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Juzgado pone fin a la investigación penal del homicidio impune del líder indígena Sergio Rojas Ortiz

La familia Rojas Lázaro no apelará la decisión del Juzgado; pero exhortó al Estado de Costa Rica a garantizar la vida e integridad física de las personas indígenas amenazadas de muerte.

El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur dictó sobreseimiento definitivo favor de las dos personas no indígenas imputadas por el homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, indicando que la prueba recolectada producto de la investigación no reúne el grado de probabilidad necesario para realizar un juicio.

Así lo comunicó hoy la familia Rojas Lázaro, en una declaración pública.

En diciembre pasado, el Ministerio Público presentó una solicitud de sobreseimiento definitivo. El Juzgado resolvió el pasado 8 de enero dicha solicitud, según consta en el expediente 19-000178-0990-PE.

El Juzgado señaló que “se dicta sentencia de sobreimiento definitivo” en favor de los imputados “por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Sergio Rojas Ortiz. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Cese cuaquier tipo de medida cautelar que se hayan dictado contra los acá inculpados en el presente proceso”, según el documento.

“Esta determinación judicial pone fin a la investigación penal por el homicidio del líder, recuperador de tierras y defensor de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas Sergio Rojas Ortiz, quien fue asesinado la noche del 18 de marzo del 2019, sin la presencia de testigos y en un acto previamente planeado que permitió la huida de los autores materiales de su asesinato”, comunicó la familia.

La familia Rojas Lázaro también exhortó al Estado de Costa Rica “a que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de las personas indígenas amenazadas de muerte, que se cumpla, mediante mecanismos céleres y eficientes, la recuperación de tierras indígenas en manos de usurpadores terratenientes no indígenas; y se crean normas jurídicas que protejan a las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, incluyendo la ratificación del Acuerdo de Escazú”.

Homicidio se mantiene impune

El lunes 18 de marzo de 2019 en horas de la noche, Rojas Ortiz fue asesinado de múltiples disparos en su vivienda en Yeri, en el territorio de Salitre, a pesar de tener medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había ordenado al Estado de Costa Rica “adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Brorán de Térraba y del pueblo indígena Bribri de Salitre”.

En 2020 la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delincuencia Organizada solicitó el sobreseimiento provisional, que equivaldría a un archivo temporal de la causa. La Fiscalía argumentó que ya no tenían nada más que investigar, porque habían solicitado una serie de allanamientos y el juez en dos ocasiones les dijo que no procedía porque no había elementos suficientes.

Se rechazó esa solicitud, de parte de los familiares, a lo que se sumó presión a nivel nacional e internacional, y en diciembre de 2020 se realizó una audiencia oral. En febrero de 2021 el juez emitió su resolución diciendo que se tenía que continuar con la investigación.

Posteriormente se realizaron otros actos investigativos “que no brindaron solidez suficiente para determinar la responsabilidad de los imputados”, señaló la familia.

Cabe mencionar que uno de los imputados falleció el 23 de noviembre de 2021, según consta en el expediente.

En su momento UNIVERSIDAD consultó a Óscar Retana, abogado de la familia de Sergio Rojas Ortiz y representante de sus hijos y víctimas en el proceso de la causa ¿por qué el caso se llevaba en la Fiscalía de Narcotráfico?

“Eso lo decidió en su momento la Fiscal General Emilia Navas por los cuestionamientos que ha habido de población indígena a lo largo de los años y porque se estableció un equipo especial de fiscales e investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, aclaró Retana.

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