Diputados ya plantean formalmente sus reducciones al proyecto de eurobonos impulsado por el Ejecutivo

Los diputados coinciden en la necesidad de aprobar el financiamiento externo para evitar presiones en las tasas del mercado local; sin embargo, proponen reducir en grandes magnitudes la solicitud del Gobierno.

Una mayoría  diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa aprobó esta tarde un primer informe sobre el proyecto de ley 21.201: el expediente que contenía la solicitud del Poder Ejecutivo para colocar $6.000 millones en eurobonos (deuda externa) durante los próximos seis años.

No obstante, este informe realizó un fuerte recorte a las intenciones del Gobierno, y más bien planteó brindar al Ministerio de Hacienda una autorización para colocar apenas $2.500 millones durante los próximos dos años.

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El Gobierno impulsa este mecanismo con el objetivo de buscar mejores tasas de interés para una parte de su deuda en el extranjero, de modo que pueda aliviar las presiones que actualmente ejerce en el mercado nacional (su mayor fuente de financiamiento).

El nuevo informe de mayoría lo votaron favorablemente los diputados Luis Ramón Carranza y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Marulin Azifeifa, del bloque independiente Nueva República; Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN); y Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Ellos llegaron al acuerdo, pues era evidente que no existía la voluntad política suficiente para aspirar a un acuerdo superior a los dos primeros años.

La nueva propuesta además propone un límite inferior al que proponía inicialmente el Ejecutivo para el primer año. El acuerdo mayoritario de los diputados establece un tope de $1.300 millones para el primer año, $200 millones menos que lo pretendido inicialmente por el Ministerio de Hacienda.

No obstante, el Gobierno ya se había hecho a la idea de ceder ante los diputados, pues “ya no se trata de una discusión técnica, sino política”, como describió en su momento el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta.

Ante esta situación, los diputados del PAC llegaron al acuerdo con la mayoría de la comisión; dejando fuera al socialcristiano Pedro Muñoz, y los tres diputados del Partido Liberación Nacional (PLN): Ana Karine Niño, Roberto Thompson y Daniel Ulate.

En el caso de Muñoz, este reclamó que —desde su punto de vista— el informe aprobado por la mayoría no contenía las especificaciones técnicas suficientes ni había sido consensuado de la manera correcta, hechos que reclamó intensamente a sus compañeros y, especialmente, la bancada oficialista.

Por el lado de los liberacionistas, ellos han reiterado constantemente que existe un acuerdo interno de su fracción para aprobar únicamente $1.500 millones para un primer año, de modo que se puedan analizar los primeros resultados antes de girar cualquier nueva autorización.

Tanto Muñoz como los liberacionistas presentarán en los próximos días uno o dos informes de minoría, incluido el que contendrá —como es previsible— la postura del PLN.

Acaloradas discusiones

La presentación del informe de subcomisión generó tensiones y fuertes discusiones entre los diputados.

El texto generó un gran disgusto en los legisladores del grupo minoritario, quienes incluso afirmaron haber recibido el informe a destiempo, con cambios de última hora y sin la información suficiente para analizarlo.

En esa línea, el socialcristiano Pedro Muñoz lamentó que el texto “no ha sido consultado con otras personas ni con expertos” y que no ha existido una comunicación clara con Hacienda para conocer sus estimaciones sobre el flujo de caja; mientras que la liberacionista Karine Niño agregó su disgusto por la prisa con que se trató un tema “tan sensible”.

“A mí me llegó una copia del proyecto apenas una hora antes de la sesión”, indicó la verdiblanca a UNIVERSIDAD, apenas minutos después de decir en la comisión que “no se ha tenido un debate de altura”.

No obstante, esas posiciones fueron contrarrestadas con declaraciones de los diputados que elaboraron el informe de mayoría, como el oficialista Luis Ramón Carranza, quien más bien señaló que el texto es apenas “un punto de partida para las discusiones” y agregó que las intenciones siempre estuvieron puestas sobre la mesa.

Carranza aceptó que el informe mayoritario no complace por completo al oficialismo; sin embargo, repitió que el discurso de su fracción de que “la política es el arte de lo posible” y que es urgente “avanzar con la iniciativa”.

También defendió el trabajo del grupo de mayoría el diputado Eduerdo Cruickshank, del PRN, quien, al igual que Carranza, subrayó que el informe es apenas “una base para la discusión” y recordó que “es para todos conocido la urgencia” de dar el permiso.

El fondo de los eurobonos

Actualmente, el Ministerio de Hacienda obtiene opciones crediticias —con muy pocas excepciones— a través de créditos internos con fondos y bancos nacionales.

Este tipo de endeudamiento ha generado un efecto “bola de nieve”, el cual presiona las tasas de interés en el mercado local y quita recursos al sector privado.

Este efecto, señala Hacienda, es el principal motivo por el que impulsa los eurobonos, pues permitiría buscar parte de la deuda nacional en el extranjero y liberar recursos internos para las personas físicas y jurídicas nacionales.

De hecho, la intención del Gobierno cuenta con el beneplácito de los sectores bancarios y empresariales costarricenses, cuyos principales representantes así lo externaron públicamente semanas atrás.

Además, el Gobierno confía en obtener mejores tasas de interés y condiciones de plazo para su deuda en el extranjero, pues las opciones son mucho mayores y la competencia por bonos costarricenses puede generar mejores condiciones crediticias que las que encuentra a nivel nacional.

De esta forma, el Gobierno aliviaría las tasas de interés locales y también las tasas y los plazos que él mismo recibe.

Eso sí, según el Ejecutivo, este proyecto debería estar aprobado antes de junio, de modo que pueda realizar las colocaciones este mismo año, en el que enfrenta especiales necesidades de financiamiento, tomando en cuenta que aún no ha entrado a regir la nueva reforma fiscal.

Para contar con una autorización formal, el Gobierno necesita del apoyo de al menos 38 diputados, una cifra muy alta y que le obligará a continuar concretando negociaciones con todas las fracciones, incluidas las que no se apegaron al informe presentado y aprobado este miércoles.


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