Gobierno presenta reforma al empleo público, con salario global y bases más altas

El Ejecutivo estima un ahorro de ¢1 billón de colones en los próximos 35 años; sin embargo, empezaría a percibirlo a partir del décimo octavo año.

El Gobierno presentó este lunes un proyecto de reforma al empleo público con el objetivo tener bases salariales más competitivas y eliminar la intensa curva de crecimiento en materia de remuneraciones que aqueja el Estado.

El proyecto además propone limitar a un 10% el porcentaje de incentivos por empleado público, así como la transformación de algunos de ellos en incentivos no monetarios que se brinden solo a funcionarios con calificaciones buenas o muy buenas.

La propuesta busca reformar el modelo de contratación pública, de modo que los salarios se mantengan más estables y que los incentivos no signifiquen un aumento desenfrenado de las remuneraciones públicas.

En los últimos diez años, el pago de remuneraciones pasó de representar ¢1,3 billones a ¢2,4 billones del gasto estatal, un aumento real —contando la inflación— del 38,5% que el Gobierno espera mitigar con esta reforma.

El ahorro, eso sí, será a mediano o largo plazo.

De hecho, el Mideplan afirmó que en los primeros 18 años no se obtendrían ahorros sino gastos mayores con este sistema, pues los salarios base de los nuevos trabajadores serían más altos y aún habría que pagar las remuneraciones de los funcionarios que actualmente reciben salarios compuestos; es decir, con los incentivos monetarios actuales.

La magnitud de estos gastos dependerá entonces de la cantidad de plazas nuevas que se abran para ese periodo; así como de las medidas de contención que tomen los próximos gobiernos en la asignación de los puestos y de los salarios globales que se decidan imponer.

No obstante, a partir del año 18 y hasta el año número 35, el Mideplan estima que alcanzaría un ahorro cercano a ¢1 billón, una cifra que contempla la aplicación a todo el sector público.

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La presentación de esta reforma se desarrolló en la propia Asamblea Legislativa, donde ahora corresponderá a los diputados darle trámite al texto. Allí podrán hacerle modificaciones y posteriormente, si logran ponerse de acuerdo, votarlo con mayoría calificada (38 votos).

Sobre los nuevos salarios, la ministra de planificación, Pilar Garrido, aseguró que estos se pactarían una vez aprobada la ley, pero que buscarían contar con una escala “competitiva” que permitan atraer a los mejores profesionales para servir al Estado. “La intención es crear una remuneración competitiva que permita atraer empleados a la función pública. Que sea una remuneración que cumpla con las condiciones”, detalló la jerarca.

Para aplicar esta ley, el Mideplan propuso instaurar ocho subregímenes de empleo público, los cuales tendrían sus reglas específicas para aplicar los ajustes salariales. Esos subregímenes se dividirían por funciones (educación, salud, universidades, etc) y tendrían sus lineamientos para restringir sus salarios, partiendo de asegurar una buena competitividad con el sector privado.

“Hay que levantar la base e identificar cuáles son los incentivos que históricamente se otorgaban, para a partir de eso identificar si fuera de la administración pública alguien desempeña el mismo trabajo, y así comparar los puestos e identificar la remuneración respectiva”, apuntó la ministra.

Otros factores de los que habló la ministra fue la definición de mayores controles para que cada oficina de Recursos Humanos pueda identificar al personal que verdaderamente requieren; así como la posibilidad de despedir a los funcionarios que acumulen dos calificaciones negativas consecutivas (menores a 70 puntos) y de aplicar incentivos no monetarios para los funcionarios mejor evaluados.

Los detalles de estas medidas quedarían estipulados vía reglamento en un periodo de seis meses y su aplicación empezaría hasta un año después de que esté lista esa regulación.

La presentación de este proyecto contó con la presencia además del ministro de Trabajo, Steven Núñez, de la presidenta legislativa Carolina Hidalgo y del jefe y la subjefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales y Nielsen Pérez.

