Los diputados de oposición en la Asamblea Legislativa desconfían del Gobierno y plantean recortar su proyecto de eurobonos.
El consenso entre los congresistas ahora mismo sería aprobar un permiso para colocar deuda externa por $1.500 millones, en un plazo de un año; muy lejos de las expectativas del Ejecutivo, que solicitó un permiso para colocar $6.000 millones en los próximos seis años.
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El escenario deja entonces posiciones diametralmente opuestas, que ahora abrirán las puertas a un proceso de negociaciones entre ambas partes.
La intención del Gobierno suplir parte de su deuda interna con deuda externa, movimiento que tendría el objetivo de evitar mayores presiones en las tasas de interés de los mercados locales. Sin embargo, la oposición ahora aprovecha el momento para pedir al Gobierno un mayor compromiso con el gasto público, antes de tirar al mar otro salvavidas que finalmente no sirva de nada.
Esto lo hacen los congresistas a pesar de que los principales representantes del sector bancario y del sector empresarial costarricenses brindaron su apoyo a la intención del Gobierno, tal y como él la planteaba, una postura que tomaron en conjunto hace apenas un par de semanas.
Los diputados aseguran que quieren ver medidas concretas del Gobierno para reducir su gasto antes de hablar de mayores autorizaciones de deuda, algo que esperan ver plasmado en el nuevo proyecto de empleo público y otras acciones contra las instituciones que no se adhieran al plan fiscal recién aprobado.
Eso sí, los diputados sí reconocen que los eurobonos serían positivos.
Los diputados concuerdan en que el proyecto permitiría encontrar mejores opciones de financiamiento para el país, que tendría que endeudarse de todas maneras en los mercados locales (a peores condiciones).
Sin embargo, sus dudas se relacionan más bien con la actitud del Gobierno.
Los diputados afirman que es necesario una ruta más clara del Ejecutivo para reducir sus gastos y poner en marcha las restricciones al sector público, de modo que los eurobonos sirvan para sanear las finanzas públicas y no solo como un parche.
Esta preocupación nace especialmente por la necesidad de cerrar el déficit primario (gastos menos ingresos sin contar el pago de intereses), una brecha que sobrepasa el 2% del PIB y que es la principal explicación del efecto ‘bola de nieve’ que no deja de impulsar la deuda pública (que ya supera el 53% del PIB).
Así lo expuso hace pocos días el congresista Pedro Muñoz. del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien subrayó durante su intervención de ese día en el Plneario legislativo que “habrá consecuencias políticas” si no existen mayores esfuerzos ejecutivos.
Los argumentos
Las posiciones en el Congreso son muy variadas; sin embargo, en su gran mayoría concuerdan sobre la posibilidad de dejar el monto máximo del permiso en $1.500 millones (para un año).
Este monto es el que actualmente pide el Gobierno para el primer año como parte de su plan de $6.000 millones; sin embargo, los congresistas creen que sería más prudente realizar autorizaciones separadas y no una tan grande desde el inicio.
Específicamente, el Gobierno pide $6.000 millones, con topes de $1.500 millones en los primeros dos años y $1.000 millones en los siguientes.
Esta visión es contraria a la del Ministerio de Hacienda y las entidades bancarias, las cuales aseguran que una aprobación conjunta permitiría alcanzar mejores tasas de interés, producto de una mayor confianza del mercado internacional en el proyecto de endeudamiento costarricense.
De cualquier manera, los diputados se inclinan por los $1.500 millones de inicio.
De hecho, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, donde se tramita la iniciativa actualmente, aseguró que “ve factible esa cantidad ya mismo”; aunque “de ahí para arriba es donde empezará la negociación”.
Esa negociación ocurre por la posición de algunos diputados y de fracciones como la del Partido Restauración Nacional (PRN), quienes incluso han manifestado que verían factible dar un permiso de $3.000 millones para dos años, siempre y cuando existan controles de evaluación en su uso.
Así lo señaló el legislador Eduardo Cruickshank, quien aseguró que el segundo tracto debería quedar atado a “una calificación que permita decidir si se da también el segundo”.
Esta visión, eso sí, aún está lejos de concretarse.
Por ejemplo, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, subrayó que la posición de su bancada es apoyar sólo el primer tracto, por $1.500 millones, una idea que aún no piensan variar por ningún motivo.
“Creemos que al país lo que más le conviene es una aprobación de $1.500 millones este año, y hemos seguido escuchando al Ministerio de Hacienda y sus planteamientos, pero nuestra posición en principio es esa y no ha variado, aún no tenemos consideraciones que nos hagan cambiar esa idea”, subrayó.
Similar opinó el vocero del bloque independiente, Jonathan Prendas, quien puntualizó que primero quieren “ver señales de reducción del gasto público, de reactivación de la economía” y que “no es de recibo que digan que la principal carta de reactivación son los eurobonos”.
“Tenemos sumamente claro lo importante que es esta herramienta para oxigenar las finanzas públicas y darle una tranquilidad al tema del endeudamiento, pero también hemos confirmado nuestras reservas. Necesitamos tener lineamientos específicos que vengan a complementar esta herramienta y no podemos firmar un cheque en blanco por $6.000 millones”, concluyó.
Una discusión política
Ante los argumentos diputadiles, los representantes del oficialismo aseguran que la única opción que queda es la negociación política.
Así lo afirmó, por ejemplo, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, este miércoles, cuando aseguró que “ya el asunto no es una discusión técnica”, pues los argumentos para apoyar el programa concreto ya se dieron a los diputados y ahora lo que queda son sus valoraciones en concreto.
“Esto es una discusión política y, en ese entorno político, uno debería llamar la atención de los diputados sobre la importancia de este proyecto no para el gobierno sino para la economía como un todo, pues significa tasas más bajas, más crecimiento económico, más empleo y mejor calidad de vida”, subrayó.
Según Acosta, eso sí, el Gobierno ahora deberá estar anuente a puntos medios, aunque “$1.500 millones es un monto muy pequeño que no nos va a dar la oportunidad de hacer la transformación fiscal que necesitamos”.
Por su parte, el jefe de fracción de la bancada oficialista, Víctor Morales Mora, añadió que siguen convencidos de que el mejor camino es la autorización de $6.000 millones, ante lo que deberán trabajar para “convencer y persuadir“.
“Ahora la cuestión es aquí adentro, y cómo vamos de esos $6.000 millones que nosotros creemos necesarios a ese piso de los $1.500 millones. Tenemos que empezar a movernos y eso es lo que tiene que ocurrir en las próximas semanas”, concluyó.
Ahora mismo, el proyecto de ley es analizado por una subcomisión de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
Esta comisión brindaría un informe en las próximas semanas, según informó su coordinador Roberto Thompson, del PLN, quien además afirmó que la idea es tener un texto sustitutivo que refleje el deseo de los diputados antes de Semana Santa y ya luego empezar su trámite hacia el Plenario.
