Luego de dar marcha atrás en la aprobación de una norma técnica que sienta las bases para que el personal de salud de hospitales y centros médicos aplique el aborto terapéutico a mujeres que así lo requieran, el Gobierno argumentó que en este momento “no se dan las condiciones políticas”.
“Reconocemos que el Estado debe asegurar la vida y la salud de más mujeres y debe reglamentar el artículo 121 del Código Penal. Es por esa razón que se desarrolló un proceso de diálogo de buena fe con las afectadas. En este momento, sin embargo, no se dan las condiciones políticas que permitan avanzar en la aprobación de una norma técnica relativa a esta materia”, se lee en el comunicado.
Tras dos años de negociaciones, en donde el mismo presidente Luis Guillermo Solís se comprometió con Ana y Aurora -víctimas de la no aplicación de la ley que regula el aborto terapéutico- en aprobar la norma, el Gobierno se reunió ayer con la representante legal para confirmar la “suspensión indefinida”.
“Ellas tienen toda la disposición de seguir en procesos, siempre y cuando hayan compromisos concretos. Durante esos dos años se prometió que se aprobaría la norma, se fue postergando, hasta que al final les dijeron que no”. comentó Larissa Arroyo, representate de las víctimas.
El tema ahora cae sobre las manos del presidente electo Carlos Alvarado, quien se pronunció en favor de la norma, sin embargo, días después, al sellar un pacto de unidad nacional con el excandidato del PUSC, Rodolfo Piza, se comprometió a no ampliar de ninguna manera, ni por vía de protocolo, esta norma.
Por otro lado, la abogada Arroyo manifestó que la decisión del gobierno de Solís fue comunicada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los órganos que llamaron la atención del país, por no implementar esta norma.
La idea de implementar un protocolo para la aplicación del aborto terapéutico nació ante la negativa y la falta de conocimiento legal por parte del personal médico de los hospitales a la hora de aplicar una técnica que está respaldada por el artículo 121 del código penal.
Por esta situación, las víctimas, Ana y Aurora, se vieron obligadas a realizar el parto, aunque ya se conocía que los respectivos hijos no iban a sobrevivir fuera del útero. “Eran embarazos deseados, pero que desgraciadamente, pero con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Ellas empezaron a solicitar la interrupción, esta es negada de manera recurrente, primero por las autoridades de Salud y luego de justicia. Su salud física y mental se vio afectada hasta el día de hoy”, comentó Arroyo.
