Movimiento feminista exige a Carlos Alvarado la aprobación inmediata de norma de aborto terapéutico

“No permitiremos que usen nuestros derechos como moneda de intercambio en negociaciones políticas”, afirmó el colectivo Mujeres en Acción.

El movimiento feminista Mujeres en Acción emitió un comunicado en donde exige al presidente Carlos Alvarado la aprobación inmediata de la norma técnica para la atención del aborto terapéutico.

La exhortación la realizan luego de la respuesta del mandatario a una consulta de UNIVERSIDAD, en la cual afirmó que la discusión de esta norma distrae la atención sobre temas prioritarios.

“Durante la campaña electoral, Alvarado suscribió cuatro compromisos propuestos por Mujeres en Acción, entre los cuales está el de respetar y hacer cumplir los compromisos nacionales e internacionales que Costa Rica ha suscrito en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres”, reza el comunicado del movimiento.

Mujeres en Acción se solidarizó con Ana y Aurora, dos mujeres a quienes se les negó la posibilidad de un aborto, pese a que los médicos sabían que los respectivos bebés no iban a sobrevivir después del parto. Ambas finalmente denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La organización afirmó que no se permitirá que se usen los derechos de las mujeres como “moneda de intercambio” en negociaciones políticas ni que se utilicen sus cuerpos para fines electorales, según sus voceras, la psicóloga Mercedes Álvarez y la comunicadora Priscila Barredo,

“Las decisiones han quedado sujetas de manera arbitraria al personal de salud, quienes en muchos casos no han informado o han negado el aborto terapéutico a mujeres y niñas, que han debido continuar con embarazos poniendo en riesgo y crisis su vida”, afirmó el colectivo.

5 preguntas y respuestas para entender la controversia

¿Qué pasó?

Durante dos años, Ana y Aurora, respaldadas por la organización Acceder, entablaron comunicaciones con el gobierno de la República. Las mujeres relataron sus experiencias de partos llevados a cabo por médicos que les habían asegurado que sus bebés no iban a sobrevivir. Las afectadas exigen un protocolo para que los médicos no repitan lo que sucedió con ellas. Esta situación llevó al expresidente Luis Guillermo Solís a comprometerse en aprobar la norma que guía el terreno de juego a los médicos para aplicar una ley que ya está regulada en el artículo 121 del Código Penal.

¿Qué dice el artículo 121?

“No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

¿Por qué piden una norma técnica si ya el aborto terapéutico está regulado en la ley?

Los casos de Aurora y Ana determinaron que, pese a la existencia de legislación, existe un temor médico para llevar a cabo este procedimiento, ya sea por razones morales, éticas, religiosas o por falta de información al respecto. La norma técnica pondría en conocimiento a los médicos para tener una guía de cómo actuar apegados a legalidad, sin comprometer la salud de la mujer embarazada.

¿Qué generó la molestia de los movimientos feministas?

Días antes de dejar la silla presidencial, Luis Guillermo Solís anunció que suspendía sus planes de aprobar la norma técnica, ya que no existían las condiciones políticas para hacerlo. Paralelo a esto, el candidato de su partido, Carlos Alvarado, negociaba una agenda común con el socialcristiano Rodolfo Piza, con el fin de frenar la llegada de un gobierno ultraconservador del Partido Restauración Nacional. Entre esas negociaciones se pactó “no ampliar en modo alguno lo establecido en el artículo 121 del Código Penal, sea por interpretación, protocolo o reforma”.

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¿Cuál ha sido la postura de Carlos Alvarado?

Antes de firmar su alianza con Rodolfo Piza, Carlos Alvarado afirmó en su perfil de Facebook estar a favor del aborto terapéutico y que la “valoración médica debe ser presentada con las opciones para que luego ella, con el apoyo de sus allegados o responsables, determine si interrumpe el embarazo o no”.

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Esta postura giró tras el apoyo de Piza, momento desde el que Alvarado se ha visto obligado a mantener el pacto que también incluye acuerdos en materia de seguridad, impuestos, ética, empleo, estabilidad económica, infraestructura, educación, salud, ambiente y vivienda.


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