La magistrada de la Sala Tercera, Doris Arias Madrigal, anunció que se acogerá a su jubilación a partir de este lunes, luego de que hace 15 días la Corte Plena la suspendiera por haber firmado -junto a otros compañeros -una desestimación que contenía prueba falseada y que benefició a legisladores.
Arias se pensiona cuando faltan solo tres meses para que concluya su nombramiento como alta jueza de la República y 33 años después de iniciar su carrera en el Poder Judicial.
El pasado 16 de julio, la Corte Plena decidió que Arias, junto con sus compañeros de Sala Tercera, Carlos Chinchilla, Jesús Ramírez, Celso Gamboa y la suplente María Elena Gómez, fuesen suspendidos dos meses del cargo por cometer una falta grave, al desestimar una investigación contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, ignorando registros telefónicos que vinculaban a los entonces legisladores con el empresario cementero Juan Carlos Bolaños.
Tras esta sanción, Arias logró que el juez interino del Tribunal Contencioso Administrativo, Alcevith Godínez, suspendiera el castigo a través de una solicitud de medida cautelar que se presentó en la madrugada y que se resolvió en pocas horas. A raíz de esos hechos, la Fiscalía abrió una investigación contra Arias y Godínez por el presunto delito de tráfico de influencias.
Como parte de la pesquisa, la Fiscalía solicitó la apertura del teléfono celular del juez Godínez.
Este lunes, Arias anunció su decisión de jubilarse a través de un comunicado de prensa en el que fue especialmente incisiva contra sus “detractores”. “… no merecen el beneficio de seguir amenazando mi vida, persiguiéndome y señalándome, de seguir humillando a mi familia y de ponerme ante la opinión pública como alguien que no soy”, dijo en ese documento.
Así mismo, subrayó que su ética “no se ha vendido ni se venderá a cambio de intereses particulares” y reiteró: “la voracidad de mis detractores es insaciable, desean el cargo a través de injurias, calumnias y difamaciones, más allá de la dignidad de las personas”.
“Se está formando un terreno fértil para los extremismos y los discursos de odio. El llamado Derecho Penal del Enemigo está instalado en Costa Rica. De esta forma nadie puede ejercer su derecho humano al trabajo, ni a la Judicatura. Por eso se los entrego; pero yo me quedo con lo más sagrado que posee un ser humano: su Dignidad”, concluyó.
Sobre los procesos judiciales abiertos en su contra, dijo confiar “plenamente” en la honestidad de “muchas personas” del Poder Judicial y añadió que recurrirá a todos los derechos que la ley le concede.
También mencionó que ha sufrido “daños irreparables, personales con afectación a la imagen, a la privacidad, al buen nombre, a la seguridad e integridad física”, lo cual motiva su salida, según dijo.
Luego de la sanción que impuso la Corte Plena a los miembros de la Sala Penal por la polémica desestimación, se jubiló Carlos Chinchilla, quien ocupaba el cargo de presidente del Poder Judicial.
En el caso de Celso Gamboa, él ya había sido despedido de la Corte por su relación con el empresario Bolaños.
Actualmente, el castigo aplica para el magistrado Ramírez. Mientras en el caso de la suplente Gómez, no se le nombrará por el tiempo equivalente a la suspensión.
Por esta misma desestimación también se había investigado a la exfiscala general subrogante, Berenice Smith, quien todavía descuenta una suspensión de dos meses.
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