Mediante decretos emitidos en el 2018 y 2019 los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado crearon el Consejo Consultivo Económico y Social (CCES), que integra a la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y a la Asociación Horizonte Positivo como interlocutores legítimos en la discusión sobre política socioeconómica.
Este Consejo es un órgano asesor del Poder Ejecutivo que tiene por objetivo servir de “espacio de diálogo permanente y de generación de acuerdos entre el Poder Ejecutivo, la sociedad civil, los trabajadores y los empresarios”.
En él participarían representantes de gobierno, sectores productivos, organizaciones sindicales, cooperativistas, solidaristas, de consumidores y otras organizaciones sociales. Además de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), que ha representado tradicionalmente al sector empresarial, se otorgó representación a las asociaciones Horizonte Positivo y AED, cercanas al gobierno actual.
En días pasados el Consejo de Promoción de la Competitividad envió una carta al presidente Alvarado pidiéndole que convocara “el Consejo Consultivo Económico y Social de Costa Rica (…) para abrir esta mesa del diálogo y acuerdo nacional, en donde converjan y aporten aquellos sectores dispuestos a contribuir en este proceso de recuperación nacional”.
Un diálogo que no inició
El CCES fue creado el 2 de mayo del 2018 vía Decreto Ejecutivo 41097, firmado por Luis Guillermo Solís días antes de entregar la presidencia. Posteriormente se le sumaron integrantes mediante el Decreto Ejecutivo 41439, firmado por Carlos Alvarado el 31 de enero del 2019. En ambos se otorgaban asientos a Uccaep, Horizonte Positivo y AED.
En los meses siguientes se pidió a las distintas organizaciones designar o postular candidatos para representarles en este espacio, pero nunca se puso en funcionamiento.
Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, indicó que le parece “sorprendente” que “hace dos años, cuando nadie sabía que Horizonte Positivo siquiera existía, el gobierno ya la estuviera legitimando”. Esta asociación, junto con AED, dijo la sindicalista, representa “la élite de las élites empresariales, que está sumamente vinculada a este gobierno, tanto que se creó un ministro sin ministerio para poner a André Garnier y poder vincular a ese sector”.
Mientras el país urge un espacio de diálogo social para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus, dijo Rodríguez, el Gobierno ni siquiera llegó a poner en funcionamiento la propuesta.
Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), comentó que la iniciativa es una que viene desde gobiernos anteriores, que Zapote aprovechó para afianzar vínculos pero que nunca se instauró realmente.
“Con esa alineación de ese consejo uno podría preguntarse si se rompió el monopolio de la representación empresarial que tenía la Uccaep”, dijo, y añadió que considera que esto evidencia “la lucha que hay porque prevalezcan unos intereses sobre otros, especialmente en el tema de venta de activos”. Además mencionó la pugna por “neutralizar cambios tributarios o iniciativas de gravar grandes capitales”, pues estas podrían contar con el apoyo de un sector del empresariado, pequeño y mediano.
La Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria (Canaess), por su parte, rescató el valor del Consejo Consultivo Económico y Social. A través de su encargado de comunicación, Canaess lamentó que la entidad no se haya puesto en operación y que “la Presidencia de la República mantenga cercanía constante solo con unos cuantos sectores de la economía”.
Lenín Hernández, del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), comentó que con la propuesta decretada por el ejecutivo no solo los representantes de las personas trabajadoras estaban en desventaja, sino que preocupaba que se proponían reuniones semestrales, lo que no se adapta a las necesidades de la actualidad.
El diálogo sigue pendiente
El pasado sábado 8 de agosto la vicepresidenta de la República, Epsy Campbell, participó en la conferencia de prensa de mediodía para anunciar la estrategia de diálogo social “Costa Rica escucha propone y dialoga”. Mientras tanto, el presidente Carlos Alvarado descansaba con su familia en un lujoso hotel de playa, propiedad de la familia de su ministro de enlace con el sector privado, André Garnier.
“Es evidente que el presidente no tiene interés en los problemas de este país ni le importa esta ciudadanía que está pasando grandes necesidades en esta pandemia”, dijo Martha Rodríguez. “Mientras el país está en crisis y reclama ser escuchado, el día que anuncian eso que ni siquiera llega a ser diálogo, él se va en helicóptero para la playa a un hotel de lujo”, comentó.
La estrategia, dijo la líder sindical, no es un proceso de diálogo sino una “ocurrencia para aparentar que están escuchando a la ciudadanía, pero no es más que un buzón de sugerencias con temas ya definidos”, comentó.
Albino Vargas comentó que lo sucedido el fin de semana demuestra que “la importancia política del diálogo para el presidente de la República está en el último escalafón de sus prioridades. Él no cree en el diálogo social, a él le parece una majadería”.
Vargas coincidió en que la estrategia anunciada no cumple con las características de diálogo social, tal y como ha sido definido por las recomendaciones de la OIT: “Eso podrá ser muchas cosas pero no es diálogo social, es la apertura de un buzón digital de sugerencias”, indicó.
Canaess por su parte afirmó que ya “es tiempo de que el presidente y su equipo económico comprenda que la dinámica social, económica y política de este país no se comprende escuchando solo a los grandes empresarios, sino que se logra involucrando a todos los actores que conforman el sector económico y son parte del gran parque empresarial y productivo costarricense. Llegó la hora, de gobernar para todos señor Presidente”.
La llamada urgente
Con el fin de conocer las razones de la conformación del CCES, su no implementación y los detalles del proceso de diálogo social que anunció en días pasados el Gobierno, se intentó contactar a Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia.
Prensa de Casa Presidencial indicó que la Viceministra de esa cartera, Silvia Lara, es quien lidera el proceso de diálogo social y ofreció una entrevista. Además de su cargo gubernamental, Lara figura como representante legal de la AED.
Este martes a las 2:54 p.m. la viceministra se puso en contacto y se le consultó si se había considerado realizar el proceso de diálogo social mediante la activación del CCSE.
Lara preguntó si este Semanario tenía conocimiento del decreto ejecutivo que crea el consejo y al indicarle que sí, respondió: “Este proceso tiene un carácter diferente, porque de acuerdo con el decreto ejecutivo que crea el Consejo Consultivo, ese Consejo tiene una naturaleza y unas funciones que no se corresponden en este momento…”
En ese momento, tras dos minutos al teléfono, la viceministra dijo que le estaba entrando una llamada que debía contestar “con urgencia”, pero que volvería a ponerse en contacto.
Horas después y a pesar de insistir con la directora de su despacho la viceministra no se puso en contacto con la redacción y, en cambio, pidió a la dirección de este medio conversar previo a la entrevista con la periodista firmante. Esa conversación no se dio.
Pie de foto: Silvia Lara es viceministra de la Presidencia y aún aparece como representante legal de AED. (Foto: Archivo).
