Investigación

Aborto terapéutico atrapado entre el temor médico

Ilustración de óvulo
  • Por desconocimiento y miedo a consecuencias legales, los profesionales en salud propician trabas para realizar este tipo de interrupción del embarazo en el país.

A sus 24, Lucía cursa el último año de medicina en una universidad del país. Al preguntarle por aborto terapéutico recuerda haberlo visto en una clase y asegura que “está prohibido en Costa Rica”.

Cuando escucha sobre el artículo 121 del Código Penal, que contiene la figura del aborto impune (conocido como aborto terapéutico), con tono de quien recién recupera la memoria expresa que sólo se realiza cuando la madre tiene alto riesgo de morir a causa del embarazo. Sobre la palabra “salud”, incluida en el artículo, no da respuesta; pues en su formación académica tampoco se la dieron.

ART. 121, Código Penal de Costa Rica

No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.

El aborto terapéutico es objeto de juicios y temores que viajan desde las aulas universitarias hasta los consultorios médicos. Una de las obstetras entrevistadas, con más de 25 años de ejercer en el campo, asegura que este tipo de interrupción del embarazo se hace únicamente cuando se demuestra que la vida de la mujer está en peligro.

Al consultarle sobre el término de “salud” incorporado en la ley, remite que en el artículo no se especifican sus alcances y que, por lo tanto, “el marco jurídico no permite realizarlos en casos de que sea la salud mental la que está siendo afectada o hayan malformaciones del feto incompatibles con la vida”.

Cuando se intenta contactar con los hospitales nacionales, las respuestas evasivas reflejan que todavía es un tabú; algo que refuerzan varias de las personas entrevistadas que prefirieron no ser identificadas por sus nombres, por temor a críticas en el gremio.

Costa Rica registra un promedio de setenta mil nacimientos al año. ¿Cuántos abortos terapéuticos calcula que se han realizado en los último 20 años, según la CCSS?
Entre 50 y 100
Entre 100 y 250
Más de 250
Gracias por su respuesta.

¿Cuántos abortos calcula que se han realizado en los hospitales públicos de Costa Rica en los últimos 20 años? La cantidad que registra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) no alcanza los 80, en un país donde se atienden alrededor de setenta mil partos anualmente.

“Si ni siquiera hay una buena formación en macro en derechos sexuales y reproductivos mucho menos va haberlo en algo tan específico como aborto terapéutico y la formación en ética no es en absoluto suficiente”, manifestó Gabriela Arguedas, experta en Bioética  y derechos humanos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Luis Zamora, decano de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed), asegura que el tema del aborto se plantea al estudiante desde puntos de vista médicos, legales y éticos. “Se enseña la parte teórica, las leyes que nos rigen y la situación que tenemos en el país; cuando el estudiante pasa de médico general a especialista ahí ocurre otra situación porque el individuo se adueña del tema y saca sus propias conclusiones”, aseguró.

El decano Christian Blanco, de la Universidad de Iberoamérica (Unibe), indicó que temáticas como el aborto terapéutico se abordan desde una visión ética, legal y objetiva, “para que el estudiante tenga una noción de los aspectos legales del ejercicio y la práctica médica; también se revisan los aspectos puramente médicos relacionados especialmente a la salud o el riesgo de la madre”.

Se intentó conocer acerca de la formación en cuanto aborto terapéutico que reciben los estudiantes de medicina de la UCR, por lo que se consultó a la directora de esta carrera, Lisbeth Salazar, quien delegó la respuesta en la doctora Flory Morera, sin embargo pese a múltiples intentos, no se obtuvo respuesta.

A pesar de que el aborto impune está en la ley desde hace más de 45 años, su aplicación no se hace efectiva por la interpretación que hacen los médicos, la deficiente formación académica de los profesionales en salud sobre el tema y la ausencia de un reglamento para su práctica en los hospitales.

Resistencia médica

En los primeros meses de gestación, Aurora (nombre ficticio) supo que su deseado embarazo no llegaría a ningún lado, porque el feto padecía del síndrome abdomen-pared y sus órganos estaban expuestos. Pero continuó con su embarazo, no porque así lo deseara sino porque así lo dispusieron los médicos, quienes sabían que el feto no tenía ninguna posibilidad de vivir fuera del vientre. Su caso se daría a conocer después en medios locales y extranjeros porque sería objeto de una denuncia internacional, pero en ese momento solo quería salir de su embarazo inútil.

Los médicos que la atendieron en el Hospital Calderón Guardia le negaron el aborto terapéutico escudados en el argumento de que su vida no corría ningún peligro y arrinconaron las implicaciones físicas y psicológicas que podría sufrir. Los doctores resolvieron recetar ansiolíticos, para distraer el sufrimiento de una madre en espera de parir a un hijo que deseaba, pero que nunca llegaría a criar.

Recurrir a la clandestinidad no era una alternativa, en Costa Rica la pena por abortar es de uno a tres años y realizarlo legalmente tampoco era opción tras un ciclo de negativas que terminó por agotar el tiempo. Luego de meses de dolores intensos, vómitos diarios y otras afectaciones, Aurora dio a luz.

“No puedo entender cómo el doctor que diagnosticó la enfermedad de mi bebé dijo que no iba a sufrir. Él se estuvo ahogando en mi vientre por semanas, con los pulmones fuera del cuerpo, destripado por mis órganos. Después supe que aspiró su propia materia fecal, hasta que nació. Aunque él no nació, él agonizó cinco minutos”, relató al diario El País en el 2013 cuando accedió a contar su historia.

Larissa Arroyo, abogada y activista en derechos humanos, acompañó a Aurora al hospital para solicitar la interrupción del embarazo, pero el médico le indicó que eso no era permitido y al consultarle sobre el artículo 121, la respuesta demostró la incertidumbre en el gremio para aplicarlo.

“El doctor fue muy vehemente en decir que eso no se permitía y cuando le pregunté sobre el Código Penal, él lo que dijo fue: yo no sé, pregúntele a mi jefe”, contó Arroyo. UNIVERSIDAD intentó conversar directamente con Aurora, pero su abogada indicó que no accedió a hablar más del tema.

Para Sylvia Mesa, psicóloga del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), “se tortura a la mujer sin ninguna razón, no se toma en consideración lo que implica en términos de sufrimiento psicológico y físico el estar en esa situación”.

Ese el caso de Aurora, que se discute en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ha puesto al país detrás de la creación de una norma que regule la aplicación del Artículo 121, ya que el proceso para aplicar el aborto terapéutico varía de un centro de salud a otro. Por eso “a veces es cuestión de suerte si acceden a realizarlo o no”, según la abogada Arroyo.

Algunos hospitales, por ejemplo, elevan los casos a sus comités de bioética clínica, que han venido a llenar el vacío de una normativa clara. Estos comités, son conformados la mayoría de las veces por médicos de distintas especialidades, profesionales en enfermería y trabajo social, farmacia y asesoría legal, para que brinden recomendaciones que colaboren a tomar una decisión.

Otros reúnen a los médicos obstetras y especialistas si la mujer sufre de alguna enfermedad peligrosa. A veces la decisión queda a criterio de un solo médico.

“No hay caminos, los médicos no tenemos directrices concretas y entonces cuando la ley no lo impide lo hace el proceso, porque es una tramitología que cada vez que sucede nos la inventamos”, manifestó Oscar Cerdas, jefe de la unidad de gineco-obstetricia del Hospital San Juan de Dios.

Pero el mayor dilema al que el aborto impune se enfrenta es la interpretación que hacen de él, pues los médicos aseguran que el artículo 121 no toma en cuenta la salud  mental y emocional de la madre y por eso sólo lo aplican cuando su vida está en riesgo por el embarazo, la mayoría de veces por causa de una enfermedad que antecede al periodo de gestación.

El sentido que en la práctica se le da al concepto de “salud” como la ausencia o presencia de enfermedad, contraría la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que entró en vigencia desde 1948 y que Costa Rica ratificó, pues no se toma en cuenta el aspecto mental.

Definición de salud

La salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, según la Organización Mundial de la Salud.

Allan Varela, jefe de la Unidad de Servicios de Salud de la CCSS, explica que el país no realiza la interrupción del embarazo por causal de malformaciones del feto incompatibles con la vida. No obstante, quienes defienden casos como los de Aurora, aclaran que la petición del aborto se realiza para proteger el bienestar físico y mental de la madre.

El obstetra Raimundo Riggioni, quién trabajó en distintos hospitales del país y ahora está pensionado, asegura que existe un gran desconocimiento del tema dentro del gremio médico, sobre todo en la parte legal; lo que causa aún más trabas para realizarlos.

“Hay médicos muy conservadores y hay médicos muy temerosos; les da miedo que por una acción de estas vayan a tener un riesgo jurídico”, comentó el obstetra. Para esta publicación se constató que no hay  demandas contra médicos por realizar un aborto de este tipo, ya que se debe practicar con el consentimiento de la mujer.

Las creencias religiosas también se cuelan en las salas de maternidad cuando se necesita de la interrupción del embarazo, mientras el Colegio de Médicos y Cirujanos respalda que los profesionales en salud tengan la oportunidad de negarse a realizarlo al aducir su derecho de objeción de conciencia.

ART. 181, Código de Ética Médica

La salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, según la Organización Mundial de la Salud.

Algunos obstetras consultados estarían de acuerdo en practicar abortos terapéuticos en circunstancias que afecten de manera grave la salud emocional de la mujer, como cuando el feto sufre malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina y ella no desee seguir con el embarazo. Estarían de acuerdo, pero solo si les garantizaran seguridad jurídica. Inclusive, aceptan que Aurora y A.N. (un caso similar que se dio a conocer hace 10 años) necesitaban la interrupción del embarazo porque eran de alto riesgo, pero el miedo a consecuencias legales y sociales frenan estos casos.

¿Si usted fuera profesional de salud, ofrecería el aborto terapéutico a una mujer cuyo feto no tiene posibilidades de vivir fuera del útero y esto está provocando graves afectaciones a su salud mental?
No
Gracias por su respuesta.

Aborto en la práctica, cardiopatía en el papel

Una mujer entró al hospital por complicaciones en su embarazo a raíz de una cardiopatía. Su vida estaba en peligro y su periodo de gestación tuvo que ser interrumpido de emergencia. Para las bitácoras, a ella la atendieron únicamente por una cardiopatía.

“En este momento yo no podría darle estadísticas reales de cuántos abortos impunes se practican, porque muchas veces justamente por la falta de una norma que ordene, los diagnósticos de salida en el hospital ponen la patología que causó la interrupción del embarazo”, externó Allan Varela, jefe de la Unidad de Servicios de Salud de la CCSS.

Cuando se suman, los abortos médicos registrados desde el 2007 no alcanzan los 30. Si se alarga el tiempo, desde 1997 se han documentado 78 casos de este tipo de interrupción, según el área de estadísticas de la CCSS. Es decir, alrededor de cuatro abortos terapéuticos por año, en un país que atiende más o menos 70 mil nacimientos anualmente y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reporta alrededor de 1.190 defunciones infantiles por malformaciones congénitas desde el año 2011.

Los hospitales que más registran son el México (26), el San Juan de Dios y el Calderón Guardia (9 cada uno), el Hospital Adolfo Carit (8) y el Hospital Max Peralta (5). Por otra lado, los centros médicos de la periferia reportan entre uno y cuatro abortos terapéuticos en las últimas dos décadas.

