Texto sustitutivo se avaló este martes en comisión especial

Gobierno logra su primer gran acuerdo con el PLN para aprobar reforma fiscal

Los verdiblancos se sumaron a los diputados del PAC y del PUSC para acoger la propuesta del Gobierno que —con pocos cambios— se conocerá en el Plenario

El Gobierno logró por fin la aprobación de su propuesta de reforma fiscal en la comisión especial que tramita el proyecto, gracias a que, tras intensas negociaciones, recibió el apoyo del Partido Liberación Nacional (PLN).

Los verdiblancos rechazaron otra propuesta hace un mes; sin embargo, tras una ronda de cambios ahora respaldó el Ejecutivo con sus tres votos decisivos en el foro.

El texto necesitaba al menos cinco votos de la comisión para ser acogido, una suma que el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), alineados con la iniciativa, no habrían podido alcanzar sin el apoyo de los tres diputados del PLN.

El plan de ley es un texto sustitutivo de 133 páginas que recoge buena parte de las propuestas que dejó la administración anterior, pero que añadió una gama importante de nuevas iniciativas tanto del Poder Ejecutivo como de los diputados de la comisión especial que tramita el llamado Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La aprobación es el resultado de un mes de intensas negociaciones entre el Ejecutivo y los congresistas, luego de que estos rechazaran el primer intento de texto sustitutivo que envió el Gobierno a mediados de julio pasado, alegando diferencias de fondo y de forma con el texto.

El principal fruto de este mes de negociaciones fue entonces el apoyo del PLN, cuyos legisladores se unieron a los congresistas del PAC y el PUSC. 

Como era previsible, votaron en contra de la iniciativa el frenteamplista José María Villalta y los dos diputados del Partido Restauración Nacional, quienes mantienen diferencias de fondo con la iniciativa, dato conocido y que hacía cada vez más evidente la trascendencia de los votos liberacionistas.

También votó en contra el integracionista Walter Muñoz, quien había dado su voto favorable a la primera propuesta de nueva redacción, pero que esta vez retiró su visto bueno. En aquella ocasión, el congresista alegó que estaba en contra de nuevos impuestos, pero que el texto sería solo una base para las discusiones.

La comisión especial trabajará ahora con base en este texto sustitutivo y, tras conocer las 872 mociones restantes al mismo para cambios menores, el proyecto será llevado al Plenario para su aprobación.

La votación del grupo de legisladores que analiza el texto se desarrolló en el Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa, espacio en el que también estuvieron presentes figuras del Gobierno como el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, y el jefe de su bancada legislativa, Víctor Morales.

Esta vez no se hizo presente el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, quién sí había estado cuando se votó el primer texto sustitutivo. Tampoco  estuvo la presidenta del Congreso y diputada oficialista, Carolina Hidalgo.

Sin embargo, el salón sí estuvo lleno de personas, entre prensa y asesores, e incluso acogió diputados que no eran parte de la comisión.

Para la liberacionista Yorleny León, el voto liberacionista es “un voto de confianza” hacia el Gobierno para que impulse también otras iniciativas que complementen la reforma fiscal, un compromiso que ya había solicitado el socialcristiano Pedro Muñoz en su intervenciones.

No obstante, la oposición fue férrea desde el otro sector político, en el que se esbozaron diferencias de fondo con los gravámenes y su impacto en la población y su consumo básico.

Especialmente se quejó el frenteamplista Villalta, quien afirmó que el proyecto “mete por la cocina” iniciativas que golpean al sector trabajador pero que no es “igualmente rigurosa” con sectores como los “grandes evasores”.

Factor PLN

A lo largo de las negociaciones con el Gobierno, el PLN manifestó intereses en los impactos que podrían tener las medidas en el sector de educación, en pequeñas y medianas empresas y en la actividad agropecuaria, puntos que finalmente se convirtieron en cambios concretos dentro de la primera propuesta de este nuevo Ejecutivo.

Especialmente, destacó la rebaja en las tarifa reducida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para educación privada y de los medicamentos, que pasó del 4% al 2%; así como la inclusión de tarifas “reducidísimas” del 1% para las ventas e importaciones agropecuarias relacionadas con la canasta básica. En en cuanto a electricidad, el tope exento pasó de 250 kws/h a 280 kw/h; mientras que en los alquileres de pequeñas y medianas empresas los montos pasaron de 1 a 1,5 salarios base (¢646.500).

