Informes de testigos y análisis de comunicaciones telefónicas permitieron a la Unidad Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Buenos Aires de Puntarenas determinar la posible identidad de cuatro presuntos responsables del asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz.
Según una publicación de CR Hoy, que tuvo acceso al informe 174-CI-URBA-19, además de confirmar más allá de duda razonable que fue el conflicto por las tierras el detonante del crimen, la investigación del OIJ determinó que el asesinato fue cometido por dos personas -lo cual concuerda con las versiones difundidas desde que ocurrió-, que habrían recibido un pago de un millón de colones por parte de otras dos, que tendrían un vínculo “familiar e intereses sobre las tierras de esa zona” según publicó ese medio.
Llama la atención que el informe del OIJ tiene fecha de setiembre de 2019, justo un año antes de que en setiembre de 2020 la Fiscalía solicitara la desestimación del caso, lo cual fue rechazado en diciembre por el Juzgado Penal de Buenos Aires.
Óscar Retana, abogado de la familia de Sergio Rojas, dijo que debido a la confidencialidad del proceso penal, según el artículo 295 del Código Procesal Penal, no puede referirse a asuntos propios de la investigación.
Sin embargo, calificó como “reprochable” que el informe del OIJ haya sido de conocimiento de la prensa, “debido a que entonces, la institución con la competencia legal para realizar la investigación penal no ha cumplido con la normativa penal vigente”.
El abogado además sentenció que tal revelación de aspectos procesales “es un peligro no sólo para las partes involucradas sino también para las personas que dan su testimonio”. Por esa razón, en esta nota no se incluyen detalles específicos del monitoreo telefónico ni de los testimonios de testigos, como tampoco un enlace a la nota original de CR Hoy.
Retana aseveró que “es necesario exigir a la Fiscalía General de la República y al Director del OIJ la investigación de estas vulneraciones procesales que ponen en peligro la investigación”.
Cabe recordar que Sergio Rojas fue líder y fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), desde donde se impulsó el movimiento de recuperación de tierras dentro de territorios indígenas. Fue asesinado el 18 de marzo de 2019 en su casa en el territorio de Salitre, de 15 disparos.
Impunidad
El abogado recordó que las comunidades indígenas del país tienen “un reclamo sostenido y fundamentado de la deficiente actuación policial y del Ministerio Público”, pues existen “múltiples denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas”.
Por ello, aseveró que la filtración de aspectos de la investigación “no es más que otra muestra de las ineficiencias del Poder Judicial en Costa Rica, cuestionado actualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Añadió que esas comunidades indígenas también han señalado “la parcialidad de agentes de la policía judicial y de funcionarios judiciales de Buenos Aires, con finqueros de la zona, además de la criminalización de los lideres y liderezas indígenas”.
En esas consideraciones coincidió Gustavo Oreamuno de la organización Ditsö y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, ambas instancias que han denunciado insistentemente ante la sociedad civil y las autoridades los conflictos por tenencia de la tierra y las agresiones contra personas indígenas.
Oreamuno recordó en primer ugar que las recuperaciones de terrenos dentro de territorios indígenas, constituye el ejercicio de “su derecho humano colectivo a la tierra” y que ha generado reacciones violentas por parte de grupos y personas del cantón de Buenos Aires y de Pérez Zeledón.
Tras denunciar que esos actos violentos han crecido en intensidad y en cantidad, recordó que han significado ya el asesinato de dos personas, Sergio Rojas y Jehry Rivera, del pueblo Bröran de Térraba.
Asimismo, enfatizó que los hechos de violencia han sido realizados por personas que han sido denunciadas judicial y públicamente por diferentes organizaciones de la zona Sur, incluida la Coordinadora de Lucha Sur Sur. “Sin embargo, ante estas denuncias tristemente y de forma muy preocupante, lo que reina hasta ahora es la impunidad”, apuntó.
Esas denuncias incluyen intentos de asesinato, amenazas de muerte, quema de cultivos, quema de casas, golpizas, y otros delitos. “Hasta el momento ninguna de esas denuncias camina, siempre se archivan o se desestiman por falta de pruebas, por no poder individualizar a los autores, una serie de situaciones que han develado la falta de diligencia por parte de las instancias judiciales y policiales tanto de Buenos Aires como de Pérez Zeledón, lo cual también se ha denunciado”.
Así, señaló que el caso de Rojas no es la excepción, “nos acercamos a dos años de su asesinato y aún el caso queda impune”.
Por otra parte, consideró “sumamente preocupante” el hecho de que el informe del OIJ fue presentado desde 2019 y sin embargo, “la Fiscalía el año pasado, primero en setiembre y en la audiencia del 3 de diciembre, insiste en el archivo del caso, habiendo elementos probatorios que clarifican la situación del asesinato”.
Finalmente, Oreamuno reiteró la posición de ambas organizaciones a las que pertenece, en el sentido de que “para lograr la paz social en los territorios de Buenos Aires y de Pérez Zeledón y toda la zona, primero es necesario que el Estado cumpla con su obligación de devolver los territorios a los pueblos originarios por medio de los desalojos administrativos que tiene la potestad para realizar”.
En segundo lugar, “que cese la impunidad. Establecer responsabilidades penales respecto a los diferentes actos de violencia y delitos que se han cometido contra los pueblos originarios. Mientras exista la impunidad esta violencia existirá y tenderá a crecer como ha sido hasta el momento”.
