País Pueblos originarios

Familia de Sergio Rojas acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante archivo del caso de homicidio

La oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica considera urgente que se activen los mecanismos legales necesarios para que se retomen las investigaciones del caso con la mayor prontitud.

La familia del líder indígena Sergio Rojas Ortiz acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia por el homicidio de Rojas, después de que las autoridades costarricenses anunciaran el sobreseimiento -archivo- definitivo del caso.

Así lo confirmó a UNIVERSIDAD el abogado de la familia, Óscar Retana, quien indicó que la familia decidió eso, ya que Rojas estaba protegido con medidas cautelares cuando se dio el homicidio.

Tanto el Sistema de Naciones Unidas, como diversas organizaciones sociales e indígenas manifestaron su repudio total a la decisión del Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur, que ordenó archivar el caso judicial que investigaba el asesinato de Rojas Ortiz.

El 8 de enero, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur dictó sobreseimiento definitivo favor de las dos personas no indígenas imputadas por el homicidio del líder indígena y recuperador de tierras, indicando que la prueba recolectada producto de la investigación no reúne el grado de probabilidad necesario para realizar un juicio.

El lunes 18 de marzo de 2019 en horas de la noche, Rojas Ortiz fue asesinado de quince disparos en su vivienda en Yeri, en el territorio de Salitre, a pesar de tener medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había ordenado al Estado de Costa Rica “adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Brorán de Térraba y del pueblo indígena Bribri de Salitre”.

Pareciera que están sordos y ciegos”

Luisa Bejarano Montezuma, fundadora y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), criticó la decisión del Juzgado: “Pareciera que esta gente están sordos y ciegos y no entienden la verdad. Más claro no puede cantar un gallo. Somos testigos de todo lo que ha pasado con nuestro hermano Sergio, que fue perseguido, echado en la cárcel, le cobraban mucho dinero para que nunca saliera, lo perseguían casi todos los poderes del estado. La medida cautelar no valió”.

“Lo asesinaron porque no les convenía tenerlo, porque era el único que estaba al tanto de cualquier cosa, no solamente en su territorio, sino cuando el gobierno de Luis Guillermo Solís quiso derogar la Ley Indígena, él (Sergio Rojas) puso un recurso de amparo. Al gran terrateniente holandés que está ahí, ahí está muy acomodado. Esa sería una petición, que sacaran a ese viejillo de ahí y lo manden para Holanda; no tiene nada que hacer en ese territorio. Ahí está, muy querido por el presidente. Todos los presidentes han actuado de esa manera. Tarde o temprano lo tienen que pagar”, sentenció Bejarano.

Mientras que Pablo Sibar, recuperador del pueblo Bröran, de Térraba, declaró que lamentaba profundamente la decisión del Juzgado. “Es una muerte en la impunidad que envalentona a los finqueros, a que puedan asesinarnos y sigue todo en la impunidad. Nos asesinan y el Poder Judicial cierra los casos; eso lo que genera es miedo y una desconfianza de los pueblos indígenas hacia el Estado costarricense. Teníamos la esperanza de que el Poder Judicial llegara hasta el fin y diera con los responsables del asesinato de Sergio Rojas”.

“Tenemos que seguir en lucha, tenemos que seguir nuestro proceso de recuperación por la vía de hecho, que es la única vía que el Estado costarricense nos ha dejado”, dijo Sibar.

Sobre el caso también se pronunció inmediatamente la Oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica, que señaló: “Naciones Unidas expresa su preocupación sobre la no realización de investigaciones con pertinencia y aplicación integral de los principios de acceso intercultural a la justicia, que brindaran elementos suficiente y sólidos, por parte del Ministerio Público, para iniciar un juicio contra las personas responsables de este asesinato”.

“ONU Costa Rica considera relevante y urgente que se activen los mecanismos legales necesarios para que las investigaciones sean retomadas con la mayor prontitud y evitar así la impunidad. Asimismo, solicita al Poder Judicial redoblar esfuerzos y recursos para que en otros casos abiertos por ataques a líderes indígenas las pesquisas sean conducidas apropiadamente”, resaltó.

El Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa (Codiaw), organización fundada por Rojas Ortiz, indicó: “Una vez más, el Estado costarricense falla en proteger, defender y en garantizar el acceso a la justicia a los Pueblos Originarios en beneficio de personas no indígenas poderosas, con intereses nocivos para la tierra-territorio y la vida misma. Una vez más, somos los cuerpos, las memorias olvidadas, pisoteadas y silenciadas por el imaginario de una Costa Rica pacífica, Suiza Centroamericana, paraíso de la no violencia”.

“Esta sentencia no sólo atenta con el derecho a la justicia para Sergio, su familia y el Pueblo; sino que significa el aumento del riesgo para las personas recuperadoras y el Pueblo Bribri en general. El ambiente de impunidad fortalece a los agresores, a los no indígenas, a quienes deciden explotar la tierra-territorio y someter a los Pueblos que la defendemos”, insistió la organización, que forma parte de la Coordinadora de Lucha Sur Sur.

También publicó un pronunciamiento el Grupo de Trabajo de la Agenda CEDAW (Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer por sus siglas en inglés), que solicitó que “se asegure que se continuará con la investigación penal del homicidio”, y que “el Estado tome las medidas necesarias para inmediatamente garantizar la vida e integridad física de las personas indígenas amenazadas de muerte por tratar de recuperar tierras indígenas que están en manos de usurpadores terratenientes no indígenas”.

El Grupo reiteró la necesidad de “que se apruebe por fin un mecanismo y protocolo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y en particular aquellas defensoras de los pueblos indígenas, territorios y derechos sexuales y reproductivos por ser quienes están en mayor riesgo”.

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