“Soy del criterio de que nuestro servicio de re-facturación para Borda Azul (empresa costarricense que compró sociedades en Islas Vírgenes Británicas y Panamá), debe seguir dándose, porque nos dedicamos a eso, porque el 95% de nuestro trabajo consiste, casualmente, en vender vehículos para eludir el pago de impuestos y porque Borda Azul se puede constituir en un muy buen cliente”.
Así, con brutal transparencia y claridad, relataba el abogado Ramses Owens la naturaleza del trabajo que realiza el bufete panameño Mossack Fonseca, en un correo electrónico escrito en octubre de 1998, a sus jefes Ramón Fonseca y Jürgen Mossack.
Mossack Fonseca es un bufete que opera desde 1977, cuya casa matriz está en Panamá pero que mantiene operaciones en jurisdicciones que han sido catalogadas -por el Fondo Monetario Internacional (FMI)- como paraísos fiscales como la Isla de Man; Islas Vírgenes Británicas; Bahamas; Islas Sheychelles; Chipre; Emiratos Árabes Unidos; Liechtenstein; Belice; Samoa; Luxemburgo; Anguilla Británica y Hong Kong, entre otras 30 oficinas alrededor del mundo.
Con datos del FMI, la organización Oxfam calculó que para el año 2015 el dinero oculto en esos paraísos fiscales rozaba los $7,6 billones, equivalentes a la suma de Producto Interno Bruto del Reino Unido y Alemania juntos.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) compartió los datos de una gigantesca fi ltración de los archivos del bufete panameño Mossack Fonseca, que obtuvo el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.
En Costa Rica, ICIJ compartió en exclusiva el acceso a estos datos con Semanario UNIVERSIDAD y DataBase, unidad de investigación de AmeliaRueda.com. Cada medio investigó los datos de manera independiente.
Los hallazgos de esta investigación global fueron reporteados por 300 periodistas de todo el mundo y se publican a partir de hoy de manera simultánea en Le Monde, The Guardian, L’Espresso, BBC Panorama y la cadena de televisión UNIVISIÓN, entre otros.
[quote_colored name=”Ramsés Owens, abogado de Mossack Fonseca” icon_quote=”no”]Hay que tomar en cuenta que la re-facturación es algo ‘legal’, aunque podría ser interpretado como algo ‘legalmente inmoral’ para el fisco.[/quote_colored]
En el ámbito internacional, los archivos de Mossack Fonseca revelan vínculos con personajes como el presidente ruso Vladimir Putin, el expresidente libio Muhamar Gadafi y con la trama de sociedades offshore que utilizaron un grupo de políticos brasileños ligados al escándalo “Lava Jato” que ha colocado al borde de un juicio político a la presidenta de Brasil Dilma Roussef y tiene bajo investigación judicial al expresidente Lula Da Silva.
En Costa Rica.
A nivel doméstico, los archivos de Mossack Fonseca sobre Costa Rica son la filtración de datos más voluminosa que haya explorado el periodismo nacional.
La filtración permitió el acceso a 74.958 documentos relacionados a Costa Rica, que incluyen copias de 56.876 correos electrónicos, 9.858 imágenes en PDF, 3.851 imágenes en formato TIFF, 119 planillas de Excel y 511 documentos de Word.
Se trata de copias de correos electrónicos, acciones nominativas y al portador, cheques, constitución de sociedades, fi deicomisos y corporaciones, pasaportes, informes legales, facturas, contratos y estados de cuenta que intercambiaron los empresarios costarricenses, sus abogados, secretarias y contadores con los funcionarios de Mossack Fonseca.
Durante los últimos meses un equipo de UNIVERSIDAD efectuó un sobrevuelo a ese enorme mar de información y profundizó en un grupo de casos que, por la relevancia pública de las personas o empresas mencionadas, resulta material de interés público. También se incluyeron aquellos casos en donde en el intercambio de correos y documentos se alude explícitamente a maniobras o estrategias para ocultar el trasiego de fondos o para eludir o evadir el pago de impuestos en Costa Rica.