78 en 20 años
Los hospitales centrales son los que más registran abortos médicos, el resto de centros de salud registran entre 1 y 4 interrupciones terapéuticas en los últimos 20 años. Según la CCSS.Pase el cursor sobre un hospital para ver la cantidad de abortos terapéuticos.(Fuente: CCSS)

Hospital San Juan de Dios
9

Hospital México
26

Hospital de la Mujer Dr. Adolfo Carit
8

Hospital Carlos Luis Valverde Vega
2

Hospital Dr. Maximiliano Peralta
5

Hospital San Vicente de Paúl
2

Hospital William Allen
3

Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia
9

Hospital de Los Chiles
1

Hospital Víctor Manuel Sanabria Martínez
3

Hospital Enrique Baltodano Briceño
2

Hospital Tony Facio
1

Hospital de Guápiles
4

Hospital de Osa Tomás Casas Casajús
1

Hospital de San Vito
1

Sin embargo, algunos médicos en ejercicio aseguran que existe una “cifra negra”, pues el miedo también toca a la puerta del consultorio cuando los abortos deben registrarse en el papel, aunque esté cobijados bajo el artículo 121.

Por esa razón, conocer el número exacto de abortos impunes hechos o mostrar la cantidad de mujeres que lo han solicitado resulta tan imposible como viajar al pasado, pues la estadística se tambalea en lo incierto.

“Solamente en un hospital sería ese número (80)”, expresó uno de los médicos entrevistados que además asegura que los embarazos ectópicos (cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, especialmente en la Trompa de Falopio) y los molares (crecimiento de tejido anormal dentro del útero) no se están tomando en cuenta, ni en el papel ni en el imaginario, como intervenciones terapéuticas de un embarazo.

Por su parte, la investigadora del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), María Carranza Maxera, que analizó los expedientes con egresos por abortos terapéuticos entre 1994 y 2003, asegura que los casos son indiscutibles, ya que se realizaron en mujeres con enfermedades graves como cáncer o cardiopatías.

“En los casos donde no se hizo, como el de Aurora, no tenemos mucho conocimiento porque no se concibe que la salud mental pueda ser parte de esa salud que hay que proteger, uno encuentra que hay una interpretación muy limitada de lo que podrían ser causales de aborto terapéutico”, explicó Carranza tras su estudio.

Estandarizar el proceso

¿Estaría de acuerdo con una norma que reglamente los debidos procesos y plazos para analizar los casos de posibles abortos terapéuticos?
No
Gracias por su respuesta.

El Estado enmudece ante el tema bajo el alegato de que están en un proceso de resolución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por una demanda que enfrenta por negar la interrupción del embarazo a una mujer cuyo feto no tenía ninguna posibilidad de vivir fuera del útero, una situación que la afectó física y psicológicamente. Desde la CCSS, se limitan a brindar la posición de la institución y su presidente ejecutivo, Fernando Llorca, señaló que a la norma no pueden referirse.

Cuando Aurora y A.N. demandaron al Estado su objetivo era simple: que ninguna mujer pasara por la tortura que ellas vivieron durante meses y que aún hoy siguen experimentando, por causa de un gremio que no supo cómo actuar ante sus casos.

“Ambas tenían el objetivo primario de que se pudiera aprobar un protocolo o una norma que asegurara que ninguna otra mujer fuera a vivir lo que ellas vivieron, ese trato inhumano, cruel y degradante, esa tortura a la que ellas habían sido expuestas”, explicó Larissa Arroyo, representante legal de ambas y activista en derechos humanos.

En el 2015, el Estado ofreció una resolución amistosa y se comprometió a la creación de una norma que estandarice la aplicación del artículo 121 en todos los hospitales del país. El borrador de este reglamento fue terminado hace más de un año por la comisión creada por el Ministerio de Salud para su elaboración. Ahora, está en manos de Cancillería y no permiten acceder a su contenido, porque está en etapa de revisión.

Para algunos grupos religiosos el reglamento podría abrir portillos para ampliar las razones para practicar el aborto terapéutico en Costa Rica, de acuerdo con Arguedas.

No obstante, según Allan Varela, acatar las recomendaciones de organismos internacionales -como la Organización Mundial de la Salud (ONU) y la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw)- de ampliar las causales requiere la modificación del Código Penal, opinión que refutan algunos médicos.

“La norma es norma para la aplicación del 121 del código penal, hay líderes en derechos humanos y a favor de la mujer que tienen muy claro que esta norma no es el instrumento para abrirla a un montón de casos, lo que hay que modificar es el Código Penal”, opinó.

El contexto político nacional y la escalada de influencia religiosa hacen de momento improbable una reforma legal en un tema que despierta pasiones y condenas morales. Por ahora, tanto los profesionales en salud como grupos activistas a favor del procedimiento esperan la resolución final de la norma para conocer el marco de acción al que deben apegarse, esto si las demandantes aceptan el resultado.

¿Qué dicen los candidatos?

Aprovechando la coyuntura electoral, UNIVERSIDAD intentó conocer la opinión de los candidatos presidenciales al período 2018-2022 sobre el aborto impune, pero sólo se obtuvo la respuesta de once de ellos. A continuación puede escuchar un extracto de sus respuestas.

Mario Redondo, Alianza Demócrata Cristiana
Estamos claros que hay en nuestra legislación una regulación sobre ese tema en particular en los casos en que hay riesgo para la vida de la madre, creemos que no se debe ir más allá

Carlos Alvarado, Partido Acción Ciudadana
No propongo cambios en la ley pero sí que se implemente un protocolo para hacer cumplir lo que está vigente en la ley desde 1971

Sergio Mena, Nueva Generación
Una mujer que le peligra su vida a la hora de estar en un parto tiene todo el derecho según el Código Penal de Costa Rica y las leyes a solicitar que se le practique el aborto terapéutico

Stephanie Campos, Renovación Costarricense
Es una decisión que tiene que tomar el médico cuando realmente la vida de la madre está en peligro

John Vega, Partido de los Trabajadores
Creemos que es una necesidad, no se está aplicando por falta de reglamentaciones pero también por una resistencia del personal de salud que asume criterios confesionales y creemos que eso es un error

Rodolfo Hernández, Partido Republicano Social Cristiano
Está muy bien definido (...) este servidor apoya ese único aborto terapéutico en el entendido que es para salvar una de las vidas y con el consentimiento de la madre

Antonio Álvarez, Partido Liberación Nacional
En una situación cuando se recurre al aborto terapéutico es cuando está en peligro la vida de la madre, independientemente de su estado de salud mental. (Declaración brindada por la vocera Andrea Álvarez)

Otto Guevara, Movimiento Libertario
Si está en juego la vida de la madre y si se cuenta con información de doctores que así lo señalen y si la madre está de acuerdo, en ese caso si procede el aborto terapéutico

Edgardo Araya, Frente Amplio
En realidad no es que no se hace, lo que pasa es que queda siempre a mucha discreción del médico que en ese momento se enfrenta (...) la idea es que se pueda establecer un procedimiento

Fabricio Alvarado, Partido Restauración Nacional
Es una forma de legalizar el aborto puro y simple bajo el ropaje de proteger a la mujer y a un bebé que no viene viable


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Asesinan a periodista de Papeles de Panamá en Malta

(Créditos: Foto ICIJ)

Con un artefacto explosivo que transformó su automóvil en una bomba, asesinaron hoy lunes a la periodista Daphne Caruana Galizia, quien tenía un blog de altísima circulación y que investigó en Malta la corrupción política ligada a los Papeles de Panamá.

El crimen ocurrió acerca de su casa y según indica el periódico británico The Guardian la violenta explosión fue reportada a las 3 pm (hora de Malta).

Los medios locales de Malta señalan que la periodista había denunciado  hace 15 días que la habían amenazado de muerte.

Sus últimas  investigaciones  señalaron al primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ya dos de sus ayudantes más cercanos, conectando compañías extraterritoriales vinculadas a los tres hombres con la venta de pasaportes malteses y pagos del gobierno de Azerbaiyán, según reporta hoy The Guardian.

El director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Gerard Ryle, señaló que condena la violencia contra periodistas y está profundamente preocupado por la libertad de prensa en Malta.

“El ICIJ hace un llamado a las autoridades maltesas para que investiguen el asesinato y lleven a los perpetradores ante la justicia” expresó en la página del ICIJ.

Daphne era la madre del desarrollador y periodista de datos de ICIJ, Matthew Caruana Galizia, quien vivió en Costa Rica y laboró para la unidad de investigación del diario La Nación que entonces dirigía la periodista Giannina Segnini.

UNIVERSIDAD condena este cruel e indignante crimen y hace un llamado a defender la seguridad y la  independencia de los periodistas.


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Hubo una pregunta que sobresalió entre las que quedaron en el aire en la sesión nocturna de este martes de la comisión legislativa que investiga los créditos del Banco de Costa Rica al empresario importador de cemento chino: ¿se planeaba usar este producto para el proyecto de ampliación de la carretera San José-San Ramón estipulado en un empréstito controlado por este mismo banco?

La pregunta mencionada por la diputada Epsy Campbell (PAC) no se contestó ahí. La presidenta del BCR, Mónica Segnini, solo respondió que el proyecto aún es objeto de análisis en la Contraloría General de la República (GCR).

La sospecha de Campbell sobrevino después de que el diputado Ronny Monge, presidente de la comisión investigadora, mencionara (sin pruebas) un supuesto vínculo familiar entre el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, y el ingeniero a cargo del fideicomiso para la ampliación de la carretera a San Ramón, Pedro Pablo Quirós.

Quirós fue contratado en febrero por decisión directa del gerente general Mario Barrenechea, suspendido temporalmente mientras se investiga si incurrió en irregularidades en la gestión de dos créditos por $30 millones a la empresa de Bolaños Rojas para importar cemento de China.

El vínculo familiar, sin embargo no está probado de momento. Tampoco hay prueba alguna de que el proyecto a cargo de Quirós se estuviera planteando para ser construido con cemento importado por Bolaños, aunque no se descarta esa posibilidad o la opción legítima de que el empresario mediante sus empresas constructoras.

Esto lo explicó el ingeniero Quirós la semana pasada a UNIVERSIDAD, cuando se le consultó de manera específica por plan alguno de utilizar cemento chino el proyecto a su cargo.

“¡No, jamás! Uno abre las puertas para el uso de una funcionalidad y que los oferentes propongan lo que es más conveniente para el país. Hay muchos desarrollos en que la gente lo que ve es solo lo de arriba, pero hay muchos asfaltos y concretos. A mí me daría pena que se tergiverse hacia un determinado tipo de cemento. Eso sería como tener esto medio arreglado y no me gusta ni siquiera la sugerencia. Mientras yo esté aquí, no me presto para eso”, respondió Quirós, quien fungió como presidente del Instituto Costarricense de Electricidd (ICE) durante el gobierno de Óscar Arias, entre 2006 y 2010.

Quirós sí dejó abierta la puerta a la opción de que el proyecto de 60 kilómetros, o parte de este, se construya con una superficie de cemento. “Podría ser, dependiendo de los criterios para adjudicar. No son solo nuestros criterios; está también Conavi (Consejo Nacional de Vialidad) y pediríamos apoyo de Lananme y el Colegio de Ingenieros”, contestó el asesor especial.

Consultado en concreto sobre relación alguna con Bolaños, admitió que lo conoce. Su explicación es que ambos son oriundos del cantón de Grecia. No mencionó relación alguna consanguínea. Una consulta en el Registro Civil tampoco deparó vínculos hasta segundo grado.

