La Contraloría General de la República (CGR) estima que el proyecto de ley 21.336, propuesto por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de empleo público nacional, “es insuficiente y omite aspectos básicos” para evitar desigualdades y dispersiones legales de las normas contractuales del Estado.
Así lo afirmó esta tarde la contralora general, Marta Acosta, ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa; donde apenas inicia el trámite de la polémica iniciativa.
Lea también:
- El resumen del proyecto: ¿Qué dice el nuevo proyecto de reforma al empleo público?
- La postura del Ejecutivo: Gobierno presenta reforma al empleo público, con salario global y bases más altas
La jerarca fue enfática en que el proyecto de ley “mantiene desarticulaciones” del marco jurídico actual, pues mantiene subregímenes de empleo que se separan por funciones y se regirían por sus propias especificidades. Estos subregímenes son ocho y se establecen para servidores públicos, empleados del sector salud, policías, educadores, empleados universitarios, empleados judiciales, servidores de confianza y diplomáticos.
Al respecto, Acosta indicó que “el proyecto amerita importantes ajustes”, pues “no elimina las disparidades existentes en el esquema de remuneraciones”, sino que habla de “un salario global distinto (no generalizado), conforme a los subregímenes, sin dictar más reglas que esas”.
“El proyecto mantiene inalterable —en gran medida por virtud de los subregímenes que crea— la multiplicidad de normas aisladas que existen en diferentes leyes con regímenes propios (…) Nosotros lo que decimos es que es una ley general, pero no entendemos y no compartimos cómo los subregímenes continúan allí, así establecidos”, subrayó la jerarca.
Para la contralora, debería normarse de forma integral al empleo público para que se eliminen las desigualdades internas y se estandaricen las normas de todas las instituciones; de modo que cada una de ellas pueda alinearse luego en una misma dirección, y a partir de los mismos criterios.
Este es el primer criterio de parte de la CGR en relación con el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo a mediados de año, que —entre sus principales objetivos— se planteó la gestión de un marco regulatorio más “coherente” y más “equitativo” para los más de 304.855 empleados públicos que contabiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (15% de la fuerza de trabajo).
Además, el texto se plantea dar flexibilidad en la vinculación y la desvinculación laboral; así como frenar el crecimiento exponencial de las remuneraciones, a través de escalas más competitivas y la aplicación de nuevos incentivos no monetarios.
Según la contralora, es importante promover planteamientos más integrales, de modo que se corrija el sistema actual, en el que se permite un crecimiento de “consistente” de las remuneraciones por encima de la inflación, a pesar de que ya representa una cuarta parte de los gastos del Estado.
Para lograr esto, Acosta subrayó que la CGR “sí estima que es posible un único régimen de empleo siempre que cuente con reglas generales claras”. Según la contralora, es necesario que “se garantice un margen razonable para su implementación conforme a las particulares excepcionales de algunos sectores”, por lo que considera necesario “revisar integralmente la propuesta”.
“Es como seguir en lo mismo”
Para la contralora Acosta, uno de los principales puntos en contra de la redacción actual de la iniciativa y de la creación de subregímenes es la prerrogativa que se da a cada uno de ellos de que regulen sus propios salarios. “Esto es como seguir en lo mismo”, aseguró.
Para la jerarca, esto debe replantearse, como una forma básica de “resolver disparidades”, algo que la entidad que dirige ha denunciado por años.
Según Acosta, actualmente se estaría abriendo la puerta para “conflictos futuros”, pues —al no contar con un marco ‘sombrilla’— cada grupo quedaría sujeto a una rectoría muy débil del Ministerio de Planificación.
Las indicaciones de la contralora generaron críticas al Gobierno por parte de diputados como el liberacionista Luis Fernando Chacón, quien lamentó que el proyecto fuese calificado tan laxo. Sin embargo, la jerarca subrayó que lo importante es corregir los vacíos indicados, pues el tema es un reto nacional, “complejo de resolver”, pero “necesario”.
