Personas magistradas aseguran que el proyecto no incide en el funcionamiento y organización del Poder Judicial, por lo que podrá ser aprobado con 29 votos a favor.
Personas magistradas iniciaron este lunes una serie de discusiones para cambiar la forma en la que funciona el centro de capacitación judicial.
Según la Procuraduría, José Manuel Ulate habría influido ante policías municipales de Heredia para dejar en libertad al hermano de una abogada particular, la cual también fue querellada.
Costa Rica acumuló 206.640 contagios y 2.833 decesos por COVID-19 desde el 6 de marzo del 2020.
Poder Ejecutivo había señalado que el error ascendía a ¢1.172 millones, una cifra menor a la presentada por la contralora Marta Acosta, quien, además, rechazó las críticas hacia los informes presentados por la entidad.
Según la investigación, los funcionarios habrían facilitaron el ingreso de los sujetos al lugar y brindado información para llevar a cabo el delito.
En delitos contra la propiedad, los crímenes disminuyeron un 31.7% durante enero y febrero del 2021, frente al mismo periodo del 2020.
Para la Universidad de Costa Rica el texto actual del proyecto mantiene "riesgos a la institucionalidad pública y al Estado Social de Derecho".
Mediante comunicados de prensa, Uccaep, Cacia y la Cámara de Industrias exigieron no hacer excepciones a la ley, al tiempo que señalaron a las universidades como "las entidades que más agravan la situación" y pidieron "aclarar de una vez por todas la interpretación de la autonomía universitaria".
"Reiteramos la solicitud para que se aclare y adicione su oficio en el sentido de si está su Ministerio y el Gobierno de la República pretendiendo suspender el proceso electoral en ciernes", cuestionó el partido en una carta remitida al jerarca.