Quirós aseguró que el proyecto de fideicomiso se mantiene firme a pesar de los cuestionamientos sobre los créditos al importador de cemento chino, del conflicto en el seno de la junta directiva y de la suspensión temporal de Barrenechea.

El proyecto está previsto para un costo aproximado de $600 millones y todo el control lo tendría el BCR, entidad que se encargaría de la estructuración financiera y de adjudicar los diseños y las obras.

Otro proyecto en el que se podría utilizar cemento chino es la ampliación de la ruta 32, financiada por China, según el diputado Luis Vásquez, uno de los legisladores que defiende las operaciones de Juan Carlos Bolaños. Este mismo diputado hizo la solicitud de usar el cemento chino al embajador de ese país, Song Yanbin, en una reunión en junio de 2016.


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La Agricultura: un oficio sin herederos

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El 5 de mayo de 1978 fue colocado en el costado norte del Aeropuerto Juan Santamaría el Monumento al Agricultor, obra del artista Francisco Zúñiga, que se mantuvo ahí por los siguientes treinta y tres años. La figura presenta a un campesino trabajando la tierra, con una mujer a su lado y un niño desnudo sujetado de su madre, que simboliza la honradez del agricultor y la importancia de este oficio que le ha dado sustento a Costa Rica desde sus orígenes como nación.  

El monumento fue removido en diciembre del 2011, debido a que varias piezas fueron robadas, y desde entonces está en custodia del Museo de Arte Costarricense, mientras el gobierno busca un lugar apropiado para ubicarlo. En la actualidad esta obra no parece provocar interés alguno y todo indica que así se quedará por un tiempo indefinido.  

Los agricultores costarricenses no están esperando reubicación, pues no tienen a dónde ir y su futuro es incierto. Ahora están más envejecidos, más empobrecidos e invisibilizados que nunca; mientras que los planes para garantizar un relevo generacional tampoco están a la vista.

Una profesión envejecida

“Desde que tengo uso de la razón siembro con mi papá tomate, ahora tengo casi 60 años y sigo en esto”, cuenta Vinicio Rodríguez, oriundo de San Rafael de Alajuela, quien es en muchos sentidos un típico agricultor costarricense. Vestido con camisa de botones, pantalón de mezclilla y botas, camina por las 3 manzanas de tierra que alquila para poder sembrar tomate y ganarse la vida, mientras revisa planta por planta para asegurarse que no tengan enfermedades o gusanos.

A sus 59 años, Vinicio ha pasado las últimas cuatro décadas y media de su vida dedicado al cultivo de tomate, lo mismo que ha hecho toda su familia por mucho tiempo. “Contando primos y hermanos éramos como unos 45 agricultores en la familia, pero ahora sólo quedo yo”.  Vinicio dice estar completamente enamorado de su trabajo.  

Cualquiera podría pensar que alguien que se acerca a los 60 años ya estaría considerando el retiro, pero Vinicio no está seguro de cuándo dejará de trabajar. En realidad, este alajuelense no es un caso particular, ya que la mayoría de los agricultores de Costa Rica se encuentran en una situación similar. La agricultura es una labor envejecida, la gran mayoría de los productores agrícolas costarricenses son de mediana edad.  

Vinicio Rodríguez y sus peones

El último Censo Nacional Agropecuario, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2014, señaló que las personas que se dedican a las labores agrícolas de Costa Rica tiene una edad promedio de 53,9 años, siendo 54,1 para para los hombres y 52,6 para las mujeres.

“La estructura por edad presenta un marcado envejecimiento de la población”, explica el INEC. Incluso existe un porcentaje considerable de productores agrícolas que son adultos mayores, el 22,5% de esta población tiene 65 años o más.

Hay cantones donde el promedio de edad está muy por arriba de los 59 años. Tal es el caso de Tibás, San Pablo y Santo Domingo, donde hay promedios de 74,0, 71,4 y 64,2 años respectivamente.  

Los cantones con la edad promedio más elevada son Tibás (74,0), San Pablo (71,4) y Santo Domingo (64,2).

Incluso los cantones con la población de agricultores de menor edad tienen un promedio de relativamente alto. Escazú (49,5), Limón (49,3) y Talamanca (46,7) tienen los números más bajos de todo el país.

En el cantón de Parrita en Puntarenas, vive Adolfo Valverde, un agricultor de 52 años que a pesar de venir de un contexto muy distinto al de Vinicio, tiene mucho en común con él.  Con sus botas de hule para caminar por el barro de su finca y una gorra para protegerse del intenso sol del Pacífico, todas las mañanas este puntarenense fumiga su arroz, el producto que le ha dado sustento por tantos años.

Él ahora es el encargado de continuar con la tradición familiar y sigue trabajando en el mismo terreno que lo hizo su padre. A pesar de que también dedica parte de su finca a otros productos, Adolfo le sigue dedicando su vida al arroz.

Al igual que Vinicio, Adolfo es un hombre de mediana edad que se ha dedicado toda su vida a sembrar principalmente un producto y tampoco está seguro de a qué edad se retirará y de qué pasará con su tierra entonces.

Los cantones con la edad menos elevada son Escazú (49,5), Limón (48,3) y Talamanca (46,7).

Las fincas de Vinicio y Adolfo son solamente dos de las 93.017 que hay en el país, para un total de 2.406.418,4 hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria, equivalente a un 47,1% del territorio nacional.

De 1984 al 2014 hubo una reducción en la cantidad de fincas de 8,7%, así como las hectáreas agropecuarias se redujeron en 21,6% en este lapso. La finca de Adolfo mide 150 hectáreas, mientras que el terreno que trabaja Vinicio solamente 3 manzanas (21 000 metros cuadrados); ninguno de los dos está cerca del promedio que fija el censo de 25,9 hectáreas.

Otro aspecto en el que Vinicio se sale del promedio es en la forma de posesión de la tierra, ya que el terreno que trabaja es alquilado, por lo que forma parte del 4,6% de fincas alquiladas de país. En Costa Rica el 91,2% de las fincas son propias del productor y tan sólo 1,8% presenta otras formas de tenencia. En el caso de la finca de Adolfo sí es propia.

El envejecimiento de la población agrícola no es algo exclusivo de los hombres, los números de las mujeres son muy similares. La edad promedio de la mujer agricultora es de 52,6 años.   

En Aserrí, hay un grupo de mujeres emprendedoras que han desarrollado un proyecto de café, la Asociación Ideas Productivas Femeninas de La Legua de Aserrí (Asiprofe).

El Censo Agropecuario del 1984 mostró un total de 101 938 fincas, mientras que el del 2014 mostró 93 017. Eso equivale a una reducción del 8,7%.

Margot Rivera y Rita Espinoza son parte de esa organización, ellas tienen 49 y 52 años respectivamente. Según afirman, la mayoría de las compañeras de la asociación también ronda  esas edades.

Ambas productoras son nativas de La Legua de Aserrí y vienen de familias de tradición agrícola, pues sus padres eran cafetaleros. Para Margot fue natural asumir la profesión de agricultora, ella dice llevar el oficio en la venas. “Seguro de ahí uno hereda el espíritu emprendedor”, bromea.

La situación de estas mujeres de Aserrí no es muy diferente en cuanto a edad, aunque sí manejan la tierra de forma diferente: cada una posee alrededor de 3 hectáreas, pero el trabajo lo aportan entre todas, por lo que terminan por atender en total 11 hectáreas.

30 años de soledad

El envejecimiento del agricultor costarricense es una realidad que ahora salta a la vista, pues pasó mucho tiempo para que un nuevo censo diera una fotografía actualizada de este sector. El último censo antes del 2014 fue en 1984, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda que este tipo de estudios se haga cada 10 años.

Didier Hernández, coordinador del Censo Agropecuario del 2014 explicó que hubo una serie de razones que retrasaron su realización. En el año 2000 hubo una intención de realizar los tres censos al mismo tiempo (población, vivienda y agropecuario), pero la institución no tenía la capacidad para hacer los tres y se sacrificó el agropecuario.

El objetivo general del Censo plantea que se busca suministrar información confiable para “formular planes, programas e instrumentos del desarrollo, estudios y análisis de políticas”. No obstante, pasaron veinte años en que esta información no estaba disponible, ya que los censos pierden validez después de 10 años.   

Vinicio atendiendo su finca.

Olman Quirós, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica (UCR), recordó la dificultad que representó para los investigadores no tener esos datos básicos a mano a la hora de embarcar en un proyecto.

El decano contó que era necesario ir de organización en organización recolectando información de los diferentes sectores productivos, lo cual complicaba más el trabajo.  “Uno tenía que armar un rompecabezas”, aseguró.

Quirós afirma que la información censal ha sido poco aprovechada en su facultad. Asimismo, ninguna institución ha realizado un estudio a profundidad enfocado en el envejecimiento del agricultor.

Diego González, especialista en agronegocios y proyectos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), explicó que por el momento esa institución no ha realizado análisis específicos con respecto al tema. “Tenemos noción y referencias pero no se ha generado ningún documento al respecto.”  

Perfil del agricultor

Más pobres

El último informe del Estado de la Nación, destaca un aumento en el coeficiente Gini de 1984 al 2014. En este indicador de la distribución de la tierra, cuanto más se acerca a 1, peor distribuida está. En 1984 el coeficiente Gini de Costa Rica fue de 0,81 y en el 2014 de 0,82. Además, el informe resaltó que los cantones que abarcan grandes extensiones agropecuarias tienen coeficientes que fluctúan entre 0,74 y 0,79 en esta escala.

La mitad de las fincas del país suma apenas un 3% de las hectáreas agropecuarias, así como el 80% de las fincas representa solamente el 15% de las hectáreas agropecuarias.

El Estado de la Nación también hace evidente la mala distribución de la tierra. Si se juntara a la mitad del total de fincas de menor tamaño de todo el país, estas solo cubrirían el 3% del área total cultivada. Peor aún, si se juntara el 80% de las fincas más pequeñas, estas solo representarían un 15% del total nacional.

“Un pequeño número de fincas grandes (de más de quinientas hectáreas) abarca una cantidad importante del área agropecuaria”, apunta el documento.  

El informe realiza un análisis de los datos del Censo de Población del 2011 y del Censo Agropecuario del 2014 y muestra una asociación directa entre la pobreza de los cantones y la extensión del área agropecuaria, sin importar el método de medición de pobreza que se utilice. También muestra una relación “directa y positiva” entre el empleo agropecuario y los hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI).

“En Matina, Los Chiles y Buenos Aires más de la mitad del empleo está concentrado en el agro y más de la mitad de los hogares tiene NBI”, expone el informe. También se explica que no hay una relación definitiva entre empleo en agro y pobreza, ya que hay excepciones de cantones con un robusto sector agropecuario y bajo NBI, pero definitivamente existe una tendencia.

Además de los números que muestran estos documentos, los mismos productores dicen que hay otras problemáticas constantes que dificultan vivir de la agricultura. Vinicio Rodríguez comentó que en este oficio no hay seguridad de que siempre se le saque ganancia a la siembra. Según anden los precios algunos días se gana y otros no.

Adolfo Valverde fumiga su arroz todas las mañanas.

“Siempre han habido problemas de mercadeo, libre comercio, plagas y ahora el cambio climático. Si llueve mucho hay problemas, si no llueve también.” Otro gran obstáculo que destaca el alajuelense es la participación de los intermediarios, ya que al pasar el producto por varias manos, al que menos le toca es al agricultor y se complica obtener una ganancia sustancial.

