El Gobierno y el Partido Liberación Nacional (PLN) negocian una nueva redacción para la norma de subcapitalización que el Ejecutivo busca colocar dentro del plan fiscal, con el objetivo de limitar los intereses que las empresas deducen al pagar el impuesto sobre la renta.
La norma fija “una deducibilidad máxima de gastos por intereses netos de un 20%”, una posibilidad que hoy no tiene tope y que permite a los contribuyentes bajar su pago de impuestos a través del reporte de endeudamientos elevados, ya sean voluntarios o ficticios (entre sociedades de un mismo origen), que disminuyen sus ganancias reales reportadas.
Por este motivo, añadir la medida incluso ha sido una de las recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al país, un punto que califica esencial para que Costa Rica mejore la recaudación de su fisco.
La principal diferencia del PLN con la propuesta, según dicen, es el impacto que tendría sobre pequeñas y medianas empresas (pymes); así como la posible aplicación de la norma a empresas que sostienen endeudamientos reales con entidades financieras nacionales e internacionales, reconocidas por organismos como el Banco Nacional o la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Al respecto, la economista y diputada de Liberación en la comisión que tramita el proyecto, Silvia Hernández, afirmó que estas entidades no se prestarían para sobreendeudar a una empresa, por lo que considera necesario hacer una excepción en esos casos y priorizar los límites en operaciones crediticias como las que se producen entre sociedades de una misma casa matriz.
Al respecto, el diputado del PAC que preside la comisión fiscal, Welmer Ramos, señaló que ciertamente la observación de los verdiblancos ha sido “razonable”, y añadió que entonces también sería necesario que las empresas incorporen los intereses que ganan por ahorros en sus declaraciones, como una especie de “empate”.
“No sólo se trata de poner los intereses como gastos todos cuando son de empresas financieras reconocidas, sino que debemos entonces poner la diferencia entre el pago de intereses. Es decir, si hay una persona que tiene ¢10.000 millones en un banco y le pidió al banco otros ¢10.000 millones en endeudamiento, perdónenme, pero ahí lo que hay es una maniobra financiera para hacer back to back (una maniobra financiera para reducir artificialmente la carga de impuestos)”, comentó el congresista.
En esa línea, agregó que “para evitar eso, lo que tendría que ponerse como gastos son la diferencia entre intereses recibidos e intereses pagados”, punto en el que están de acuerdo con los diputados del PLN “en la mayor voluntad, ambos, de llegar a esos detalles”.
La redacción actual de la norma impediría hacer diferenciaciones entre empresas con endeudamientos reales y empresas con endeudamientos ficticios o elevados artificalmente, uno de los motivos por los que el PLN —junto con Restauración Nacional y el Frente Amplio— rechazaron el primer texto sustitutivo a la reforma fiscal presentado por este nuevo Gobierno. En él, el Ejecutivo incluía variedad de modificaciones para atacar la evasión y la elusión fiscal.
Al respecto, Hacienda siempre sostuvo que el grueso del impacto de la norma actualmente discutida recaería sobre un mínimo de las empresas y que sería una herramienta fundamental para evitar filtraciones fiscales; una posición que le obligó a replantear la redacción del texto en las últimas semanas para poder incluir la herramienta de alguna manera.
Acuerdos avanzados
La aprobación de Liberación Nacional a las propuestas que haga el Ejecutivo en su nuevo y último texto de reforma para el plan fiscal será altamente importante para los intereses oficialistas, si contamos que una eventual aprobación requerirá de cinco de los nueve votos en la comisión que tramita el proyecto.
Esa comisión está compuesta por tres diputados del PLN, dos de Restauración Nacional y otros cuatro entre el Partido Acción Ciudadana, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio y el Partido Integración Nacional.
En ese contexto, los tres votos verdiblancos son esenciales para las propuestas del Ejecutivo, especialmente porque restauracionistas y frenteamplistas parecen mucho menos flexibles para variar el criterio con el que ya rechazaron la primera propuesta que recibieron en el primer día de modificaciones.
Según Hernández, en Liberación Nacional sostienen su postura de “continuar con la reforma”, pues “lo único en lo que nos hemos centrado es tratar de hacerla suficiente e integral”. “Nosotros no pretendemos hacer planteamientos que tiren abajo la reforma, nunca, por más atractivo que sea”, apuntó.
Así mismo, indicó que en relación con la norma de subcapitalización, “esa discusión va caminando muy bien”, mientras que, Ramos indicó que “las preocupaciones de Liberación Nacional son válidas”, por lo que buscarán responder dejando “claramente establecido” en la redacción del texto que “no puede ser un endeudamiento simulado, sino un endeudamiento que se explique por el buen funcionamiento de la empresa”.
“Liberación está en el sentido de que redactemos un texto que en los casos particulares, que son varios, no se les aplique la norma como tal porque podría ser un poco grosera”, concluyó, antes de recordar que el segundo y último día para presentar posibles cambios a la reforma fiscal, incluido el texto sustitutivo con la redacción final de este apartado, se abriría este viernes.
Norma defendida
Apenas el viernes anterior, el diputado frenteamplista José María Villalta advirtió sobre una presunta propuesta del PLN para eliminar la norma del proyecto fiscal, ante la que pidió reconsiderar la postura, pues con esa regla se cerrarían portillos para la evasión y, según datos de Hacienda, la deducibilidad es utilizada “casi de forma exclusiva” por grandes empresas del sector inmobiliario y comercio.
Además, Villalta recordó que esta norma se empezó a impulsar desde el Gobierno de José María Figueres Olsen en 1994 en una propuesta de “Ley de Ajuste Tributario”, en la que se planteaba un tope del 50%; algo que fue retomado -con otros matices- en el proyecto de Solidaridad Tributaria en la administración de Laura Chinchilla.
Ante ese tipo de comentarios, La verdiblanca Hernández afirmó que era “un error decir que el PLN está condicionando la aprobación a la norma de subcapitalización” y que, aunque “la subcapitalización es un tema que les interesa, se van generando consensos”.
“En eso se ha centrado la discusión, Hacienda lo está valorando. En la última reunión que tuvimos reconocieron que eso era así, que ciertamente lo que a ellos les interesa es evitar que una empresa casa matriz juegue a prestarle a su misma empresa, sobreendeudándola para hacer una deducción de intereses, eso no lo podríamos tener con entidades financieras”.
“Además, hay otros temas en los que hemos ido generando acuerdos: medicamentos, salud o educación… Estamos interesados en mantener un apoyo a los sectores vulnerables y principalmente a la clase media, que es la que se va a afectar más de esta reforma, junto con jóvenes y empresas que están muy endeudadas”, puntualizó.
Sobre las negociaciones relacionadas con la norma de subcapitalización, Nogui Acosta, viceministro de Hacienda, había manifestado semanas atrás que “harían las valoraciones del caso” y que estarían dispuestos a negociar, como con el restos de la iniciativa.
