El Gobierno pide desde este mes a los diputados de la Asamblea Legislativa la autorización para emitir $6.000 millones en eurobonos. Esta es una forma de endeudamiento externo que requiere la aprobación de al menos 38 diputados en el Congreso, un aval que ya busca la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
Apenas este martes, la jerarca acudió al Congreso para verse las caras con los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, donde le explicó a los congresistas que no se trata de un sobreendeudamiento sino de una colocación en el extranjero que —de no encontrar eco en la Asamblea— igual tendría que buscarse en el mercado interno pero en peores condiciones crediticias.
En total, son $6.000 millones que podrían emitirse en un plazo de seis años con topes de $1.500 millones para los primeros dos años y de $1.000 millones para los siguientes cuatro.
“No aprobar esto no quiere decir que no nos vayamos a endeudar porque las necesidades existen y hay que atenderlas, lo que estamos haciendo es intentando financiar esto de una manera más óptima, más ordenada y más balanceada”, señaló la ministra a los legisladores.
Pero, ¿qué son los eurobonos y por qué deberían importarle? Le explicamos
Los eurobonos realmente son una forma de financiamiento en el extranjero al que pueden acceder los gobiernos como el de Costa Rica. Además, se caracterizan por manejarse libres de impuestos, al portador y en divisas diferentes a las de los países de origen.
En el caso de Costa Rica, los eurobonos son “bonos de deuda pública que se venden en plazas internacionales como Londres o Nueva York, principalmente en dólares”, detalló el economista de la Universidad Nacional (UNA) y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez.
¿Por qué el Gobierno quiere endeudarse a pesar de la reciente aprobación de la reforma fiscal?
A pesar de que recientemente se aprobó la reforma fiscal, la situación de las finanzas públicas del país sigue siendo vulnerable. El Gobierno requiere de endeudarse todos los días para seguir pagando sus obligaciones, pues los ingresos siguen siendo pocos para afrontar las inversiones y la misma deuda pública adquirida con anterioridad, con algunos vencimientos prontos a cumplirse.
Además, la reforma fiscal empezará a dar sus primeros grandes resultados hasta mediados del próximo año y su efecto será paulatino.
Por ese motivo, el gobierno tiene que acudir a préstamos, pues —incluso si lograra cerrar la diferencia entre gastos e ingresos con la reforma fiscal y otros esfuerzos paralelos— el pago de la deuda pública ya adquirida le obligaría a seguir buscando dineros que no tiene.
Según Rodríguez, esta es “una deuda vieja, colocada en años anteriores, que se vence y que necesita de los préstamos de otra gente (en el mercado local e internacional) para poder ser honrada”.
¿Por qué buscar los préstamos afuera y no en el país?
Según la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, las tasas de los inversionistas nacionales que prestan al Estado ya son muy altas —“obscenas”, dijo en su momento—. Por ese motivo, señaló, seguir pujando en el mercado local ya no es tan atractivo, pues eso sólo conseguiría presionar aún más las tasas internas, que es una opción mucho más costosa al Estado.
El Gobierno, además, ya suma una deuda superior al 50% del PIB (límite sostenible para países en desarrollo), de la cual alrededor de un 84% está colocada en el mercado interno, una cifra bastante alta en comparación a los demás países de la región, según indicó la jerarca.
En esa línea, el exviceministro Rodríguez señala que acudir a los mercados internacionales entonces parece la mejor opción, pues “últimamente se ha pedido mucho dinero prestado a lo interno y eso es como pedirle plata a la familia, donde uno va de miembro en miembro hasta que llega un punto en el que ya nadie más le puede prestar”.
“Al gobierno le pasa igual, va a buscar en diferentes lugares, con diferentes personas físicas y jurídicas, pero ya no encuentra quién le preste, está llegando a un límite y entonces busca en los mercados internacionales”, describió.
Según la ministra Aguilar, buscar esos bonos es vital entonces para “reducir los riesgos de refinanciamiento y de liquidez”, pues en los últimos meses el Gobierno está encontrando problemas para hallar recursos a tiempo en el mercado interno, como ocurre actualmente con el pago tardío de los aguinaldos.