En Matina, Los Chiles y Buenos Aires más de la mitad del empleo está concentrado en agro y más de la mitad de los hogares tienen NBI (necesidades básicas insatisfechas).

Por todas estas razones la familia de Vinicio ha abandonado la agricultura.“Los que quedamos en este asunto somos valientes, porque hay muchos problemas. Conozco gente que ha perdido la casa y la finca.”

Él piensa que al productor agrícola se le va seguir haciendo difícil la vida hasta que no haya una política del gobierno que se involucre con el agricultor directamente y quiera ayudarlos. “El gobierno debe acercarse y averiguar qué necesita el productor, si no hay eso, probablemente llegue el agricultor a desaparecer.”  

Margot y Rita padecen apuros similares a las de Adolfo y Vinicio. Para ellas los intermediarios son un problema constante, ya que les dificulta obtener ganancia. Debido a esto, tuvieron la idea de trabajar con valor agregado y vender el café directamente.

“En este momento si uno estudia la cosecha se da cuenta que no da mucha ganancia. Por eso queremos vender directamente”, expresó Margot. Ellas se han visto forzadas a buscar alternativas porque en el modelo tradicional el agricultor no es el que recibe la mejor parte de la producción.

Las agricultoras destacan el acceso a créditos como uno de los mayores inconvenientes. “Los productores no tienen la garantía de que le vayan a dar préstamos. Muchos programas no cuentan al agricultor como un sujeto de crédito”.  

Para Rita, el obstáculo más grande, aparte del factor económico, es el machismo. Según cuenta, en ocasiones asistían a instituciones y se burlaban de ellas por ser un grupo de “mujeres viejas”.  

“Hemos caminado al lado de las instituciones pero adquirir credibilidad nos costó muchos años”, continuó. Sin embargo, no creen estar completamente solas, ya que han recibido apoyo de instituciones como el INA, de sus familias e incluso de la iglesia local, la cual donó una máquina procesadora de café.

Margot y Rita en su finca compartida de café.

Margot opina que el gobierno ha abandonado al productor, de vez en cuando reciben alguna asesoría del MAG, pero económicamente los aportes han sido muy limitados. “El gran problema es la miseria en la que vivimos, no alcanza para pagar sueldos. Por eso se necesita un apoyo real del gobierno.”

Ellas creen que el gobierno debe revisar las políticas, ya que no hay un sólo plan que cause impacto en el área agrícola. Ven como una prioridad que hayan menos trabas y más articulación. “No nos ha ido tan mal como a otros pero es porque sabemos llevar procesos y somos perseverantes (…) Hay funcionarios muy comprometidos en el gobierno, pero hace falta unificación de las instituciones”, aclaró Rita   

El mapa presenta la cantidad de terreno dedicado a la producción agropecuaria por cada provincia del país.

Malas condiciones de la agricultura provoca que los jóvenes opten por migrar a la ciudad o buscar un empleo de baja calificaciónHijos de agricultores rechazan el oficio de sus padres

  • Expertos señalan necesidad de un cambio en la agricultura tradicional para atraer a la juventud.

 

Pedro Byron con su hermano que recién llega a la ciudad.

Un importante número de jóvenes de zonas rurales han decidido no seguir con la profesión de sus padres, y esto es una de las razones principales por las que ahora predominan los agricultores de avanzada edad.

Vinicio Rodríguez, productor de tomate de San Rafael de Alajuela, tiene tres hijos de 31, 22 y 16 años. Al mayor, quien trabaja para una empresa, y al menor, estudiante de colegio, no parece que les interese la agricultura debido a que han sido testigos de las dificultades que vive su papá.

Al hijo del medio, estudiante de Ingeniería, sí le gusta la agricultura y le ha dicho a su papá que le gustaría volver a trabajar la tierra un día porque le preocupa el futuro de este oficio. “La preocupación de él es que el sector agrícola cada día va decayendo, que cada día hay menos agricultores y que la comida llegue a escasear, entonces él quiere volver a la tierra.”

Al igual que los hijos de este agricultor, muchos jóvenes de zonas rurales no quieren ser agricultores por las dificultades que conlleva este oficio. Tal es el caso de Pedro Byron Lezcano, un joven de 24 años oriundo de Las Vueltas de Portero Grande, en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas.

Pedro Byron tiene un año de vivir en Barva de Heredia con sus hermanas, y según cuenta, siempre había querido venir a vivir a la ciudad, porque en el campo la vida es mucho más difícil. “Me vine para trabajar y para estudiar, allá hay mucho desempleo y para poder ir a la universidad tenía que viajar mucho.” En “Las Vueltas” casi todos trabajan de peones, y Pedro Byron no quería eso para él.   

Su padre vivía de su finca y él desde muy joven trabajaba a su lado. Sin embargo, Pedro Byron cuenta que su papá quería que él se superara, y estaba feliz con que viniera a la ciudad. “Algunos de mis amigos se han quedado allá y otros se han venido. Los que se han quedado en Las Vueltas dicen que el asunto está difícil, cuando voy escucho comentarios y pienso que es mejor estar aquí haciendo las cosas bien.”

Poco a poco todos los hermanos de Pedro Byron se fueron a la ciudad. Antes que él sus dos hermanas, Natalie y Mariela, ya tenían varios años de vivir en Heredia, y recientemente vino a vivir con ellos su hermano menor, Cristian. Los papás de Pedro Byron son ahora los únicos de la familia que viven en Las Vueltas de Potrero Grande.

“Lo más difícil es estar lejos de mis papás y mis amigos, extraño el aire que se respira allá.” Ahora el joven sureño trabaja en Walmart como cajero y quiere entrar a la Universidad Nacional para estudiar Educación Física, aunque afirma querer volver eventualmente a su pueblo.

El decano de ciencias agropecuarias de la UCR, Olman Quirós, opina que el mayor problema de la agricultura en la actualidad es que los jóvenes no quieran quedarse en las zonas rurales. Pedro Byron es sólo un caso particular, pero sus motivaciones son similares a las de tantos otros jóvenes que han abandonado el campo en busca de oportunidades.  

Según Rafael Mesén, director ejecutivo del Consejo Nacional Clubes 4s del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) el tema de juventud rural en el sector agropecuario empezó a flaquear a partir de los programas de ajuste estructural en los años ochenta. “Fuimos perdiendo la atención a la juventud agropecuaria (…) No hay mucha investigación de juventud porque no era protagónica.”

El encargado de los Clubes 4s comenta que existe hay una tasa de desempleo del 40% en los jóvenes rurales de entre 18 y 24 años, según la Encuesta Nacional de Hogares, y que este es el verdadero problema, no la migración.

Esta tasa de desempleo es causada en gran parte porque muchos jóvenes abandonan la secundaria para buscar trabajo, y a pesar de que es legal trabajar desde los 15 años, la mayoría de las empresas no contratan menores de edad. “Los jóvenes están migrando de la agricultura familiar sin educación a estudiar o a ser asalariados”, continuó.

Además Mesén destaca que está muriendo aquel modelo familiar donde todos trabajan para el papá, debido a que en las familias cada miembro empieza a tener su propio proyecto de vida.

“Ahora un muchacho rural busca trabajo desde temprano para poder consumir, no tanto para salir de la pobreza. El joven desea tener autonomía social y económica, y la logra por medio de un trabajo poco calificado que el papá no le da”, comentó.

Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería, resaltó la importancia de entender que los jóvenes ahora tienen otras expectativas de ingreso, y por esa razón hay que promover una agricultura que les permita tener una ganancia digna.

Sin embargo, Rafael Mesén explicó que aquellos jóvenes que buscan proyectos personales no tienen forma de expresarlo. “Los jóvenes no están asociados para exigir política pública y la fragmentación produce invisibilidad y debilidad como actor social.”

 

Las necesidades de la juventud rural

Gustavo Fernández, director ejecutivo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), aseguró que en el sector cooperativo hay conciencia sobre el envejecimiento de los agricultores, y que para poder realizar un relevo generacional exitoso han aplicado una serie de iniciativas para incorporar a la juventud, como programas de asistencia técnica y capacitaciones.

“Comprendemos muy bien que muchos jóvenes no quieran vincularse con la agricultura de sus padres y abuelos, pero creemos que podemos darle oportunidades a los jóvenes para que trabajen con valor agregado”, continuó.

Según Fernández, el futuro para los jóvenes en la agricultura está en el valor agregado, ya que así se puede aprovechar la tecnología y el conocimiento de los jóvenes para que lo apliquen en la producción y se continúen ejerciendo este oficio. De esta forma, explica el jerarca, un joven que siembra papa podría ir más allá y producir “chips”, y así no se quedaría con la agricultura tradicional de su padre.  

“Sabemos que el sector tiene brechas importantes pero no creemos que haya un envejecimiento que nos esté amenazando, el cooperativismo por su dinámica y fuerza ha sobrevivido y ha logrado insertar jóvenes.”

Asimismo, el jerarca de Infocoop afirma que hay jóvenes liderando cooperativas alrededor de todo el país y tiene la seguridad de que el cooperativismo se expande y que la juventud jugará un rol protagonista en este sector. “Yo no veo algo apocalíptico. En las cooperativas hay muchos jóvenes interesados en trabajar, lo veo todos los días”

Sin embargo, Rafael Mesén tiene una visión distinta acerca de la integración de jóvenes en la agricultura. “No necesariamente el proyecto de vida de los jóvenes se resuelve con que uno o dos entren a una cooperativa, el problema va más allá de formarlos”.

Cúrcuma producida orgánicamente por Jesús y su padre.

Mesén, quien trabaja directamente con la juventud rural, afirma que los jóvenes que lideran cooperativas son solamente una minoría, y que a pesar de que él promueve que se unan a estas organizaciones, lo que realmente requieren es inversión y apoyo.  

Para el presidente de los Clubes 4s, debido a que no todos los jóvenes van a la universidad, la orientación para su correcto desarrollo debe darse en el colegio, y así se facilitará el emprendimiento.

“Alguien que estudie y vuelva a la zona rural no encontrará trabajo porque las economías son tan paupérrimas que no dan para emplearlos. Hay un potencial grande para esto pero el joven necesita un impulso.” Mesén opina que el talento que se puede explotar, pero necesitan crédito, asociarse, visibilizarse.

Gerardo Ávila, jefe del Departamento de Especialidades Técnicas del Ministerio de Educación Pública (MEP), tiene una perspectiva similar a la de Mesén, él cree que hace falta credibilidad de la persona adulta hacia los jóvenes. “No hay capital para que estos jóvenes desarrollen sus ideas de negocios. Alguien debe dar respaldo para que los jóvenes emprendan, pero capacidad hay para poder hacerlo y hay casos exitosos que lo muestran”, afirmó.  

Uno de estos casos exitosos en un muchacho de 23 años de Upala, quien fue parte de los Clubes 4s de Rafael Mesén y más adelante pudo establecer una empresa. Su nombre es Jesús Murillo, y al igual que Vinicio y Adolfo, viene de una familia de agricultores. Como muchos jóvenes rurales, Jesús inicialmente no planeaba dedicarse a la agricultura, sino que la veía como un método de subsistencia.

Mientras cursaba la carrera de Enfermería, logró establecer una relación comercial con Walmart, el primero de una serie de grandes clientes que irían apareciendo. “Nos dimos cuenta que la agricultura es una gran empresa que simplemente está mal administrada.”  

