Ministra de Planificación explica su plan de “salario global” para empleo público

La ministra de Planificación, Pilar Garrido, asegura que el proyecto de reforma al empleo público se presentará en marzo y promete que su confección no será “ni gremialista ni fiscalista”.

Esta entrevista con la ministra de Planificación, Pilar Garrido, concluyó con una llamada que recibió del presidente ejecutivo de una de las instituciones públicas más importantes de este país. “Así nos tiene el empleo público”, señaló la jerarca en tono de broma, apenas segundos después de reseñar sus principales observaciones y expectativas de la reforma que propondrá el Ejecutivo en esa materia.

La propuesta de reforma al empleo público es, muy probablemente, la iniciativa del Ejecutivo que genera mayores expectativas (y preocupaciones) para este 2019. El proyecto es una promesa de Gobierno desde mediados del año pasado y será presentado en marzo, por compromiso político.

El proyecto será la segunda gran reforma que proponga la Administración Alvarado, después de la reforma fiscal recientemente aprobada, en la que ya se esbozaron algunos cambios en materia de empleo público, como algunos rebajos en incentivos y la asignación de la rectoría del sector público al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

Sobre la reforma al empleo público, la ministra Garrido señala muchas ideas; sin embargo, apunta a un objetivo principal que podría marcar el camino de este proyecto: “estamos valorando un salario global”. Ese salario, asegura, ya se conversa con los actores políticos y sociales involucrados, y buscaría bases “más competitivas”, aunque siempre respetando las especificidades de muchos puestos. El principio rector sería “igual remuneración para trabajos iguales”.

Así habla la ministra Garrido sobre la reforma al empleo público, el tema que seguramente la ocupará por el resto del año (o mucho más).

¿Qué podemos esperar del proyecto?

— La Ley de Empleo Público lo que pretender ser es un instrumento que potencie la modernización del Estado, entonces lo que podemos esperar es que establezca algunos parámetros para ordenar mejor los regímenes existentes de empleo, pero también que posibilite transitar hacia una gestión más eficaz del talento humano a nivel institucional. Eso significa mejorar algunos de los procesos de selección, reclutamiento, capacitación, evaluación y compensación de los funcionarios públicos.

También, haciendo diferencias entre las necesidades que tienen algunos, por ejemplo, de establecer sistemas diferenciados en función de la clase profesional que ocupen, no es lo mismo un gerente que un profesional técnico, o un servidor público que no sea profesional… hay distintas dimensiones. De la reforma al empleo público podemos esperar un instrumento que establezca orden, que encamine una ruta hacia la eficiencia, pero que de igual manera respete y sea lo suficientemente flexible para comprender la naturaleza distinta de las instituciones.

¿Y qué no deberíamos esperar?

— Esta Ley de Empleo Público no tiene un tinte fiscal. Regula una parte de la gestión de la compensación, eso sí es cierto, pretende ordenarla, pero muchos de estos aspectos ya fueron cubiertos en la ley que se acaba de aprobar, la 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (plan fiscal).

El tema fiscal no es un objetivo. El objetivo de esta reforma es más bien la modernización del Estado, la búsqueda de la excelencia, de la eficiencia, y lograr que el talento humano de las instituciones sea cada vez más productivo. A fin de cuentas, las instituciones son sus funcionarios y funcionarias, y el objetivo de este proyecto es que estén lo suficientemente motivados y que tengan las condiciones aptas para poder hacer frente a los desafíos de la política pública, que es cada vez más compleja.

Usted me dice que este proyecto no es de corte fiscal, pero eso qué significa, ¿Veremos algo en materia salarial? ¿Salarios únicos?

— Con esta reforma, un aspecto fundamental es que nosotros hemos hecho un trabajo técnico de identificar cuáles son estos aspectos que no están contenidos dentro de la ley que se acaba de aprobar y que deben ser regulados y puestos en orden. Además, en materia de remuneraciones ya se hicieron muchos ajustes con la ley vigente y se definió que los incentivos son reserva de ley, entonces hay toda una regulación ya hecha.

