El Gobierno necesitará financiarse con una cifra equivalente al 13,3% del PIB este 2019.
Para cumplir sus obligaciones el país debe ahora contraer la cifra más alta de deuda en lo que va de la década. Este número supera el financiamiento promedio que Costa Rica necesitó desde el año 2010. En este contexto, el Gobierno —agobiado por las necesidades de recursos que enfrenta— ya anunció su nuevo reto económico: buscará que el Congreso le apruebe la posibilidad de colocar $6.000 millones “en eurobonos” en cinco etapas durante los próximos seis años.
Si bien es cierto que el Gobierno recientemente celebró la ansiada aprobación del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (popularmente conocido como la reforma fiscal), lo cierto es que sus principales efectos en materia de ingresos apenas empezarán a “sentirse” a mediados de este año y crecerán paulatinamente.
En medio de este panorama es que llegan los “eurobonos”, el mecanismo que permite la colocación de títulos valores en el extranjero a nombre de grandes inversionistas, en condiciones que se caracterizan principalmente por realizarse a través de bancos de inversión y en monedas diferentes a las del destino del préstamo, principalmente en dólares.
La intención del Gobierno es sencilla: quiere contar con fuentes de financiamiento en el extranjero para dejar de presionar el mercado local, donde ya busca los recursos necesarios para cubrir la mayor parte de sus obligaciones, impactando con fuerza a las tasas internas.
Cada vez que el Estado necesita recursos, los busca en su gran mayoría dentro del mercado local a través de fuentes como bancos o fondos de pensiones, lo cual empuja directamente las tasas de interés del país hacia arriba, incluidas las que pagan los créditos más chicos de la banca nacional.
No obstante, aunque el deseo es sencillo de entender, es políticamente difícil de lograr, pues la aprobación de este tipo de mecanismos requiere del apoyo de al menos 38 diputados, una suma muy compleja en medio de una Asamblea Legislativa intensamente fraccionada, en la que el oficialismo tiene apenas diez congresistas y donde las opiniones económicas son, por mucho, variadas.
Además, se suma en contra el escepticismo de algunos sectores empresariales que se financian en monedas externas, especialmente en dólares, pues temen que una mayor entrada de esa divisa podría generar una baja en el precio del dólar.
La justificación
Los eurobonos son un mecanismo crediticio colocado por bancos de inversión, dirigidos a inversionistas de alta capacidad y que, generalmente, se registran en Londres o en Luxemburgo. Es decir, son “préstamos” que el país ofrece a grandes inversionistas de todo el planeta como fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos o particulares de gran capital, que generalmente pueden ofrecer mejores condiciones crediticias que los fondos y los bancos locales en materia de tasas y plazos.
Actualmente, el Gobierno apenas puede acceder a otros tipos de financiamiento externo mínimos con organismos internacionales; sin embargo, el grueso de los recursos los busca en el mercado local, donde cada vez pide más créditos y existen peores condiciones.
Lea también:
- ¿Qué son los eurobonos, por qué el Gobierno los busca y cómo le impactarían a sus bolsillos?
- Bajas calificaciones de la deuda costarricense hacen aún más necesarios los eurobonos, dicen Hacienda y Banco Central
Esas condiciones, por supuesto, responden a la gran acumulación de deuda que acarrea el país como una bola de nieve, así como a la incertidumbre que encuentran los prestamistas de que el Gobierno les pueda terminar pagando todas sus obligaciones.
Por ese motivo, las autoridades del Gobierno y del Banco Central sostienen que los eurobonos serían una herramienta importante, pues no solo les serviría buscar mejores opciones de colocación sino que además alivianaría las condiciones de plazos y de intereses locales.
Una menor cantidad de necesidades internas y menores riesgos de repago son esenciales como “doble efecto”, según el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, quien señala que “la pregunta aquí es qué nos sale más barato”.
“La pregunta aquí es qué nos sale más barato: financiarnos aquí o financiarnos afuera, y la respuesta es afuera, no solo porque las tasas de financiamiento que conseguiríamos afuera serían mejores, sino porque las tasas de financiamiento que resultarían en el mercado doméstico como consecuencia de tener acceso a ese financiamiento externo también serían menores. Es un doble efecto importante el que tenemos aquí, se mejora el perfil inmediato de la deuda y se baja la presión en el mercado doméstico”, subrayó recientemente, en atención a los medios.