Jesús, quien es parte de la red de la FAO de agricultura familiar, tiene ahora un proyecto junto con sus hermanos y su padre Alcides. Este consiste en dos puntos: la parte productiva, de la cual se encarga Alcides, y la parte de comercialización, trabajada principalmente por Jesús y sus hermanos.

Este joven incluso trabaja con otras familias ocasionalmente, ellas aportan mano de obra y Jesús la planificación y el mercadeo. De esta forma se generan ingresos para todos y se mantiene viva la agricultura familiar.  

La empresa marcha con firmeza, pero eso no significa que haya sido fácil. Como agricultor joven, Jesús conoce muy bien los problemas que afectan a este sector, como la dificultad para estudiar, ya que para poder obtener su título tenía que viajar a Puntarenas todos los fines de semana.  Cada sábado y domingo se levantaba a las cuatro de la mañana para poder asistir a clases de ocho de la mañana a cinco de la tarde, y regresaba a su casa alrededor de las diez de la noche.

Jesús y su padre Alcides Murillo

Jesús comparte otras problemáticas mencionadas por los agricultores “viejos”. El joven destacó que el cambio climático que ha afectado considerablemente las producciones, así como el aumento de los insumos y las nuevas plagas que han llegado al país.

El joven agricultor opina que el acceso a créditos es fundamental pero que necesita un cambio urgente. Criticó al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) por la cantidad de requisitos que piden para otorgar un crédito.

“Tengo todo y el Inder me rechaza. Hace tres meses presenté un proyecto de cinco millones para sembrar ayote y me lo rechazaron porque no tenía garantía hipotecaria ni era funcionario del gobierno”.

Se solicitó al Inder una reacción a las declaraciones de Jesús, pero al cierre de esta edición no se recibió una respuesta.

En cuanto al Sistema de Banca para el Desarrollo, Jesús afirma que es todavía más difícil que el Inder, que los requisitos son imposibles y que incluso le han dicho que le van a aprobar un crédito para luego negárselo a último minuto.

Para Jesús urge que se desarrollen políticas que mejoren las condiciones de acceso a los mercados. “Si no se desarrollan no van a haber productores porque los viejos van a morir y los jóvenes se van a ir para la ciudad porque no ven rentable producir”.

Integrar, no relevar

Jesús explica que para él la verdadera solución para los jóvenes rurales no es un relevo generacional, sino una integración, justo como él lo hizo con su padre. Seguir adelante con su proyecto no ha sido fácil, pero le fue posible emprender ya que se le otorgaron herramientas para que lo hiciera.

El verdadero reto es lograr que casos como este no sean aislados. Jesús fue parte de los Clubes 4s, tuvo un proceso de orientación que lo llevó por el camino correcto para crear su empresa.

Rafaél Mesén explica los grandes obstáculos que impiden el progreso de la juventud rural: la invisibilidad, la baja asociatividad, la falta de capital social, la baja escolaridad y formación técnica y el nulo acceso a los factores de producción. “Las brechas socioeconómicas y la dificultad en el acceso a los recursos les impiden a los jóvenes desplegar su potencial”.

Por esta razón, el coordinador de los Clubes 4s piensa que es fundamental establecer una agenda común de necesidades de los jóvenes rurales, incentivar que estos se unan y darles acceso a lo que necesitan. “No se puede hacer política sin muchos actores, sin articulación institucional, porque los problemas son complejos”, continuó.  

El joven emprendedor siembra una gran variedad de productos.

Como respuesta a la problemática, Mesén propone cinco soluciones a las cinco brechas: Visibilización, formación, organización, acceso a los recursos y acceso a los servicios complementarios. El experto explica que esta administración ha intervenido para ayudar a que los jóvenes superen estos obstáculos.  

“Hay muchas cosas que hay que hacer pero ya tenemos un diagnóstico y una visión de política pública y tenemos programas en el campo dirigidos a trabajar de forma articulada. No todo está perdido.”

Para Mesén, si por medio de distintos actores se promueve la organización, capacitación, y asociación de los jóvenes  y se les da seguimiento a estos programas, se puede lograr exitosamente que la juventud rural se integre en la agricultura.

Gerardo Ávila, quien además de ser funcionario del MEP forma parte de la junta directiva de los Clubes 4s, cree que el asunto no se soluciona con ayudas aisladas que puedan salvar a una o dos personas, sino con ayuda integrada a través de un órgano, y así poder generar emprendimientos. “Por eso estamos en busca de un fondo para poder darle a estos jóvenes y que generen un buen emprendimiento.”

Ávila ve fundamental que se integre a los jóvenes en un proceso de desarrollo, y por eso en educación técnica le están apostando a las incubadoras de empresas tal como las que tienen en los colegios técnicos de San Carlos, Nicoya y Liverpool en Limón. Así, si un estudiante muestra actitud y compromiso, es incorporado en la incubadora.  

“Es muy bonito darle acompañamiento al joven y buscar quien lo financie pero lo necesario es crear un fondo revolvente para jóvenes que lo maneje alguna entidad y que tenga bajos intereses”, afirmó el funcionario del MEP. Además asegura que en educación técnica ya lo han  solicitado en varios foros, porque ellos ven la oportunidades en estas iniciativas. “Esos focos de emprendimiento van a provocar desarrollo”, continuó.   

Los agricultores tienen un futuro incierto.

 

El ministro Arauz cree que debe haber una agricultura que brinde un ingreso digno, y así se atraerá a los jóvenes. Él opina que dos elementos fundamentales son la agricultura orgánica y el valor agregado, ya que estos son mercados que hace falta explorar y pueden brindar nuevas oportunidades para los jóvenes rurales.

“Una agricultura familiar con valor agregado puede mantener a los jóvenes en el campo porque genera otra rentabilidad y entonces el joven puede seguir en esta profesión con un ingreso digno”, declaró el ministro.

El jerarca del MAG está consciente de que un gran número de muchachos se va del campo no porque no quieran estar ahí, sino porque no ven oportunidad de una vida digna. “Se necesita una agricultura más rentable, amigable con el ambiente, orgánica, valor agregado y comercialización directa.”

El ministro también resalta la importancia de que los jóvenes vean cómo se organizan en sus comunidades para hacer proyectos, y que para eso se necesita crédito, asesoría y otros factores habilitantes. Asegura que esa es la dirección de los esfuerzos del gobierno, aunque no sea nada fácil.

 


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Papeles de Panamá: libertad de expresión en Finlandia está en peligro

(Créditos: Cadena de Radio y Televisión Yle )

Las autoridades fiscales finlandesas están pidiendo a la cadena pública de radio y televisión Yle a entregar las fuentes de la gigantesca fuga de documentos conocida como los Papeles de Panamá e información sobre los casos en los que sospechan existió evasión fiscal.

Los periodistas de la cadena de radio y televisión Yle no aceptan cumplir con esta solicitud y ven esta demanda como un desafío fundamental a la libertad de prensa en Finlandia.

Entendemos muy bien que las autoridades fiscales y los políticos están interesados ​​en los documentos filtrados de la firma panameña Mossack Fonseca. El tema de la evasión fiscal y sus efectos perjudiciales sobre la sociedad en general también han sido un importante punto de partida para nosotros cuando comenzamos la obra muy extensa de analizar los documentos filtrados. Estamos, pues, en cierta medida, en el mismo barco que los funcionarios de Hacienda, en esta materia, señalaron los editores de Yle.

Sin embargo, por una fuga de datos -no importa cuán expansiva sea- no hay ninguna razón para poner en peligro la libertad de expresión en Finlandia y décadas de principios periodísticos en toda Europa.

A pesar de la magnitud de las revelaciones en los Papeles de Panamá, no se puede utilizar eso como una premisa para poner en peligro la confidencialidad de las fuentes periodísticas ya que, en el largo plazo, ello constituiría un grave daño para el periodismo de investigación en Finlandia.

No entregar el material

La periodista de investigación finlandesa Minna Knus Galan, es parte del equipo que reveló los Papeles de Panamá en su país.
La periodista de investigación finlandesa Minna Knus Galan, es parte del equipo que reveló los Papeles de Panamá en su país.

Los periodistas finlandeses de Yle, señalan, además, que ese medio no posee físicamente los archivos, sino que más bien, algunos periodistas de Yle tienen acceso a los datos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El propietario del material, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, ha declarado que no va a entregar el material a los funcionarios.

Cerca de 100 organizaciones de medios, que están trabajando con los documentos se han comprometido a acatar la posición del ICIJ.

El principio de la confidencialidad de las fuentes asegura que los ciudadanos ordinarios pueden revelar grandes injusticias a la prensa sin temor a que los periodistas difundan sus nombres y esto ocasione represalias sobre ellos.

El secreto periodístico de las fuentes, no sólo se relaciona con nombres, sino que también requiere la protección de cualquier otro detalle que podría dar lugar a la exposición de la identidad de la fuente.

De acuerdo con el ICIJ, la última filtración tiene información sensible que podría contener referencias a la identidad de la fuente y podría poner en peligro   -o incluso poner en peligro- a las personas involucradas.

Es por esto que la debida discreción ha sido ejercida en la publicación de algunos documentos, en colaboración y de acuerdo con los principios periodísticos.

Los datos están dentro de una red de 400 periodistas que participan en el proyecto y, en caso de que los periodistas finlandeses entregasen cualquier información a un tercero, el acceso de Yle a los datos filtrados sería, presumiblemente, revocado inmediatamente.

Los periodistas finlandeses señalan que, además, lo que sería aún más grave es que las acciones de Yle pondrían en peligro las posibilidades de periodistas finlandeses que participan en las redes internacionales de investigación.

¿Quién invitaría al periodista de un país donde existe el riesgo de que los funcionarios puedan exigir – y recibir – la información confidencial? ¿Qué tan confiables serían los periodistas finlandeses si los funcionarios pudieran confiscar sus archivos? ¿Podrían los periodistas finlandeses protegerse a sí mismos y sus fuentes?

Archivos abiertos

Los reporteros de Yle aseguran que su trabajo continúa y que si encuentran cualquier información de importancia material para la sociedad en general, la publicarán.

Adicionalmente, el ICIJ anunció que, el próximo 9 de mayo, liberará todos los archivos abiertos, que implican a unas 200.000 empresas en paraísos fiscales y a las personas vinculadas a ellos.

Al igual que las autoridades finlandesas, funcionarios de muchos países están interesados ​​en los datos, sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones han aceptado la explicación de que losmedios de comunicación no tienen el material en su posesión sino que los datos son suministrados por el ICIJ.

La magnitud de la fuga de documentos de Panamá ha sido sin precedentes, pero hasta el momento Mossack Fonseca es uno de los cientos de firmas de abogados involucrados. Las fugas probablemente no se detendrán. La cooperación internacional es muy probable que juegue un papel cada vez más importante en el análisis de los archivos.

Es en interés de todos los residentes finlandeses para los periodistas a continuar participando en redes que investigan estos datos y otros materiales de importancia social. Los documentos de Panamá son importantes, pero esto es una cuestión de valores y principios aún más significativo.

 

 


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Registros de telefónica Alcatel aparecen en Mossack Fonseca

Empresarios ligados a Alcatel refugiaron ganancias en el extranjero

(Créditos: infografía Lucía Mora)

Un grupo de empresarios ligados a las operaciones  de Alcatel buscaron eliminar el pago de impuestos para  algunas de sus empresas en Costa Rica y Panamá, ante  el inminente “endurecimiento” del intercambio de in- formación entre los dos países, para lo cual buscaron  la asesoría del bufete Mossack Fonseca.