Así mismo, el PLN y el Gobierno también discutieron extensamente una regla antielusión, llamada norma de subcapitalización, una iniciativa que pretendía limitar a un 20% de las utilidades la cantidad de intereses que una empresa podía deducir entre sus gastos, pero que finalmente se redactó de manera que no exista un tope, sino una fiscalización vía control de la Administración Tributaria, por interés de los verdiblancos.

Estos y otros cambios provocaron el beneplácito de los liberacionistas, que ya han anunciado su total disposición de llevar el proyecto fiscal a buen puerto; como también lo ha hecho la bancada oficialista y del PUSC, que sólo le pide al Gobierno que también se tomen medidas para dinamizar la economía.

Los votos del PLN y del PUSC son vitales para la reforma fiscal, pues no sólo logran la mayoría en la comisión fiscal, sino que también suman 36 de las 29 voluntades que requerirá el proyecto cuando llegue al Plenario para ser aprobado.

Junto con este texto sustitutivo, la comisión fiscal deberá conocer otras 872 propuestas de modificaciones al texto, a las que ya se pueden descontar al menos las 62 que propuso el PAC para salvar pequeñas partes del texto sustitutivo en caso de que no fuera aprobado.

De las 873 mociones totales, Liberación Nacional presentó 39 que, según la economista y diputada de la comisión fiscal Silvia Hernández, tienen que ver en su mayoría con propuestas menos complejas que no pudieron conocerse tras el rechazo del primer texto sustitutivo enviado por el Gobierno.

Cambios importantes

De la primera propuesta de texto sustitutivo que realizó el Gobierno, también destacaron otros tres cambios: se desistió de gravar las utilidades de las cooperativas como las de pequeñas y medianas empresas, se estableció una amnistía para deudores de impuestos si pagan lo que deben en los tres meses subsiguientes a la aprobación de la ley, y se estableció un tope de ocho años a las cesantías.

En el caso de las cooperativas, se pretendía gravar con la misma escala que las pequeñas y medianas empresas. No obstante, esa intención se cayó y ahora se aumentaría a un 10% lo que se cobra en la repartición de excedentes a sus asociados.

Por su parte, en cuanto a la amnistía, el Gobierno abrirá la puerta mediante un transitorio del texto para que las empresas que adeudan montos al Estado paguen sus deberes acumulados sin intereses y evitando buena parte de las sanciones, siempre y cuando cancelen lo adeudado en los tres meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley.

Con estos cambios y la base de la primera propuesta del Ejecutivo, liberacionistas y socialcristianos por fin llegaron a un texto consensuado; el cual además sostiene una buena parte de las solicitudes expresas que realizó la ministra de Hacienda a los diputados en julio pasado.

Esta reacción además incluye propuestas que fueron polémicas como la exoneración del IVA para el pago de alquileres de organizaciones religiosas; así como la exención exclusiva para la Asociación Obras del Espíritu Santo.

Aparte de estos cambios, la gran mayoría de las propuestas plasmadas en  la primera propuesta del Ejecutivo se mantienen, incluido el IVA con una tasa general del 13%, las tasas superiores de la renta para los salarios más altos y el cobro de ese mismo gravamen a las ganancias de capital en un 15%.

Lea también: Paso a paso: ¿Qué dice el plan fiscal del Gobierno? (la primera redacción)

Apunta al Plenario

Según el presidente de la comisión fiscal, el oficialista y exministro de Economía, Welmer Ramos, es esperable que la votación de las últimas mociones de fondo termine en un máximo de dos semanas dentro del foro que dirige.

Una vez que ese proceso termine, pasará al Plenario, donde se abrirá el espacio para que los diputados presenten reiteraciones en dos sesiones consecutivas. Es decir, que revivan propuestas viejas para que puedan someterse a discusión una vez más.

Para ese trámite, el Plenario contará con seis sesiones y, de faltar algunas por revisarse, se destinarán las sesiones siguientes, aunque sus votaciones se realizarán sin discusión de fondo.

Finalizado este proceso, iniciará la discusión del proyecto, en la que cada diputado podrá hacer uso de la palabra por un máximo de diez minutos. Finalmente se votará en primer debate.

De cara al segundo debate, el proyecto pasará por consulta constitucional, proceso que podría tardar unos 15 días. Por este motivo, Ramos estima que el proyecto se votaría en segundo debate hasta inicios o mediados de octubre.

Para el oficialista, el panorama es optimista y la redacción actual del proyecto parece suficiente para alcanzar la meta recaudatoria del 1,5% del PIB. “Hacienda tuvo una amplísima negociación con sectores, fracciones, diputados y demás. Se logró un texto mucho más aceptable para todas las partes y eso va a facilitar mucho el trámite”, aseguró.

El proyecto

Las reacciones


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