A la hora de los nombres costarricenses, en los archivos de Mossack Fonseca aparecen políticos como el diputado de Partido Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth; la ministra de Obras Públicas y Transportes durante la administración Arias Sánchez (2006-2010), Karla González Carvajal; el ministro de Hacienda de la administración Calderón Fournier (1990-1994), Gonzalo Fajardo; el exdirector de Tributación Directa, Adrián Torrelba Navas; la ex primera dama Dorís Yankelewitz; la exdiputada y exalcaldesa de Alajuela, Joyce Zurcher; el exdiputado y exdefensor de los Habitantes, Rodrigo Alberto Carazo; el periodista y exembajador de Costa Rica ante Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri y el actual viceministro de Transportes, Sebastián Urbina Cañas.
También figuran en esos archivos la Ministra de Salud de la administración Arias Sánchez (2006-2010), María Luisa Ávila Agüero; el representante de Óscar Arias ante el directorio del PLN, Alfredo Ortuño Víctory; el tesorero de la campaña de Johnny Araya Monge, Orlando Guerrero Vargas; el banquero, ministro de Hacienda de la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) y presidente de la junta directiva del medio digital CRHoy, Leonel Baruch; el exministro de la Producción Alfredo Volio Escalante y el CEO de Florida Ice & Farm, Ramón Mendiola.
Los archivos del bufete panameño están colmados, además, de correos y gestiones para grandes empresarios y banqueros de Costa Rica como el presidente la Constructora Meco, Carlos Enrique Cerdas, el gerente general de Productos de Concreto y Holcim Costa Rica, Sergio Egloff y el banquero y expresidente de la UCCAEP, Emilio Bruce Jiménez; el banquero y ministro de Obras Públicas de la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), Javier Chaves Bolaños; el ex presidente la Confederación Costarricense de Fútbol, Hermes Navarro.
Los registros filtrados documentan también la participación en corporaciones, fideicomisos y sociedades en Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Panamá del presidente la junta directiva del Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez Echeverría; del ex presidente del Florida Ice & Farm y accionista relevante del Grupo Nación, Rodolfo Jiménez Borbón y del exmiembro del comité de vigilancia de Grupo Nación y viceministro de Hacienda durante la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), Carlos González Jiménez.
El caudal de documentos es elocuente al revelar los hilos de intercambio de correos electrónicos que permiten visualizar la evolución de las tareas que los abogados y funcionarios de Mossack Fonseca realizaban para sus clientes en Costa Rica.
El eje central de esos contactos entre los beneficiarios finales de estos servicios y la firma panameña, eran bufetes en Costa Rica como Facio y Cañas, Gonzalo Fajardo y Asociados, Zurcher Odio & Raven, el abogado y ministro de Seguridad durante la administración Figueres Olsen (1994- 1998), Juan Diego Castro y el Bufete Arias y Muñoz, entre otros.
La panorámica que surge al analizar los documentos es la de una complejísima y opaca trama de dinero que se moviliza a través de sociedades y corporaciones radicadas estratégicamente en distintos países y jurisdicciones fiscales y que se relacionan entre sí como un cuerpo de cajas chinas, en donde cada una es propietaria de la siguiente, pero al final todas están bajo control de un beneficiario final en Costa Rica.
Estas cadenas de empresas, relaciones societarias y flujos financieros en muchos casos parten desde reconocidas empresas y líderes empresariales de Costa Rica que aparecen en los registros de Mossack Fonseca comprando el control de empresas ya conformadas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Belice, en donde las personas que aparecen como representantes o dignatarios son provistas por el bufete panameño.
Mientras tanto, en Costa Rica, el gobierno gestiona un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $500 millones para poder cubrir el 3% del Presupuesto Ordinario del 2016; el Ejecutivo y el parlamento debaten sobre la aplicación de un paquete de leyes para reducir el controvertido défi cit fi scal; un estudio del Ministerio de Hacienda revela que el monto de la evasión en el país roza el 8% de PIB y prominentes empresarios y diputados se oponen que el Ministerio de Hacienda disponga de un registro de accionistas y beneficiarios finales de las empresas que operan en el país.
