El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, afirmó que firmar una norma técnica para regular oficialmente el aborto terapéutico no rompería su acuerdo de gobierno nacional con el presidente Carlos Alvarado.
Las declaraciones las ofreció Piza en exclusiva a UNIVERSIDAD, ayer por la noche al salir de la Comisión especial que tramita el proyecto de Plan Fiscl en la Asamblea Legislativa.
Según Piza, su única condición era que una eventual norma sólo atendiera “enfermedades o situaciones” que pusieran la salud de la madre en peligro, tal como lo establece el artículo 121 del Código Penal.
Al respecto, el acuerdo dice que no se podría “ampliar” la cobertura vía protocolo, algo que el ministro dice haber interpretado como que “se respete la vida del nasciturus, salvo que esté en peligro la vida o la salud de la madre”.
“El acuerdo dice lo que dice, y lo que dice es que no se podrá ampliar. Yo creo que los médicos deben llegar a establecer una norma. La discusión y el tema de fondo no es el aborto terapéutico porque eso es legal, el tema es más bien si se va más allá de eso”, afirmó a este medio.
Además, Piza señaló que la norma la debería presentar el Ministerio de Salud y que ni a él ni al presidente les corresponderá apoyar o no la decisión, pues se trata de un aparato técnico cuya elaboración corresponde a los especialistas en la materia y no al Ejecutivo.
Para Piza, los “desarrollos de qué pasa en este tipo de enfermedades o situaciones” no contarían como una ampliación a lo que dice la legislación vigente, pues “al final esa es una decisión que no es política, sino una decisión del Ministerio de Salud”.
“No es del Poder Ejecutivo en el sentido estricto. Los protocolos son del Ministerio de Salud y de acuerdo con los criterios médicos que ellos determinen; por supuesto, dentro del marco de la legislación”, indicó el jerarca.
“A mí no me toca (apoyarla o no). Le toca a los médicos y yo apoyaría que los médicos tomen la decisión. A mí me parece que la mejor forma sería reunir a los expertos en ese campo y que ellos decidan cuáles son las garantías dentro del marco de la ley que garantizan la vida y la salud de la madre”, puntualizó.
Para el ministro de la Presidencia, la norma simplemente sería comparable con “un protocolo de atención del cáncer, que establece cuándo se da el cáncer, bajo qué condiciones y cuál es el tratamiento apropiado”. Una ampliación para Piza sólo sería cualquier texto que “vaya más allá de lo que dice la ley, que es la vida y la salud de la madre”.
En los últimos meses, el jerarca ha sido intensamente cuestionado por quienes impulsan la norma, pues muchos han interpretado el acuerdo que firmó con el presidente Carlos Alvarado en campaña como una especie de freno para que el mandatario firme la normativa, ya fue elaborada por el Ministerio de Salud durante la anterior administración.
No obstante, las nuevas declaraciones de Piza ahora dejan claro que ese documento, en el que se acordaba “no ampliar en modo alguno lo establecido en el artículo 121 del Código Penal, sea por interpretación, protocolo o reforma”, no sería impedimento para que se firme una regulación.
En manos de Alvarado
La aprobación de la norma técnica en relación con el aborto terapéutico es necesaria para brindar seguridad jurídica a los especialistas en medicina, quienes no tienen un marco regulatorio hasta hoy que norme sus acciones y les dé certeza de ellas a la hora de aplicar el aborto “impune”, que permita salvaguardar la salud integral de la mujer embarazada.
Ahora, este proceso está en manos del presidente Carlos Alvarado, de cuya firma dependería decretar la regulación a partir de un documento cuya elaboración ya adelantó el gobierno pasado.
La administración anterior sólo dejó pendiente la firma presidencial del documento tras detener el avance del texto hacia el final de su cuatrienio, argumentando que “no se daban las condiciones políticas”, en el contexto de las recientes elecciones nacionales en las que Alvarado triunfó por el partido oficialista en segunda ronda.
Desde ese momento, grupos —especialmente feministas—han solicitado que se retome la firma, ante lo que el mandatario ha mostrado una postura mucho más tibia que a inicios de la campaña, cuando dijo que “los políticos ni nadie más” debían determinar si se realiza o no el procedimiento.
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En los últimos meses, Alvarado incluso ha manifestado que el aborto terapéutico es una discusión que “distrae de los temas prioritarios” y que cerrará el proceso de aprobación de la norma hasta “cuando él determine que sea un buen momento”.
Recientemente, Alvarado manifestó en radio Columbia que el acuerdo con Rodolfo Piza, desde su punto de vista, no cerraba las puertas a una aprobación del marco normativo; espacio en el que además dijo que el documento elaborado con su ministro —excandidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de tendencia conservadora— no había sido bien leído ni bien interpretado, pues “tenía toda la intención de hacer cumplir” con la norma.
Así mismo, Alvarado defendió a Piza y dijo que “se le ha querido achacar que la norma no esté, como si fuera un opositor en esa materia, cuando el acuerdo de ambos es que haya una norma”.
No obstante, también reiteró su discurso de que la administración que dirige está apenas “en el minuto seis del primer tiempo y el arte de gobernar también es el arte de gobernar los tiempos”, por lo que no considera que el clima político sea el adecuado para plantar su firma sobre ese documento.
En esa línea, dijo que “Ese tema no le es fácil porque tiene que ver con administrar los tiempos”, algo que externó “con mucha sinceridad y mucha transparencia”, aunque dijo que “le duele”.
Compromiso incumplido
La norma para atender los casos relacionados con el aborto terapéutico es una deuda pendiente del Gobierno tras la lucha de dos mujeres conocidas como Ana y Aurora, quienes demandaron al Estado de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, tras sobrellevar partos inviables por la inexistencia de un protocolo para sus situaciones.
En otras palabras, ambas mujeres tuvieron que llegar hasta el momento de sus partos, a pesar de que sabían que sus hijos nacerían sin vida, una experiencia traumatizante e insegura.
Específicamente, ellas cuestionaron entonces la labor del Estado, que incumplió con lo dispuesto en el artículo 121 del Código Penal, norma que dice textualmente que “no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre”.
Presentadas sus denuncias ante la CIDH, el gobierno de Luis Guillermo Solís se comprometió a avanzar con la guía y aprobarla tan pronto como fuera posible; sin embargo, la solución “amistosa” finalmente no llegó a buen puerto ni fue retomada por el presidente Alvarado, lo que hizo que las demandantes retomaran el proceso legal en julio pasado.
Con su proceso, Ana y Aurora pretenden que la inexistencia de una normativa no sea el portillo para que más mujeres tengan que sufrir experiencias como las suyas, evitando así que las decisiones médicas se se tomen por falta de conocimiento o basadas en razonamientos morales, no técnicos y legales.
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