Ahora, hay una posibilidad que la estamos valorando exclusivamente para funcionarios nuevos, que sería un salario global. Estamos trabajando en la metodología del mismo, hemos hecho benchmarking con otros países de las mejores prácticas en materia de empleo público y hay algunas metodologías que no es que eliminan por completo los incentivos, pero que sí mueven el grueso de las remuneraciones a los salarios base, en más del 80%.  Esto sería obligatorio para los nuevos ingresos, pero facultativo para el personal actual, que estaría rigiéndose por su salario compuesto, aunque podrían pasarse a los nuevos esquemas si consideran que el nuevo modelo amplía sus derechos.

¿Y esto pasará primero por diálogos o ya es algo definitivo?, tomando en cuenta que ya se están reuniendo con sindicatos.

La metodología y el momento en que entre a regir depende de muchos factores y deberá pasar primero por un consenso con los sectores, con los sindicatos y con los actores estratégicos, como la Asamblea Legislativa, pero sí es una propuesta que hemos estado pensando. No es posible que la composición de los salarios actuales provoque que más del 80% sean incentivos por compensar un problema con la estructura salarial, que se relaciona con bases muy bajas, que no se ajustan a criterios de competitividad ni de justicia social para remunerar a un funcionario.

Estamos haciendo estudios, analizando cuál debería ser el salario competitivo y así tener más evidencia para tener esta conversación con los actores sociales y políticos estratégicos, de modo que se pueda incorporar.

Si eventualmente esto llegar a aprobarse e incorporarse en nuestro texto, una vez pasados los filtros de los consensos, y fuera una decisión del señor Presidente y nuestra incorporarlo, entonces habría que tener mucho cuidado para programarlo. La reforma fiscal empieza a generar muchos más ingresos hasta 2021 y, de alguna manera, si se suben las bases, se estaría impactando el gasto corriente, aunque fuera sólo para nuevos funcionarios.

Ahora estamos realizando un análisis econométrico para ver cuál sería y cómo podría ser programado adecuadamente este cambio. La idea es tener una mayor eficiencia, una mayor justicia y una mayor racionalización del gasto, pero sin que nos salga más caro de lo que debería en el corto plazo.

Ahora, hablamos de un salario global pero existen muchas diferencias entre instituciones, ¿ustedes valoran subregímenes o un mismo modelo mismo para todos los empleados públicos?

— Existe un único régimen de empleo público, pero hay subregímenes en razón de esas especificidades que vos mencionás. No es lo mismo un médico que un funcionario del Poder Judicial, o un funcionario que esté en el OIJ y que se vea expuesto a determinados temas de peligrosidad. Tampoco es  lo mismo un maestro que un policía. Ahí lo primero que esperamos que empiece a regir con este proyecto es ordenar los 14 regímenes que existen actualmente en esquemas más simplificados que respeten la división de poderes y, al final, que también respete las diferencias entre los funcionarios.

No es lo mismo ser un funcionario de un lugar que del otro, pero sí deberíamos seguir el principio de que “al mismo trabajo igual remuneración”. Una persona que se desempeña, sin importar dónde, pero que realiza el mismo trabajo debería cobrar lo mismo, excepto en casos como las empresas estatales en competencia, que establecen sus propias remuneraciones porque generan sus propios ingresos.

Por otra parte, se podría argumentar que el problema inicial de un salario global con bases más altas sería precisamente esa presión que usted me decía en materia presupuestaria…

— Puede ser que en un determinado momento implique una determinada presión, quizás no demasiado dramática, sobre el gasto corriente, pero en el largo plazo más bien significaría una rebaja. Se podría alinear un poco más con las remuneraciones del sector privado para que no haya tanta inequidad, aunque siempre hacia el alza. En algunos casos, es cierto, los salarios globales se piensan a la baja, pero ese no sería el espíritu, nosotros queremos dignificar la remuneración de los servidores públicos de tal manera que se puedan equiparar con el sector privado.

