Bancos, INS y cámaras empresariales piden aprobación de eurobonos

En un movimiento conjunto, las principales entidades financieras no gubernamentales del país pidieron a los diputados aprobar el mecanismo de financiamiento externo, de modo que se puedan evitar mayores presiones en las tasas internas.

Los bancos de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (Uccaep) externaron hoy, todos al mismo tiempo, su total apoyo al proyecto de financiamiento externo que impulsa el Gobierno en la Asamblea Legislativa: conocido como los “eurobonos”.

La ABC y la Uccaep realizaron comunicados con sus posiciones; mientras que los bancos estatales y el INS incluso organizaron una conferencia de prensa conjunta para realizar el anuncio.

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Todo compartieron su interés en el proyecto, como una forma de disminuir el estrujamiento que genera la actividad del Gobierno, que actualmente busca una gran cantidad de recursos en el mercado local.

El financiamiento interno, dijeron, empuja las tasas al alza, lo que podría perjudicar sus operaciones en materia de crédito y de liquidez.

En el caso de los bancos estatales y del INS, estos afirmaron que sin la aprobación de los eurobonos, el Estado tendría que buscar todos los recursos en entidades nacionales (como los bancos nacionales o los fondos de pensiones), lo cual podría redundar en un incremento de hasta en 2,35 puntos en las tasas de interés internas del país.

Este posible aumento sería capaz de “desestimular la inversión privada, y a la vez, aumentar el costo del crédito para las familias y personas trabajadoras, con impacto directo en sus presupuestos”.

El Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el Instituto Nacional de Seguros,…

Posted by Banco Nacional on Monday, March 18, 2019

Desde el punto de vista empresarial, la Uccaep señaló que además, si el Gobierno no pudiera acudir a los mercados internacionales y tuviera que centrarse sólo en los nacionales, esto restaría recursos para el sector privado, más allá del reconocido crecimiento de las tasas de interés en materia de crédito.

Según los empresarios, la aprobación más bien permitiría “liberar una parte del ahorro nacional y que los bancos puedan incrementar el crédito al sector privado, un tema que es fundamental para la reactivación económica”.

Uccaep además pidió medidas alternativas como una reestructuración del aparato estatal, el cumplimiento de la regla fiscal aprobada recientemente como parte de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y mayores incentivos para la economía; sin embargo, la entidad fue enfática sobre la importancia de aprobar el financiamiento externo.

De la mano del Gobierno

La petición de todos estos actores se alinea perfectamente con las intenciones del Ministerio de Hacienda, que pidió autorización al Congreso para colocar $6.000 millones de deuda en el mercado internacional durante los próximos seis años.

La idea del Ejecutivo es colocar un máximo de $1.500 millones en los dos primeros años y hasta $1.000 millones en los siguientes (hasta que se agote el tope permitido o el plazo pactado).

Esta operación fue especialmente respaldada por los bancos y por los sectores empresariales, quienes afirmaron que se trata de un movimiento lógico para generar confianza en los mercados internacionales que verían el proceso como una emisión estable (por varios años) con el objetivo de sanear las finanzas nacionales.

Además, el proyecto de eurobonos tendría un complemento de $800 millones para líneas de crédito con organismos internacionales, en caso de que la oferta del mercado de eurobonos no fuera la más atractiva en su momento.

Al respecto, la Uccaep señaló que no vería mayores inconvenientes, aunque sí recomendó unir esos $800 millones como parte de los topes anuales pactados, para garantizar que no se utilicen para crear más deudas sino para sustituir viejos créditos obtenidos en el país.

Sin embargo, los bancos estatales subrayaron que las líneas de crédito representarían “un salvataje imprescindible para evitar perturbaciones en el mercado cambiario”, pues garantizaría los ingresos necesarios de esa divisa para el país.

La intención del Gobierno con todos estos movimientos es sustituir parte de su deuda interna con deuda externa, de modo que —al existir mayores fuentes de financiamiento— las tasas decaigan.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ha recordado en distintas ocasiones que cuando se realizó la última emisión de eurobonos, en el gobierno de Laura Chinchilla, las tasas de interés dnacionales cayeron en unos 4 puntos, aproximadamente.

Otros efectos

El análisis de los bancos estatales y del INS, además, fue más allá de las tasas, y contempló otros factores de su interés para impulsar la aprobación del financiamiento internacional.

Entre ellos, destacó que si no se aprobara esta iniciativa los bancos tendrían unos ¢148.000 millones menos para la colocación de créditos, solo en el 2019, lo cual podría derivar en una mayor contracción del consumo y de las inversiones y, por lo tanto, en un aumento en los índices de pobreza y de desempleo.

Además, las entidades señalaron que un rechazo de este texto podría elevar el precio del dólar, no solo porque el Gobierno acapararía una buena parte de esa moneda sino también porque la población podría tender a dolarizar sus ahorros.

También aceptaron que existen preocupaciones por la liquidez nacional, pues si el Estado adquiere más recursos locales para pagar su deuda, habría menos espacio para inversiones en créditos regulares (un aproximado de 1.820 créditos menos para microempresarios).

Por último, los bancos también afirmaron que si subieran las tasas —como estaría previsto sin este mecanismo— la cartera crediticia de los bancos podría deteriorarse de forma importante, sumando incluso unos ¢259.000 millones más de créditos con atrasos mayores a 90 días, y unos 8.500 créditos en situación completa de impago.

Por parte del INS, el pronóstico fue igual de desolador. Según sus previsiones, un contexto de menor actividad económica plantearía “una reducción en el primaje” y una menor “retribución social” al Gobierno y al país.


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