Así se indica en un correo del 3 de agosto del 2005 en  donde, Jan Stockhausen, uno de los abogados de Mossack  Fonseca señala que “ los clientes están preocupados por  el futuro intercambio de información fiscal entre Costa  Rica y Panamá“.

Además, buscaron hacerlo sin que aparentemente  la telefónica francesa Alcatel supiera del negocio, pues  estas empresas le vendían servicios a Alcatel, siendo  el gerente regional de la telefónica uno de sus dueños.

El intercambio está documentado en los llamados  Papeles de Panamá, casi 11,5 millones de documentos  filtrados de este bufete canalero y que UNIVERSIDAD  analizó.

La firma legal les sugirió un esquema que incluyó  crear una sociedad en el Reino Unido (UK, por sus si- gla en inglés), compañías offshore en las Islas Vírgenes  Británicas (BVI, por su sigla en inglés), y fundaciones  privadas en Panamá.

Los correos que documentan este caso involucran  a tres socios y sus parejas, y a dos empresas que ellos  fundaron y/o administraban en el año 2005: Manuel  Soriano Montero, de nacionalidad española/francesa  -quien laboraba como Director General de Alcatel para  América Central-, fundador de Apman S. A., y su esposa,  identificada como “Christina Soriano”; Óscar Moreira,  quien es descrito como el administrador de Apman y de  Tectel S. A. y su esposa, Lydia Matamoros; y J. P. Haro,  de nacionalidad francesa.

P-28-info1, Registros de telefónica Alcatel aparecen en Mossack Fonseca: Empresarios ligados a Alcatel refugiaron ganancias en el extranjero

P-28-info2

Según los correos, las esposas tenían igual o mayor  poder de decisión en la operación que se describirá.

El problema para resolver

Un extenso correo con fecha 3 de agosto de 2005, de  Jan Stockhausen, abogado de Mossack Fonseca, explica  a Maxime Berthet –el asesor financiero que sugirió a los  involucrados recurrir a la ayuda del bufete panameño–  cuál era el mejor esquema para lograr los propósitos  esperados.

Allí Stockhausen explica que Apman S. A. es una  compañía offshore panameña que ofrece servicios es- peciales para la instalación de cables submarinos de  telecomunicaciones a compañías como Alcatel.

A su  vez Tectel S. A. es la compañía costarricense que, en  ese momento, se encargaba de operaciones de Alcatel  en Costa Rica.

Stockhausen añade que, en adelante, Apman tendrá varias operaciones similares a las de Tectel en  el resto del mundo, alquilando su personal a esas  operaciones para conectar con cables submarinos de  telecomunicaciones.

Agrega el abogado que la rama local de Alcatel está  usando los servicios de Apman.

Además, explica que  mientras Apman tiene una relación contractual directa  con Alcatel, Apman a su vez subcontrata a Tectel para  que haga los trabajos y le alquila el personal necesario  para hacerlos.

El pago de Alcatel-Costa Rica a Tectel se hace mediante  cheques locales con el fin de bajar costos, ya que reciben  gran cantidad de cheques con bajos montos.

Esta es la  razón por la cual la cuenta corporativa de Tectel está  en un banco costarricense. Pero, dice, Stockhausen, he  aquí el problema para resolver:

“Lo anterior significa que por razones de cumplimiento de la ley, los  nombres de los beneficiarios finales tuvieron que ser revelados al banco  costarricense. Por cierta razón, el  gobierno también tiene conocimiento  de su identidad”.

Y luego explica por qué a las personas involucradas les urge cambiar  la estructura en que operan esas empresas:

“Las razones para el cambio  urgente de la estructura son dos.

Por un lado, los clientes están  preocupados por el intercambio  futuro de información fiscal entre  Costa Rica y Panamá, y por el otro,  el hecho de que hubo un cuarto socio que fue sacado de la estructura  recientemente y quisieran evitar  que pueda causar algún daño con  el conocimiento que tiene acerca de  toda la operación.

Especialmente en vista del hecho  que el cliente de la compañía local  costarricense es el patrono de dos de  los tres individuos y no debe saber  quién está detrás de la operación”.

En otros correos el cuarto ex socio  es identificado únicamente como el  “Sr. G.D.” y el cliente de la compañía  local evidentemente es Alcatel, que  es donde trabajan Soriano y, aparentemente, el tercer socio, un francés  llamado J. P. Haro.

Por lo anterior, Stockhausen  afirma que los objetivos principales  buscados son “eficiencia tributaria  y absoluta confidencialidad”.

En ese sentido, se sentirían más  cómodos de eliminar los elementos  panameños de la estructura buscan- do otra jurisdicción y deshaciéndose  de la estructura y las entidades que  son conocidas por el ex cuarto socio.  No obstante, considera que el arre- glo operacional existente en Costa  Rica idealmente no debería cambiar.  Y recomienda que:

“Todas las compañías de la estructura futura abrirían cuentas  bancarias con BDL (Banque de Lu- xembourg) para recibir los dividendos. De estas cuentas, los dividendos  pueden ser canalizados a las cuentas  bancarias personales de los beneficiarios finales”.

La nueva estructura

Stockhausen procede entonces a  describir la nueva estructura que  Berthet presentará a los socios. Pri- mero, Tectel continuará siendo una  compañía costarricense, en tanto le  presta servicios locales a la subsidia- ria local de Alcatel.

Debido a esta territorialidad de  Tectel, “será inevitable pagar una  cuota de impuesto a la renta aquí, in- cluso teniendo una entidad foránea”.

No obstante, con el fin de separar  la estructura del cuarto ex socio se  debería crear una nueva entidad que  tome el lugar de Tectel.

Para esto, dice, “tenemos muy  buenas relaciones con abogados y  asesores en Costa Rica que estarían  gustosos de ayudar a formar una nueva compañía y de administrarla en el  futuro”.

La cuenta bancaria de esta  sería local, aunque esto nuevamente lleve a que el banco conozca la  identidad de los beneficiarios finales.

Aunque siempre existe la alternativa  de abrir cuentas también en el First  Curacao Bank o en el Bermuda Commercial Bank.

No obstante, agrega que lo ideal  sería que la relación contractual en  el futuro fuese solamente con Apman.  Esta empresa usa los servicios locales de Tectel, mientras que simultánea- mente Tectel contrata el personal de  Apman para los proyectos.

Y aclara: “Tectel a su vez tendría  la relación directamente con Alcatel  y los pagos se harían a Tectel.

Obviamente, el personal contratado de  Apman debería costar tanto como lo  que Alcatel le está pagando a Tectel  para asegurar que las utilidades que  quedan en Tectel sean lo más bajas  posibles para así mantener el pago  del impuesto a la renta lo más bajo  posible”.

Agrega no saber si estos cambios  le parecerán extraños a Alcatel, o si  aplica alguna retención de impuestos  a los pagos que Tectel hace a Apman,  pero cree que se podría encontrar  alguna salida también en caso de  realizarse los cambios.

En segundo lugar, propone que  Apman sea convertida en una British  Limited Liability Partnership o UK  LLP (Empresa de Responsabilidad  Limitada del Reino Unido), a la que  califica como “uno de los vehículos  más interesantes de planificación  tributaria, puesto que es una entidad corporativa en una jurisdicción  territorial, la cual, si es usada apropiadamente, no tiene implicacio- nes fiscales, al tiempo que provee  un rostro no sospechoso al ser una  entidad corporativa normal de una  jurisdicción europea”.

Añade que las LLP funcionan de  manera similar a las LLC de Nevada,  Estados Unidos.  “Tiene una personalidad jurídica como entidad corporativa, en la  medida que es transparente fiscalmente porque el impuesto se cobra  a nivel de los socios.

Pero si estos no  son residentes o domiliciados en el  Reino Unido y no tienen negocios o  utilidades allí, los socios tampoco  deben pagar impuestos en el Reino  Unido.

Ahora, es permitido usar  estas entidades corporativas como  socias de la LLP, por lo tanto, si estas  se escogen cuidadosamente de otra  jurisdicción que sea offshore, estos  socios tampoco deberán pagar im- puestos en sus ‘países de origen’, lo  que significa que el pago de impuestos  será eliminado en ambos extremos”.

Por eso, Stockhausen sugiere que  las socias de la LLP sean compañías  LLC de Nevada o IBC de BVI.

Y añade:  “La diferencia no es mucha. Mientras  que la primera es un poquito menos  sospechosa, la segunda es un poquito  más barata”.

Cuidado con las esposas

El tercer elemento de la estructu- ra que plantea el abogado de Mossack  Fonseca consiste en crear fundacio- nes privadas en Panamá.

Estas fundaciones serían las encargadas de  resguardar las acciones al portador  de las empresas, que son documentos  físicos que, precisamente por no tener nombres propios sino que pertenecen a quien las tenga bajo su poder,  “pueden extraviarse (o ser robadas  por esposas abandonadas.He visto  esto recientemente) y puede causar  muchos problemas”.

Luego procede a detallar las  ventajas de constituir fundaciones  privadas en Panamá para cada uno  de los socios. En resumen, afirma  que estas fundaciones combinan lo  mejor de una sociedad anónima con  un fideicomiso.

Debido a que no aparecen los  nombres del propietario, quien, sin  embargo, guarda allí sus propiedades.

En consecuencia, no tiene ac- cionistas, solo un fundador, cuyas  conexiones con la fundación desapa- recen una vez que esta se constituye,  porque pasa a ser administrada por  un consejo, el cual, por otro lado, no  podrá tomar decisiones sin el visto  bueno del fundador.

Para cerrar el cuadro, la funda- ción privada en Panamá o en las Antillas Holandesas es solo de papel, es  decir, la constituyen documentos que  contienen los nombres de los beneficiarios y la forma de repartir el patrimonio, lo cual las convierte en una  suerte de testamentos de herencia.

Antes de presentar la lista de  precios para crear cada parte de la  nueva estructura, el abogado agrega:  “Puesto que los beneficiarios finales detrás de la estructura son altos ejecutivos de corporaciones multinacionales, entiendo que queremos excluir  todo vínculo hacia ellos como personas  naturales, por lo tanto, proveeremos  los directores, las firmas para las cuen- tas bancarias, las acciones nominativas, etc., allí donde aplique”.

Luego, informa sobre los precios  de creación y de administración de  la UK LLP, de las IBC de BVI y de  las fundaciones privadas panañas, y aunque afirma que también  pueden ofrecerlas basadas en Uruguay, Seychelles, Bahamas y Samoa,  recomienda usar las primeras.

Finalmente, Stockhausen afirma  que en Costa Rica se está planeando pasar de un sistema de renta territorial a un sistema de renta mundial  como el vigente en Estados Unidos y  “aparentemente el proyecto de ley ya  ha entrado en la corriente legislativa,  así que posiblemente estamos un poco  contra el tiempo”.

Diligentemente, el abogado adjunta a este correo dos gráficos que  ilustran la estructura actual de las  compañías involucradas y la que propone para el futuro (ver el gráfico:  “Antes y después”).

En otro correo, ofrece a los socios  las siguientes compañías offshore de  BVI para la nueva estructura: Hu- ron Holdings Group Limited, Durston  Holdings Limited y Henson Overseas  Holdings Corp.