¿Quiénes pueden comprar la deuda de Costa Rica?
Una vez que los gobiernos como el de Costa Rica logran ofrecen sus bonos de deuda pública en el extranjero, estos pueden ser adquiridos por distintas entidades. Entre ellas, grandes fondos de inversión, fondos de pensiones, bancos de inversión o inversionistas particulares.
Según la jerarca de Hacienda, hablamos de más de 500 potenciales inversionistas, un mercado en el que Costa Rica ha perdido presencia pero en el que podría adquirir recursos frescos con menores esfuerzos.
¿Qué beneficios tienen los bonos para el país?
Como las opciones para acudir al mercado nacional son cada vez más escasas —al menos en condiciones atractivas—, el Gobierno gana la posibilidad de encontrar mejores ofertas en el extranjero.
En otras palabras, el Gobierno encuentra mejores tasas de intereses y plazos de pago más atractivos, como pasa —por ejemplo— cuando una persona busca refinanciar su deuda en otro banco.
Sobre esta mejora, la ministra Aguilar señaló que sólo el cambio de deuda interna a deuda externa podría significar una reducción del 1,15% del PIB anual en el portafolio de la deuda del Gobierno, por lo que “no tendría sentido que sigamos presionando nuestra deuda de esa manera”.
Vale destacar, además, que los montos máximos de los bonos para los años 2019 y 2020 serían de $1.500 millones cada uno, cifras que buscarían evitar riesgos por el tipo de cambio —manejando también una buena parte de la deuda en colones—, pues el Estado requeriría de hasta $8.400 millones y $7.700 millones en esos años.
¿Podría el Gobierno malgastar ese dinero?
Los recursos de financiamiento internacional que podría recibir Costa Rica del extranjero entrarían a la caja chica del Estado, por lo que sería imposible determinar el destino específico de cada dólar que ingrese.
No obstante, la ministra Rocío Aguilar sostiene que sólo la recientemente aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (plan fiscal), ya le impone medidas de contención al Gobierno de las que no puede escapar, como es el caso de la regla fiscal y la posibilidad de racionalizar los montos que debe girar el Estado por ley a algunas instituciones.
Además, la ministra sostiene que los diputados podrán ejercer su total control político, pues serán los encargados de aprobar o rechazar los presupuestos, donde podrán constatar que no se realicen despilfarros.
¿Cómo le afectaría la aprobación de eurobonos a su bolsillo?
Cuando el Gobierno encuentra mejores condiciones crediticias y recibe préstamos en dólares tienden a mejorar dos condiciones. Por un lado, las tasas de interés internas sufren menos, mientras que por otro, el precio de las divisas extranjeras adquiridas decae o se estabiliza.
Al respecto, Fernando Rodríguez describe que en materia de las tasas existe entonces una implicación “evidentemente positiva”, pues “se le resta presión a las tasas locales y eso podría ayudar a que las tasas de interés se mantengan estables o inclusive bajen”, lo cual “es una noticia muy positiva para todos los que tenemos alguna deuda o algún crédito pendiente”.
En materia divisas, si Costa Rica obtiene más dólares, el efecto “depende del ojo que lo mire”. Según el economista, “al ingresar una cantidad importante de dólares, esto podría ayudar a mantener estable el tipo de cambio y eso va a ser muy bueno para los que tienen deudas en dólares o para los que compran en el exterior y venden en el país; pero puede ser negativo para los que ganan en dólares o para los que venden en el exterior”.
Ya ocurrió antes
Por último, vale la pena mencionar que la emisión de este tipo de bonos ya se ha realizado antes en el país. De hecho, apenas entre 2012 y 2015 se colocaron $4.000 millones en eurobonos a un ritmo de $1.000 millones por año. Aquel movimiento inició en el gobierno de Laura Chinchilla y concluyó en la adminsitración de Luis Guillermo Solís.
