APSE y ANDE se oponen a reforma al empleo público: “el salario único es una trampa”

Los sindicatos de la educación indicaron que si bien la medida nivela los salarios y puede incidir en una mayor competitividad inicial, también es posible que frenen su adecuado crecimiento.

Los representantes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Mélida Cedeño y Gilberto Cascante, se pronunciaron hoy en contra de la reforma al empleo público que impulsa el Ejecutivo, al menos en su redacción actual.

Aseguraron que el texto desmejora las condiciones laborales actuales de los educadores, especialmente a través de la implementación del salario global.

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Sobre el “salario único”, tanto Cedeño como Cascante lo calificaron como “una trampa” y argumentaron que, si bien es una medida que probablemente serviría para aumentar los salarios iniciales de los trabajadores, también podría servir para “estancar” las remuneraciones a largo plazo.

“Hay que leer la letra menuda, porque siempre con el salario único se vende como la octava maravilla del mundo, pero luego se ven las consecuencias, porque no es efectivo”, indicó Cedeño. “Un salario único implica un detrimento con el paso del tiempo”, agregó Cascante.

Ambos realizaron sus observaciones en audiencia con los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, foro en el que se tramita actualmente, en su etapa de análisis.

El proyecto de empleo público propone la aplicación de un salario global, de modo que cada nuevo funcionario pueda iniciar con una base más competitiva, pero que sus aumentos estén ligados a los crecimientos de la inflación.

Además, reduce la carga de los incentivos monetarios, de modo que el crecimiento en el peso de las remuneraciones se complemente con incentivos que no impliquen erogaciones de dinero.

No obstante, esta propuesta no gusta a los sindicatos de la educación, para los que el modelo propuesto no responde a las necesidades del sector educativo.

Ellos además defienden algunos incentivos por recargos laborales que, según Cascante, no podrían adecuarse a este nuevo modelo.

Actualmente el texto se encuentra en su etapa de audiencias legislativas, una fase inicial a la que proseguirán los espacios regulares para la proposición de modificaciones.

Por el momento, las opiniones son variadas: desde las más positivas, como la del Servicio Civil; hasta las más negativas, como la de la Contraloría General de la República (CGR).

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‘No tenemos la culpa’

Tanto Cascante como Cedeño también hicieron énfasis en que el sector educativo que representan no tiene la culpa de los problemas fiscales que vive el país.

Según indicó Cascante, los mayores salarios entre sus afiliados rondan los ¢1,4 millones, mientras que los más bajos llegan hasta los ¢200.000.

No obstante, aparte de los términos salariales, los representantes cuestionaron temas como la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplan) en materia de empleo público; así como la generación de nuevos controles y de evaluaciones que no se detallan específicamente.

Gilberto Cascate señaló que desconocer los métodos de evaluación que propone el proyecto deja a los afiliados de ANDE en incertidumbre. (Foto: Katya Alvarado)

En el caso de la rectoría del Mideplan, Cedeño indicó que sería una medida “sumamente peligrosa”, tratándose de una entidad ligada directamente con el Ejecutivo.

Por su parte, en cuanto a los modelos de evaluación, Cascante subrayó que genera incertidumbre que no estén ya predefinidos; mientras que Cedeño se preguntó por qué se habla de dar incentivos por excelencia hasta a un 30% de las planillas.

En conclusión, la representante sindical indicó que la reforma “es actualmente un proyecto incompleto y sesgado, particularmente enfocado en definir nuevas estructuras de control más que nuevas políticas de gestión en pro de los trabajadores”, por lo que es “a todas luces inaceptable para la organización”.

Ante las declaraciones de los representantes sindicales, la diputada oficialista Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), indicó que es importante que “se sumen” a la elaboración del proyecto y cuestionó que se hable de una total oposición, cuando el texto apenas se encuentra en su etapa inicial.

Por su parte, el diputado Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó a los representantes gremiales y les pidió una mayor apertura al cambio, sobre todo en un contexto como el actual, en el que “urgen mejoras”.

Algo similar manifestó el presidente del foro, David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien invitó a los líderes sindicales a continuar en las mesas de diálogo.

Sobre esas declaraciones, los representantes sindicales aseguraron que rechazan la versión actual de la iniciativa, pero que es claro que deben seguir presentes en las discusiones del texto.


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