal, pero se toman todo el tiempo que el juez tarden calificar la huelga”.
Esta noche, los diputados votaron 10 de las 15 mociones que se presentaron en este último tramo de modificaciones en comisión, mientras que las restantes cinco se verían este viernes por la mañana.
Además de estos cambios, el diputado Benavides, quien preside la comisión, indicó que luego vendrá el momento de presentar posibles modificaciones en el Plenario legislativo, para lo que quisiera seguir trabajando en mesas multisectoriales pues aún quedan puntos importantes que consensuar.
Entre ellos, Benavides indicó que temas como las huelgas contra políticas públicas y los rebajos salariales por participar en huelgas ilegales siguen siendo punto de conflicto.
¿Qué más dice actualmente el proyecto?:
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