Paralelo a eso, si bien no estamos pensando en eliminar todos los incentivos, sí pensamos en algo similar a la práctica de OCDE, que el trabajador tenga alrededor de un 10% en incentivos y que el resto de su salario provenga de su remuneración base. Para todo esto hay que tomar en cuenta todas la condiciones técnicas y cada subrégimen tiene que hacer lo propio por definir, junto con nosotros como rectores, cuál debería ser la remuneración, es mucha la especificidad y sabemos que establecer un salario igual para todos sería una irresponsabilidad y un error garrafal.

El salario global es una idea, me dice, sin embargo, ¿tiene algún otro plan en caso de que decidieran no aplicarlo?, ¿quizás modificar otros incentivos?

— Con los incentivos lo que pasa es que hay un tema muy crítico, que tiene que ver con la situación jurídica consolidada de los funcionarios. Eso significa que si vos tenés un salario y además tenés esos incentivos, vos definiste tu proyecto de vida a partir de ellos. En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se define que la anualidad ya es un monto nominal y a partir de eso también establece que los incentivos son reserva de ley. Así, de alguna manera, se establece un alto para que no sigan creciendo exponencialmente. También algunos incentivos desaparecen, como los quinquenios. Esos son los cambios más importantes que se han venido haciendo.

Ahora, hemos exhortado a los diferentes Poderes de la República y a las demás instituciones para poder empezar a racionalizar e identificar si los incentivos que se han estado otorgado pueden racionalizarse de alguna otra manera sin afectar a los funcionarios. En este tema hay que ser muy respetuosos de la planificación de cada funcionario.

Ya sea que se apliquen en un salario global o no, ¿se ha pensado en modificar el tipo de incentivos, por ejemplo, para promover pluses no monetarios?

— Sí. De hecho, en conversaciones que hemos venido teniendo hemos hablado sobre cómo los debates en empleo público en el resto del mundo caminan hacia cómo hacer que los empleados públicos estemos cada vez más motivados y cómo hacer los cambios para obtener un mayor job engagement (compromiso con el trabajo), cómo hacemos para que de verdad te sintás muy comprometido con lo que estás haciendo y para que pongás tu pasión, tu conocimiento y tu energía al servicio de la prestación de los bienes y los servicios que estás dando, sintiéndote orgulloso de ser un servidor público. Eso pasa por redefinir qué es lo que mueve a la gente y qué es lo que le motiva.

A partir de eso, hemos empezado a hacer análisis y estudios, partiendo de los beneficios que ya existen en convenciones colectivas, pero que no son para todos y todas, y también analizando casos particulares, ampliaciones de derechos, pero siempre partiendo de que ya existen muchas cosas sobre la base.

Sobre la parte no remunerativa de la reforma, se habla de “ordenar” y de esa palabra interpreto que existe alguna relación con la nueva rectoría que le dio el plan fiscal al Ministerio de Planificación sobre el empleo público. En ese contexto, ¿qué papel va a jugar el Servicio Civil?

— El Servicio Civil y nosotros estamos trabajando, aún desde antes de aprobarse la rectoría del Mideplan, como si fuéramos un equipo. Además, en un momento previo, el decreto de organización del Poder Ejecutivo le había dado la rectoría del empleo público a Mideplan, entonces el Servicio Civil ya era como un brazo asesor y ejecutivo, pero con un alcance mucho menor, porque es solo para el gobierno central.

La expectativa ahora es que el Servicio pase de ser parte de la Presidencia al Mideplan. Estamos valorando las condiciones en las que lo haríamos, porque el Servicio Civil sí tiene que transformarse y ajustarse a los criterios de excelencia y de mayor flexibilidad que queremos, para poder atender a las demandas institucionales adecuadamente. A ellos les va a corresponder seguir siendo un operativizador de los lineamientos generales y también va a seguir siendo un asesor nuestro, pero la visión es que sea una unidad ejecutora para el gobierno central de los lineamientos que estaríamos definiendo.

Un alcance mayor en este momento no lo estamos visualizando, pero sí es verdad que pudiera ser uno de los temas que conversemos incluso con los actores estratégicos, pero eso es algo que podría hacerse por la vía administrativa y que no necesita un cambio legal, salvo que se llegara a derogar el estatuto, pero en este momento ese no es el plan.