Mencionados guardan silencio

Desde el jueves 7 de abril UNIVERSIDAD buscó contactar telefónicamente a cada una de las personas  mencionadas en los correos de  Mossack Fonseca.

Luego de varios intentos, Manuel  Soriano respondió a nuestra  llamada. Pero cuando le pedimos  un correo electrónico para enviarle nuestras preguntas, se negó a  hacerlo.

Soriano reconoció haber sido  gerente regional de Acatel y que  su esposa se llamaba Christina,  pero dijo que ella ya había muerto y  que no sabía nada de las empresas  Apman y Tectel.

A pesar de que le explicamos que  había correos que les implicaban  con estas empresas y le reiteramos  que nos proporcionara una dirección para enviarle la información, de  modo que pudiera refutarla puntualmente, no quiso hacerlo.

También utilizamos los números  telefónicos que aparecen en los  correos.

A la pareja compuesta por  Óscar Soriano y Lydia Matamoros,  dueños del beneficio de café Monte  Rosa S. A., ubicado en San Rafael  de Naranjo, les solicitamos una  dirección de correo electrónico a la  cual pudiéramos enviarles nuestras  preguntas.

Sin embargo, el correo que nos fue  proporcionado (info@monte-rosa.  com) no sirvió.

Tampoco sirvió el correo del beneficio de café (b_monterosa@racsa.  co.cr) que aparece en su sitio web,  de modo que les enviamos nuestras preguntas insertándolas en el  formato para contacto del propio  sitio web.

Sin embargo, al cierre de  edición, no recibimos respuesta.  Tampoco quisieron atender nues- tras reiteradas llamadas telefónicas.

En cuanto a la empresa Apman Costa Rica S. A., llamamos telefónicamente a los números que se indican  en Internet, pero en algunos nadie  respondió y en uno se nos dijo que  era de una casa particular y que no  conocían esa empresa.

Sin embargo, la firma está registrada en Costa Rica bajo la cédula  jurídica 3101292343, con Marco  Castillo Villalobos como su Tesorero, nombre que también aparece  en uno de los correos de Mossack  Fonseca.

La empresa Tectel S. A., con la  cédula 3101341876, también tiene  a Marco Castillo Villalobos en su  Junta Directiva, en calidad de  Presidente, María Dolores Agüero  Chacón como fiscal, Juan José  Quirós Meléndez como Agente  Residente y Fabio Gamboa Amador  como Secretario.

En el sitio web tectel.co.cr se anuncia “su actividad principal consiste  en el suministro de servicios espe- cialistas en el área de las telecomunicaciones” en el nivel nacional y el  internacional. Intentamos reiteradamente comunicarnos por la vía  telefónica al número allí registrado,  pero en cada ocasión respondió un  buzón telefónico.

La señora Agüero  Chacón estaría emparentada con  Lydia Matamoros.

También fuimos a la dirección establecida en su sitio web como sede,  en el Centro Comercial Paseo del  Parque, No. 9, pero encontramos un  consultorio dental.

Allí explicaron  que Tectel S.A. efectivamente tuvo  su sede allí, pero hace seis años.  Adicionalmente, existe otra empresa  homónima: Tectel (Tecnología  Telefónica S. A.) que está registrada  con la cédula jurídica 3101402758  como proveedora del Estado, y  según el portal de compras públicas  “Compra@Red” del Ministerio de  Hacienda, ha tenido contratos con  el Instituto Nacional de Innovación y  Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), el Tribunal Supremo de Elecciones y con el Ministerio  de Gobernación y Policía.

En esta compañía sí atendieron  nuestra llamada telefónica, afirmaron ser únicamente una empresa  familiar y no conocer a las personas  nombradas ni a la empresa Apman.

Su junta directiva está presidida  por José Antonio Badilla Matamo- ros, tiene como Tesorero a Nicolás  Badilla Matamoros y como Fiscal a  Francisco Badilla Matamoros. Este  último dijo conocer a la empresa  homónima, un hecho que le causaba extrañeza. También dijo que su  familia no tiene lazos de parentesco  con Lydia Matamoros Agüero.

Por último, la compañía Alcatel-Lucent, por medio de Marco Malfavon,  responsable de comunicación, nos  respondió vía correo electrónico:

“En este punto, estamos examinado el tema sobre el que usted nos  consulta y no podemos comentar  más en este momento. Como una  empresa que toma la ética y la integridad seriamente, investigaremos  el asunto y tomaremos las acciones  correctivas que sean necesarias”.


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Involucrado en escándalo de lavado de dinero

Barón de apuestas cobijó bienes en Panamá desde Costa Rica

(Créditos: Foto: tomada de Internet)

En el 2008, el estadouni­dense Carmen Vincent Cicalese protagonizó uno de esos escándalos por la­vado de dinero que se han vuelto recurrentes en Costa Rica, al tiempo que en Panamá la firma Mos­sack Fonseca le administraba una fundación en la que el fugitivo cobijaba sus propiedades.

El estadounidense operaba una casa de apuestas por Internet desde Heredia y tenía orden de captura por parte de las autoridades estatales y federales en Nueva Jersey y Nueva York, pues lo acusaban de liderar una banda dedicada al juego clandestino, lavado de dinero y otros delitos.

Según las autoridades norteame­ricanos, el grupo movilizó de manera clandestina $13 millones entre setiem­bre del 2007 y abril del 2009.

Desde el 2008, Cicalese figuró en varias sociedades con millonarias inversiones en Costa Rica, principal­mente en bienes raíces y desarrollo inmobiliario.

Mediante los servicios de Mossfon, Cicalese constituyó una “Fundación de Interés Privado” para el cobijo de bienes: Amber Rose Internacional Foundation (Amber Rose es el nombre de una familiar menor de edad), según revela la filtración de documentos de Mossfon.

Carmen Cicalese, cabecilla de banda acusada en Estados Unidos de operar apuestas ilegales por Internet desde Costa Rica.
Carmen Cicalese, cabecilla de banda acusada en Estados Unidos de operar apuestas ilegales por Internet desde Costa Rica.

Al estallar el escándalo en la prensa internacional −por el arres­to en Estados Unidos de al menos 20 miembros compinches de Cicalese, incluido un integrante de la familia mafiosa Genovese, que controla el cri­men organizado en Nueva Jersey−, personeros de MF discutieron en julio del 2008 si debían excluir a Cicalese de su cartera de clientes.

Unos ellos sugirieron renunciar como agentes de toda la estructura e inactivarlo como cliente, según le comunicó Paola Vecchio al abogado Ransés Owens, ambos del grupo MF.

Owens aconsejó, sin embargo, “aguantar un poco” y esperar a que un personero de Mossfon se entrevis­tara con Cicalese en Costa Rica, a fin de tomar una decisión.

“Recordemos que en USA se armó una campaña contra todos las empre­sas de Internet en Costa Rica; todos los americanos involucrados fueron procesados y todo el que parecía te­ner relación con Internet y gambling (juego de apuestas); es decir, lo que supuestamente era legal en segundos pasó a ser ilegal. Si Cicalese está en Costa Rica y lo que quiere de nosotros es depositar fondos de su patrimonio y no mover dineros del gambling, quizás podamos dejar esto en stand by hasta que MAMSA (personero de MF) pueda visitarlo en Costa Rica en uno de sus viajes periódicos”, indicó Owens.

La gente relacionada con gam­bling no son delincuentes per se, son gente que ha sido atacada en USA, pero no ha sido tan feroz, porque na­die está preso ya. Veamos qué nos dice MAMSA; si no está interesado entonces analicemos para terminar la relación con el clienteRamsés Owens

Cicalese evadió la orden de captura de las autoridades norteamericanas y se mantuvo en Costa Rica, donde murió en diciembre del 2014 a los 73 años de edad, según una esquela pu­blicada en Internet a nombre de una empresa funeraria norteamericana.

De acuerdo con los documentos en poder del ICIJ, Cicalese y su hijo Anthony crearon en el 2004, en las Islas Cook (Pacífico Sur), una sociedad llamada RAC Corporation, constitui­da con la ayuda de Portcullis Trust­Net, una firma de servicios offshore de Singapur.

Mediante una cuenta abierta en el banco australiano ANZ, se realizaron varias transferencias de dinero a la sociedad, desde empresas en Costa Rica y Estados Unidos.

Además, mediante cuentas en JP­Morgan Chase & Co. habría movido más de un $1 millón para realizar inversiones en bienes raíces en Cos­ta Rica, según publicaron medios de prensa en su oportunidad.


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Cita con representantes de Mossack Fonseca

Cristóbal Zawadzki y Hernán Bravo valoraron paraíso fiscal para herencias

El 18 de julio del 2008, tres antiguos socios en negocios –dos de ellos con cuestionamientos de corrupción como funcionarios públicos– se reunieron en el restaurante Marriott Courtyard de Escazú con representantes de Mossack Fonseca, compañía gestora de offshores en Panamá.

Los tres manifestaron su necesidad de planificar una estructura de propiedades, a fin de evitar que sus herederos tuvieran problemas en el futuro.

Se trataba de Hernán Bravo, exministro de Ambiente y exdirectivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); Cristóbal Zawadzki, expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS); y Juan Ramón Rivera, empresario.

Los personeros de Mossfon, Amauri Batista y Jaime Raúl Molina, les hicieron una presentación sobre la figura de “Fundación de Interés Privado”, según reseña la minuta de la reunión confeccionada por el mencionado Molina, que se encuentra entre los documentos
filtrados de Mossack Fonseca.
Bravo, Zawadzki y Rivera fueron socios en la empresa Empaques Asépticos Centroamericanos S.A., que fabricó los refrescos HI-C y fue vendida a la Coca- Cola. Mediante los servicios de Mossack Fonseca, Empaques Asépticos se inscribió en 1992 como empresa panameña y adquirió una empresa holding en las Bahamas.

Bravo figuró como uno de los exdirectivos del ICE, junto al expresidente Miguel Ángel Rodríguez y otros acusados, fue procesado por cargos de corrupción relacionados con el sonado caso Alcatel-ICE, destapado en el 2004.

El exdirectivo y exvicepresidente del ICE evitó ir a prisión tras negociar con la Fiscalía (ver recuadro).

Offshores.

Durante la mencionada comida, los representantes de Mossfon comentaron a Bravo, Zawadzki y Rivera las características de la “Fundación de Interés Privado”, que la empresa de offshores ofrece a sus clientes.

Los tres hicieron preguntas sobre la administración y lo que se puede hacer con la Fundación, sus ventajas sobre el Trust, las compañías holding y otros. Parecieron muy interesados los tres y comentaron que cada uno veía la necesidad de establecer una estructura de bienes, para evitar problemas a sus herederos en el futuro, indica la minuta de la reunión, escrita en inglés.
Añade que “también se les informó sobre la compañía MF Trust y nuestra habilidad para administrar una estructura sobre una base fiduciaria. Les dejamos un brochure sobre la Fundación y de MF Trust, y le obsequiamos un abridor de cartas a cada uno. Este reporte es replicado para los tres prospectos en sus respectivos ‘files’ en la base de clientes”, anotó Molina.

Cabe mencionar que ya en 1992, la firma Mossfon le vendió a Empaques Asépticos Centroamericanos S.A., por gestiones de Alejandro García Cascante, entonces gerente general, una sociedad denominada Axel Services LTD, inscrita como empresa holding en las Bahamas. La empresa quedó constituida con un capital social de $5.000 e integrada en partes iguales por los socios y a la vez directivos Mario Carvajal Herrera, exdiputado y ministro de Reforma del Estado en la Administración Figueres Olsen 1994-1998; Enrique Zawadzki Montes de Oca, Juan Carlos Rivera Rodríguez y Flor María Monge Alvarado.