El proyecto
La iniciativa que buscará la aprobación de los eurobonos en el Congreso ya fue presentada por el Poder Ejecutivo a los diputados, a través de un proyecto de ley que se tramitará bajo el expediente 21201. El texto se redactó a finales del año pasado y ya pasó a estudio de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde pasará a discusión en las próximas semanas.
Lea también: Un Congreso indeciso tiene la última palabra sobre eurobonos
Específicamente, el proyecto propone un tope de $6.000 millones para un periodo de seis años; con topes más pequeños de hasta $1.500 millones para los primeros dos años y de hasta $1.000 millones para los siguientes cuatro (hasta que se agote el monto permitido o el plazo propuesto). Además, abre la posibilidad de colocar $800 millones en líneas de crédito (en lugar de los eurobonos), en caso de que la oferta que exista para ello sea más atractiva en el momento en que se apruebe la autorización del mecanismo.
La teoría de Hacienda es que el proyecto sería especialmente importante porque el endeudamiento es inevitable y conseguirlo en el extranjero sería menos costoso, no solo para el Gobierno sino para la producción nacional, que se financia en el mercado interno.
En esa línea, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, señaló que “aquí lo que se quiere es dejar un espacio del mercado para crédito al sector privado” (personas y empresas), las cuales necesitan que el Estado deje de intervenir con tanta fuerza para que no crezcan las tasas y haya más disponibilidad de recursos.
Temor por el dólar
Una de las principales preocupaciones de algunos sectores económicos sobre la posible aprobación de eurobonos se relaciona con el tipo de cambio del dólar. Este factor interesa principalmente a las empresas que se financian en esa moneda, pues consideran que una caída en su precio podría terminar trayéndose abajo también el poder adquisitivo de sus negocios.
Al respecto, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, llamó a la calma y aseguró que el país no se estaría “inundando de dólares”, pues la llegada de la divisa estaría dentro de las provisiones del Banco Central.
De hecho, el presidente de esa institución, Rodrigo Cubero, puntualizó que el BCCR tiene todas las herramientas necesarias para controlar el tipo de cambio y que, en caso de una llegada masiva de divisas norteamericanas, incluso podría proceder a incrementar así sus reservas internacionales.
Las reservas son dólares que el Banco Central acumula para venderlas al mercado local cuando escasea la oferta de esa moneda, de modo que el precio no crezca de forma descontrolada; un efecto que se invierte cuando el banco más bien compra la divisa en lugar de venderla.
Según Cubero, las reservas actuales están en buenos niveles, superiores incluso al 12% del PIB; sin embargo, señaló que comprar más reservas podría ser una opción interesante, tomando en cuenta que la entidad ha tenido que inyectar una buena cantidad de dólares al mercado en los últimos meses para evitar alzas por las altísimas necesidades del Estado.
Sobre este tema, Cubero subrayó que “el Banco Central mantendría su función de controlar los movimientos violentos” en el tipo de cambio, algo que también incluye las depreciaciones.
¿Sería más endeudamiento?
Ya sea que el país busque los recursos dentro o fuera del país, tendrá que captar la misma cantidad de dinero para cumplir con sus obligaciones este año: un 13,3% del PIB ineludible.
Por un lado, necesitará un 2,4% del PIB para pagar su déficit financiero primario (gastos menos ingresos sin contar intereses); mientras que, por el otro, deberá conseguir un 4,1% del PIB para pagar los intereses anuales de su deuda y un 6,8% del PIB para pagar amortizaciones.
Si no se aprueba el financiamiento externo, Hacienda estima que pagaría cerca de un 90% de esas obligaciones con recursos provenientes del mercado local, un monto que se reduciría al 66,5%, en caso de que se aprobaran los eurobonos. Lo que cambia no es el monto de la deuda en sí por el mecanismo de deuda externa, sino el lugar desde el que tendrían que salir los recursos y sus condiciones en materia de crédito.
Además de los posibles eurobonos, el Gobierno maneja opciones de financiamiento externo con multilaterales y organismos internacionales; sin embargo, esas posibilidades tienen menor potencial en este momento.
Según la ministra Aguilar, el país además está buscando créditos de apoyo presupuestario con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano y el Banco Centroamericano de Integración Económica; no obstante, también afirma que estos procesos no podrían manejarse con la misma prontitud que el mecanismo propuesto.
Según las estimaciones del Banco Central, la deuda del país apenas empezaría a caer hasta el año 2023 como producto de medidas tomadas por el Estado. Hasta entonces, el país deberá seguir enfrentando sus más altos niveles de endeudamiento.