Además, estuvo entre el público la representación de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), incluido el secretario general de esa entidad, Albino Vargas, quien aseguró —a modo de queja— que su presencia no fue más que una “autoinvitación”.

El Gobierno destacó que esta propuesta habría surgido de un proceso de diálogo con todos los sectores involucrados; sin embargo, Vargas señaló que ese diálogo ocurrió solo con algunos sectores sindicales y que a otros solo se les expuso lo que finalmente se presentaría en el proyecto.

Otros proyectos

Aparte de las entidades ya mencionadas, estuvieron en la presentación los presidentes ejecutivos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y del Instituto Mixto de Ayuda Social Imas (IMAS), Alejandro Muñoz y Juan Luis Bermúdez.

Ellos presentaron los otros dos proyectos que el Ejecutivo presentó para reformar la institucionalidad pública, los cuales se enfocaron específicamente en esas entidades.

Por un lado, el Gobierno planteó una transformación de Recope a una Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas Sociedad Anónimo (Ecoena); mientras que por el lado del IMAS, plantó una reorganización de las transferencias sociales en materia de partidas educativas.

En el caso de Recope se transformaría en una entidad capacitada para impulsar la investigación, desarrollo y comercialización de energías renovables, pues hasta ahora su función se limita a la importación y distribución de combustibles.

A la empresa se le concederían nuevas funciones para producir y comercializar energías químicas alternativas. El Gobierno dotaría de autonomía e independencia en cuanto a su funcionamiento administrativo, humano y financiero.

Al respecto, el presidente Ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz, aseguró que la transformación sería pertinente para alinear la institución con los nuevos desafíos del país en cuanto a temas ambientales como el de la descarbonización, el cual forma parte de otro proyecto ambicioso del Gobierno para que Costa Rica tenga una economía libre de emisiones en el 2050.

El otro proyecto de ley propone eliminar el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) mediante la derogación de un decreto ejecutivo. Las funciones de esta institución pasarían a la rectoría del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), quien será el encargado de liderar los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas como Crecemos y Avancemos.

El  ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez, aseguró que los  recursos humanos de la institución serían trasladados al Ministerio de Educación Pública (MEP) a través de un programa que garantiza la movilidad de los funcionarios, de forma que se respeten los derechos laborales de los empleados actuales y que sería coordinado por el Ministerio de Trabajo.

El ministro explicó que el traslado no implicaría cambio para los beneficiarios ni la reducción del dinero que recibirán. “Los que tienen un beneficio de Fonabe, seguirán contando con él (escolar y primaria) pero los recursos pasarán a ser administrador por el IMAS. Los recursos no se reducirán”, afirmó.

Una Asamblea hambrienta

Estos proyectos de ley llegan ahora a una Asamblea hambrienta de reformas integrales. Desde el inicio de este cuatrienio, hace ya casi un año, los reclamos de los congresistas han sido constantes, solicitando mayores transformaciones al Estado para hacerlo más eficiente y para aliviar su situación financiera de largo plazo.

Ese interés —compartido por el Ejecutivo— se encaminó primero con la aprobación de la primera reforma tributaria en lo que va de este siglo, la cual ya incluía una regla fiscal para limitar el gasto corriente del Estado, según sus capacidades fiscales, y algunos lineamientos de corte remunerativo en materia de empleo público.

No obstante, la promesa del Ejecutivo era presentar reformas estructurales en ambas materias, un proceso que había prometido primero la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar (desde finales de mayo de 2018), y que luego retomó el resto del Gobierno.

Ahora, dijo Garrido, estos proyectos son un inicio de ese camino, con una reforma integral al empleo público y otras dos reformas menores en materia de instituciones.

En la Asamblea las reacciones ahora mismo son positivas, al menos por el ingreso de los proyectos que permitirán empezar debates urgentes. Los detalles de los proyectos quedarán ahora en manos de los congresistas, con el reto de alcanzar un consenso maratónico de al menos cuatro fracciones.


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