Servicio Civil: reforma al empleo público impulsada por el Ejecutivo “es un gran avance”

Alfredo Hasbum, director del Servicio Civil, indicó a los diputados que el proyecto permitiría fusionar en ocho subregímenes las contrataciones de 265 entidades que hoy siguen dispersas.

El Servicio Civil se posicionó a favor del proyecto de ley de reforma al empleo público que impulsa el Ejecutivo. “Es un gran avance”, afirmó Alfredo Hasbun, director de esa entidad a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso, donde se tramita la iniciativa.

Hasbun destacó que el proyecto reduce de forma importante la multiplicidad de sistemas rectores, bajo la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplan) y los ocho subregímenes que se proponen, los cuales permitirían contener y aplicar salarios únicos a 265 instituciones que hoy se autorregulan de forma libre.

“De las 310 instituciones que tiene el país, solo 45 tienen las mismas reglas en el Servicio Civil, entre el Gobierno Central y sus adscritas. Esto quiere decir que hay unos 265 subregímenes, donde prácticamente cada jerarca tiene autonomía en la toma de decisiones sobre los temas propios de la gestión de recursos humanos”, afirmó.

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El proyecto de empleo público propone la creación de ocho modalidades de empleo, a las que se aplicarían modelos de contratación y remuneración predeterminados. Ellos serían los servidores públicos del Servicio Civil actual, los empleados del sector salud, los policías, los educadores, los empleados universitarios, los empleados judiciales, los servidores de confianza y los diplomáticos.

“Las diferencias se dan principalmente en los puestos de orden profesional, donde resulta bastante complejo uniformar, por ejemplo, el personal que se dedica a servicio exterior, con sus propias normas y leyes, con el personal de policías, que tiene sus propios incentivos y sus propios riesgos (…) resultaría sumamente complejo manejar un solo régimen con tantas variables, por eso creemos que esos subsistemas son necesarios”, describió el director.

Esta división fue criticada por la Controlaría General de la República (CGR), institución que calificó el proyecto de omiso e insuficiente por esta y otras medidas que, según comentó la contralora Marta Acosta, mantendrían “la multiplicidad de normas aisladas que existen”.

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No obstante, Hasbun defendió la construcción del proyecto y subrayó que es importante tomar en cuenta las condiciones actuales del sector público y lo significativa que sería una reducción, aunque sea parcial, de la dispersión de los controles.

“Por eso, nuestra opinión es que pasar de prácticamente 265 subregímenes a ocho, como se plantea, ya es un gran avance”, concluyó.

En su intervención, del diputado independiente Jonathan Prendas indicó al jerarca del Servicio Civil que le preocupaba la posición tan ligera de la entidad ante un proyecto tan criticado por la CGR; sin embargo, Hasbun contestó que su entidad tiene una mayor experiencia que la Contraloría en materia de empleo.

“Yo trabajé en la Contraloría nueve años y la Contraloría no puede tener expertos para todo, y yo le puedo decir que la Dirección del Servicio Civil tiene, en materia de recursos humanos, expertos infinitamente más capacitados y creo que en el proyecto trabajaron personas que tienen un mayor conocimiento que la Contraloría en la materia”, subrayó.

En su exposición, Hasbun aseguró que el Servicio Civil fue parte de la comisión que trabajó con el Gobierno para la preparación del proyecto de ley, junto con entidades como el Mideplan y el Ministerio de Hacienda.

El texto de reforma al empleo público también ha sido criticado por los diputados de oposición, que sostienen que es importante desarrollar transformaciones más grandes, de modo que se puedan reducir las diferencias salariales, que se contenga el gasto y que se eliminen las dispersiones de instituciones.

No obstante, Hasbun comentó que este no es un proyecto de enfoque totalmente fiscalista, que los salarios únicos solo podrían empezar a aplicarse para los nuevos funcionarios y que la mayoría de transformaciones salariales para evitar el crecimiento desmedido de las remuneraciones del sector público ya se realizaron como parte de la Ley de Fortalecimeinto de las Finanzas Públicas.

“La mayoría de disposiciones van, más que tendiendo a recortar beneficios o ese tipo de cosas, tendiendo a transformar una serie de disposiciones claves en materia de planificación, de gobernanza pública, de cómo se organiza el trabajo, la gestión del empleo y algunos tema de compensaciones, como la introducción del salario global para los nuevos y las nuevas funcionarias. También están algunos temas con un impacto social importante, como la conciliación de la vida laboral y familiar”, concluyó.

El proyecto de reforma al empleo público sigue en etapa de audiencias dentro de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. Allí continuará sus estudios iniciales, para luego recibir propuestas de modificación y un respectivo dictamen.


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