Al mismo tiempo, constituyeron Empaques Asépticos como empresa inscrita en Panamá, con los mismos socios y directivos, y como dueña del 100% de la empresa holding en las Bahamas. Inicialmente, se había propuesto que se inscribieran como accionistas Mario Carvajal, Cristóbal Zawadzki, Hernán Bravo y Juan Ramón Rivera, y como directores Alejandro García Cascante, Marvin Mena Sandí y Mario Araya Rosales, pero esa opción finalmente quedó desechada.

Consultado por UNIVERSIDAD sobre el encuentro con los representantes de MF en el 2008, el ex ministro Bravo dijo recordar que alguien les planteó lo de la fundación de interés privado que Mossack y otros bufetes andaban promocionado con base en una ley que se había aprobado en Panamá con ese fin, pero que él personalmente no abrió la offshore, porque le pareció muy complicado.

“Era una figura entre sociedad anónima y fideicomiso, es realmente un testamento que hace uno y uno sigue manejando los bienes, pero estando en Panamá y todo eso, y yo no lo hice.”
En cuanto a las offshores que crearon en Empaques Sépticos Centroamericanos en 1992, antes de ser vendida la compañía en el 2006, dijo que eran empresas que servían al giro comercial que tenía HI-C en Centroamérica, República Dominicana, Colombia y otros países en que estaban incursionando.

“Eran para el rubro de negocios internacionales que nosotros teníamos, tanto para las compras de materias primas como para las infraestructuras que teníamos afuera, y cuando la empresa se vende todo eso se cierra”, indicó Bravo.
También se intentó contactar a Zawadzki y se le dejó recado por medio de una hija para que se refiriera a su vinculación a offshores.Ella dijo que le había mencionado el tema a su padre y que le volvería a preguntar para ver si devolvía la llamada, lo cual no sucedió.


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De Barrio Escalante a Panamá: Exministra Viviana Martín buscó offshore para su bufete

La abogada –luego me­diática ministra y dipu­tada− Viviana Martín Salazar, en asocio con sus colegas Daniel de la Garza y Jorge Arce Lara, consultó con la firma de servicios offshore Mossack Fonseca (MF) la posi­bilidad de crear una sociedad en Panamá, Islas Vírgenes o alguna otra jurisdicción para inscribir su bufete JD Cano, ubicado en el barrio Escalante de la capital cos­tarricense.

Era el año 2005 cuando los tres acordaron constituir en Panamá −con la asesoría de Mossack− la sociedad denominada JD Cano In­ternacional Limited Partnership, para prestar “servicios legales y de consultoría”, según documenta­ción filtrada.

Esto ocurrió a pocos meses de que Martín se convirtiera en la viceministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT), durante el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010); posteriormente, pasa­ría a ocupar el Ministerio de Jus­ticia y Paz.

Caracterizada por su perenne sonrisa ante las cámaras en las entrevistas de prensa, Martín se convirtió en diputada durante el gobierno de Laura Chinchilla, car­go que dejó en el 2012 para asumir el puesto de directora de relacio­nes institucionales de la aerolínea colombiana Avianca para Centroa­mérica, México y el Caribe.

Entre la documentación inter­cambiada con los personeros de Mossfon por Martín y sus socios, estos enviaron el borrador del convenio de la sociedad que de­seaban inscribir en Panamá, como finalmente decidieron, donde se establece que el aporte mínimo de capital inicial de cada miembro fundador sería de $200.000 dólares y de $50.000 para cualquier aboga­do invitado a asociarse a la firma, además de otras estipulaciones sobre distribución de utilidades, aportes de capital y demás regula­ciones.

Nuestro interés es saber en cuáles jurisdicciones, aparte de Is­las Vírgenes y Panamá, podríamos crear una sociedad de personas como estaDaniel De la Garza a Amauri Batista, de MF.

En otra comunicación De la Garza le menciona al abogado Ramón Rivera, de Mossfon, que ya les había enviado el texto del “convenio de partnership” para la constitución de la sociedad, en el cual se resolvían “algunos de los problemas señalados” y expresaba duda sobre si sería conveniente registrar ese convenio, “que es el que pretende regular nuestra so­ciedad”.

Rivera le indicó que inscribi­rían en el Registro Público el texto del pacto social recibido, salvo la integración del capital y la distri­bución de las utilidades.

Considerando que el texto en­viado contiene en detalle la opera­ción de la sociedad, “hemos con­siderado que dicho documento sea expedido luego del Pacto Social. Dicho documento conformaría los estatutos de la sociedad; estos do­cumentos son privados y no tienen que ser inscritos obligatoriamente en el Registro Público”, asesoraba Rivera.

Lo anterior ocurrió nueve años antes de que las oficinas de JD Cano en barrio Escalante fueran allanadas y el abogado Jorge Arce Lara fuera indagado por el Minis­terio Público en relación con de­nuncias presentadas en su contra por supuestas estafas a inversio­nistas extranjeros, que totaliza­rían millones de dólares.

En la indagatoria ante la Fisca­lía, Arce negó los cargos alegando que las personas recibieron los beneficios y nunca hubo engaño de su parte; mientras, su abogado defensor declaró a la prensa que se trataba de llegar a arreglos con los denunciantes para devolverles los dineros.

UNIVERSIDAD preguntó a Vi­viana Martín sobre el interés que tuvieron de inscribir el bufete como offshore en Panamá y sí te­nía que ver con propósitos de eva­dir impuestos, a lo que respondió que “no, en ningún momento me prestaría a evadir impuestos ni otras obligaciones tributarias.”

La offshore lo que pretendía ser era la estructura de una “Holding Company” de una concentración de alianzas estratégicas con bufe­tes en Centroamérica que se iba a hacer y que nunca se hizo, explicó Martín.

Añadió que su participación en el bufete fue de un poco más de un año, y desde inicios de 2006 dejó de ser parte de dicha oficina. En un estudio hecho a raíz de esta con­sulta en el registro panameño, esa offshore no existe, anotó.

“Ese bufete, mientras yo parti­cipé, no tuvo ninguna contingen­cia fiscal porque no desarrolló la actividad mencionada y, en todo caso, es importante recordar que la ley tributaria costarricense del Impuesto sobre la Renta es emi­nentemente territorial en forma tal, que las actividades ejecutadas y originadas en el extranjero paga­rán los impuestos que rijan en el país en que la actividad se lleve a cabo”, señaló Martín.


 

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Fideicomiso panameño Gibraltar Holdings

Banco Improsa utilizó offshore para repartir dividendos entre sus accionistas

El Banco Improsa S.A. utilizó un fideicomiso en Panamá, creado por el bufete Mossack Fonseca, para, desde el extranjero, repartir dividendos entre sus accionistas.

Se trata de un fideicomiso de la firma Gi­braltar Holdings administrado por la Fiduciaria Mossfon (una empresa relacionada al bufete panameño Mossack Fonseca), desde enero del año 2000.

Gibraltar Hodings Inc. era una empresa panameña creada por Mossack Fonseca, cuyos directores eran los empresarios costarricenses Emilio Bruce Jiménez, su hermano Mauricio y Robert Woodbridge, vinculados en ese momento a Banco Improsa.

En Gibraltar Holdings Inc., también actuó como di­rector el banquero que representa a Óscar Arias ante el directorio del PLN, Alfredo Ortuño Víctory, quien fue además miembro de la junta directiva de Improsa.

En una carta del año 2000, el abogado de Mossak Fonseca, Ramses Owens, aclara al bufete costarricense Carballo –abogados de Improsa– que los fideicomisos en Panamá no deben registrarse y que, además, no pagan ningún tipo de impuestos si no desarrollan actividades comerciales en Panamá.

Según los archivos de Mossack Fonseca en el contrato de creación del fideicomiso Gibraltar Holdings, se indica que: “el fin es que el fideicomiso reciba y distribuya los dividendos provenientes de las acciones de la sociedad panameña Gibraltar Holdings Inc, entre los accionistas de Banco Improsa S.A. registrados como tales al mo­mento de acordarse la distribución, con la salvedad de Grupo Financiero Improsa S.A.”

El 18 de marzo de 2003, Ortuño, junto Robert Wood­bridge y el empresario y presidente del Grupo Financiero Improsa, Jorge Monge Agüero, decidieron aumentar el capital de Gibraltar Holdings de $50.000 a $200.000. (Vea nota aparte).

Ortuño Víctory y las empresas relacionadas a Gru­po Financiero Improsa tienen una larga relación con el bufete Mossack Fonseca que según sus archivos constituyendo en 2003 la firma panameña Arrendadora Improsa S.A., cuyos socios eran la actual presidenta de Banco Improsa S.A., Marianela Ortuño Pinto y el pre­sidente de Farmacias Chavarría, Jorge Monge Agüero.

Mossack Fonseca también constituyó en Panamá Improsa Investment Advisory, firma subsidiaria de Gru­po Financiero Improsa, cuyos directores eran Alfredo Ortuño, junto al tesorero de Agencia Naviera Improsa, Robert Woodbridge y al empresario y exdirector de Improsa, Walter Esquivel Sotela.

El empresario Emilio Bruce señaló a UNIVERSIDAD que debido a que dejó la presidencia de Grupo Improsa hace ya tiempo y ahora no integra la junta directiva de la firma le solicitó a Marianela Ortuño Pinto, actual presidenta de ese grupo financiero que respondiera las preguntas, sin embargo al cierre de esta edición no se recibió sus comentarios.

UNIVERSIDAD intentó obtener los comentarios de Alfredo Ortuño Víctory pero, al cierre de esta edición el banquero no respondió los correos que se le enviaron.

Banca y política.

Alfredo Ortuño Víctory es un banquero costarricen­se que ha combinado su actividad comercial con una intensa participación dentro del Partido Liberación Nacional (PLN) y estuvo involucrado en los comités de finanzas verdiblancos desde el del expresidente Luis Alberto Monge (1982-1986), hasta la segunda presidencia de Óscar Arias Sánchez (2006-2010).

Ortuño Víctory protagonizó dos de los momentos claves dentro de la última administración Arias Sánchez; el primero inició incluso antes de que Arias resultara electo presidente de Costa Rica.

En 2004, Ortuño y Arias viaja­ron a China en viaje exploratorio y luego, durante los primeros meses de la gestión presidencial del pre­mio Nobel, el banquero se convirtió en uno de los principales lobistas que gestionó el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cos­ta Rica y China y del préstamo con bonos blandos por $300 millones.

El segundo momento clave lo protagonizó como director de Costa Rica en el Banco Centromericano de Integración Económica (BCIE) y participó de un mecanismo se­creto en el que el banco otorgó $2 millones al país como “coopera­ción financiera no reembolsable” y esos recursos se utilizaron para el pago de consultorías en la Casa Presidencial.

Los cuestionamientos sobre el manejo de esos fondos generaron una investigación del Ministerio Público en la que se imputó a Or­tuño junto al entonces ministro de la Presidencia Rodrigo Arias Sán­chez, quien giraba las instrucciones sobre cuánto pagar a los asesores presidenciales.

El caso fue finalmente finalmente desestimado luego de pronunciamien­tos de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría General de la República.


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