Horizonte Positivo y la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), los influyentes grupos empresariales cercanos a Casa Presidencial, perdieron su representación en el Consejo Consultivo Económico y Social (CCES), reinstaurado el pasado miércoles.
Como dio cuenta UNIVERSIDAD en agosto de este año, el CCES fue creado el 2 de mayo del 2018 vía Decreto Ejecutivo 41097, firmado por Luis Guillermo Solís días antes de entregar la presidencia. Posteriormente se le sumaron integrantes mediante el Decreto Ejecutivo 41439, firmado por Carlos Alvarado el 31 de enero del 2019. En ambos se otorgaban asientos a Horizonte Positivo y AED.
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La nueva conformación no señala a ninguna de las dos organizaciones, como si se hacía en el anterior decreto. En esta oportunidad, para el sector empresarial el Poder Ejecutivo cedió nueve representaciones nombradas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Eso sí, tanto AED como Horizonte Positivo cuentan con exmiembros en Casa Presidencial, quienes tienen la posibilidad de ser parte del CCES.
Se trata de Silvia Lara, actual viceministra de la Presidencia, cartera que tiene un espacio designado en el Consejo, y quien fungió como vicepresidenta de la Junta Directiva y directora del Fondo de Impacto Colectivo de la Alianza Empresarial para el Desarrollo.
Además, el actual ministro de Enlace con el Sector Privado, André Garnier, fue presidente de Horizonte Positivo del 2013 al 2018 y su hijo, Philippe Garnier, se mantiene como parte de la junta directiva del grupo de empresarios, así como de AED.
Relación de Horizonte Positivo y AED con Ejecutivo
Durante este 2020, UNIVERSIDAD dio cuenta de las distintas relaciones que mantienen ambos grupos empresariales con Gobierno, así como su influencia en Casa Presidencial.
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UNIVERSIDAD investigó redes de empresas y empresarios conectadas al ministro André Garnier y, desde allí, al resto del Poder Ejecutivo e instituciones.
Por ejemplo, desde Horizonte Positivo empezó a salir a luz pública en el 2014, cuando firmaron el primer convenio con el entonces presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, Carlos Alvarado, para la creación de una herramienta con el objetivo de medir la pobreza de forma multidimensional en el país y una plataforma llamada Tablero de Gerencia Social.
Además, esta agrupación estableció en mayo pasado una alianza con Casa Presidencial para la reducción de trámites, mediante un proyecto denominado ‘Costa Rica fluye’, declarado de interés público.
El programa involucra a 15 profesionales contratados por la asociación para que identifiquen mejoras en los trámites para hacer negocios y recomienden reformas en 25 instituciones públicas, junto a personal del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).
Por su parte, una décima parte de las 118 empresas que conforman AED provienen del sector público, entre ellas Grupo ICE y sus subsidiarias, el Instituto Nacional de Seguros y sus subsidiarias, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular (es decir, los tres bancos públicos).
Esta agrupación también cuenta con declaratoria de utilidad pública desde el 2012, firmada por la entonces presidenta Laura Chinchilla, en virtud de que “solventan una necesidad social de primer orden”. Con este legitimación presidencial, AED está exenta de pagar impuesto de renta y debe invertir todas sus ganancias en fines públicos o de beneficencia.
Sobre el CCES
El Consejo Consultivo Económico y Social fu establecida como “una instancia consultiva del Poder Ejecutivo sobre acciones, programas y políticas públicas, en el marco de sus competencias”, según Casa Presidencial.
En este espacio se pretende incentivar el diálogo y la generación de consensos sobre aquellos asuntos que le sean sometidos a conocimiento por Casa Presidencial a través del Ministerio de la Presidencia.
“Sus pronunciamientos deberán adoptarse por la vía de un acuerdo de mayoría calificada de al menos dos terceras partes de los miembros del Consejo Pleno. Se deberán consignar las decisiones de consenso mayoritario, así como las posiciones de minoría indicando, en este caso, quienes se oponen al criterio mayoritario mediante el respectivo voto salvado”, indicó el Ejecutivo.
El CCES estará conformado por cuatro representantes de Gobierno, nueve del sector privado, nueve del sector laboral-sindical, dos del sector agropecuario, siete representantes de poblaciones, seis del sector de la economía solidaria, cinco de organizaciones de la sociedad civil, cuatro del sector de desarrollo territorial, cinco del sector de la academia y de la población estudiantil, y tres de organizaciones de mujeres.