Conversando sobre todos estos temas, noto que hay muchos asuntos sobre la mesa pero queda la interrogante de cuán avanzada estará la redacción del proyecto. ¿Cómo camina ese proceso?

— En este momento lo más responsable fue hacer un estudio técnico y un análisis. Este proyecto es parte de varios procesos de reforma, como la adhesión a la OCDE, donde Mideplan lidera el comité de Gobernanza Pública, y dentro de ese asunto hay un tema de empleo público. Hay muchos informes del Banco Mundial, de la Academia de Centroamérica, del Estado de la Nación, de la Contraloría General de la República… Hay mucho material que ha venido dejando en evidencia las brechas y los desafíos que tenemos, así como el enorme potencial para reorientar el talento humano y cumplir con mayor eficiencia.

Dentro de esos análisis hemos identificado varios temas que vertebran un proyecto de ley. Son temas de selección y reclutamiento, de remuneraciones para seguir ordenando, no hay mucho de dónde perderse. Ya hay un diagnóstico muy claro, con propuestas que se van a poner sobre la mesa para discutir. Tenemos problemas, posibles soluciones y debemos llegar a consensos.

¿Se mantiene el compromiso para presentar la iniciativa en marzo?

— Ese es el compromiso político y lo vamos a honrar.

¿Y cómo ven el ambiente? A uno le queda la impresión de que la última huelga y la reforma fiscal dejaron una ruptura entre las representaciones sindicales y la clase política.

— Nosotros lo vemos así: hay una muy fuerte voluntad del presidente de poner orden, es una de sus cinco prioridades y, por ende, es una de mis cinco prioridades desde el Mideplan. Para ese proceso, dentro de las prioridades del gobierno está el diálogo social, ya lo iniciamos de forma más informal y ahora venimos con uno más oficial, donde sabemos que lo primero es recomponer la confianza. A partir de eso, lo siguiente es trabajar propuestas de manera conjunta y con mucha madurez. Hay que trabajar con mucho ánimo de comprensión para realizar el mejor proyecto posible con todas las limitaciones de tiempo que tenemos.

En la Asamblea Legislativa hay muchísimo apetito por la reforma del Estado, nuestro trabajo es hacer que las discusiones se nutran de evidencia técnica y de mayor conocimiento sobre las afectaciones de las decisiones para los funcionarios públicos. El propósito es homogeneizar y tratar de caminar y alinear aquellos aspectos que se requieran para una mayor modernización del Estado, pero hacerlo con respeto a las particularidades y a la diversidad que existe dentro de los servidores públicos. Es un equilibrio al que hay que llegar. Esperamos que exista el espacio dentro de la Asamblea para tener un debate a la altura y sobre la base de la evidencia.

Ustedes buscan un diálogo y en el contexto de ese diálogo, me pregunto: ¿cuál es el mensaje de su parte para ambos sectores (políticos y trabajadores), que en este momento parecen “divorciados”?

— El presidente lo resume de manera más elocuente que yo, él dice que es un proyecto que busca eficiencia y que no se construye ni desde el gremialismo ni desde posiciones fiscalistas, y ese es el mandato con el que estamos trabajando. Sé que en este momento parecen muy alejadas ambas posiciones, pero entre la Asamblea y los sindicatos está el Poder Ejecutivo y nuestro mandato es recomponer el diálogo social. Al país no le sirve estar enfrentado ni tener otra vez una huelga que haga sufrir a la población más vulnerable, porque en el fondo es así, entonces estamos con toda la energía para empezar a construir. El Poder Ejecutivo sabe a dónde quiere ir, pero necesitamos construir juntos.

Y más adelante vendrá una reforma institucional, según prometieron.

— En eso también tenemos que avanzar. Este año debemos avanzar en ambas rutas. Ahora, el rediseño institucional no necesariamente implica despidos masivos, hay que desmitificar y quitarnos un poco los miedos y los prejuicios, se trata de buscar cómo podemos responder más adecuadamente y maximizar el talento y los recursos existentes. Será el siguiente paso.


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