El Ministerio de Educación Pública (MEP) negó dos de las cinco minutas que reflejan las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2023, a pesar de que la Sala Constitucional ordenó la entrega de los documentos, tras declarar “con lugar” un recurso de amparo presentado por UNIVERSIDAD.
El FEES 2023 fue negociado por la Comisión de Enlace durante cinco sesiones realizadas los días 9, 11, 16, 24 y 25 de agosto de 2022. En este órgano participan los rectores de las cinco universidades públicas, un representante estudiantil y los jerarcas del MEP (quién lo preside), Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología.
En esas negociaciones, el Ejecutivo propuso un recorte al FEES de ₡129 mil millones, que después de una multitudinaria marcha universitaria y tras negociaciones se echó para atrás. El acuerdo final consistió en mantener el monto del FEES 2022 y agregar un 1% por el aumento del costo de vida, pese a que en julio de 2022 la inflación interanual había llegado a 11,48%.
Lo anterior supuso un recorte en términos reales del FEES, celebrado por el presidente Rodrigo Chaves días después, en una entrevista con Monumental, donde calificó la negociación como “exitosa”, debido a la reducción.
Relación de hechos
El 31 de agosto de 2022, UNIVERSIDAD solicitó al MEP las actas de las sesiones de la Comisión de Enlace realizadas para negociar el FEES de 2023. No obstante, a través del departamento de prensa, el ministerio manifestó la negativa de entregarlas, argumentando que las sesiones del órgano son privadas, de conformidad con el artículo 54 de la Ley General de la Administración Pública (6227).
“Al no existir un acuerdo unánime por parte de la Comisión de Enlace que disponga que las sesiones son de carácter público, no sería posible otorgar copia de las minutas”, respondió el director de Prensa y Relaciones Públicas del MEP, Otto Vargas.
Por este motivo, UNIVERSIDAD optó por interponer un recurso de amparo contra el MEP, para que se entregara de forma inmediata la copia de las cinco actas y minutas de las respectivas sesiones, ante la violación de derechos como la libertad de prensa, de información o de petición, entre otros.
El 8 de diciembre de 2022, la Sala Constitucional declaró “con lugar” el recurso de amparo interpuesto y ordenó al ministerio que se “gire las órdenes correspondientes” para que se “atienda como en derecho corresponda” la gestión planteada por UNIVERSIDAD.
En su resolución la Sala destacó que, si bien el ordinal 54 de la Ley 6227 establece la privacidad de las sesiones, “ello no implica per se que las actas de las respectivas sesiones sean confidenciales, tal como sostiene la parte recurrida”.
“En este caso concreto, con el Semanario Universidad, se lesionó el derecho de la libertad de prensa, el derecho a la información y el derecho de la ciudadanía a estar informados”, destacó Belisario Solano, asesor legal de los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica y expresidente del Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación (Colper).
MEP no entregó la totalidad de las minutas
Después de ser notificado, el departamento de Prensa del MEP envió a este Semanario un correo “en atención a lo dispuesto por la Sala Constitucional”, donde se adjuntaron tres archivos con las minutas de las sesiones de los días 9, 11 y 16 de agosto de 2022, pero sin incluir las correspondientes al 24 y 25 de agosto de ese mismo año.
UNIVERSIDAD señaló al MEP la entrega incompleta de la información al día siguiente, pero no hubo contestación, por lo que se procedió a reiterar la solicitud de los documentos faltantes. En este segundo correo, este Semanario le recordó al MEP que, en su declaración a la Sala, el director de Prensa y Relaciones Públicas reconoció la existencia de las minutas por cada sesión realizada:
“Durante las reuniones de la Comisión FEES, se levantaron minutas de cada una de ellas, las cuales son transcripciones literales de las reuniones sostenidas. El órgano en su momento acordó el carácter privado de las reuniones, y en ellas el MEP es solo una parte de la comisión”, anotó Vargas en su informe al ente constitucional.
Sin embargo, la respuesta del MEP a UNIVERSIDAD fue otra negativa: “De acuerdo a lo indicado por las autoridades ministeriales, producto de las negociaciones del FEES se levantaron tres minutas. En la última sesión (25 de agosto) se firmó el acuerdo”, indicó el departamento de Prensa.
“Si después de resuelto el fallo se percatan de que solamente hay tres de cinco, porque hubo dos en las que no se levantó minuta, pues tendrán ellos que usarlo como una causal de justificación ante el eventual delito de desobediencia a la autoridad en que podría incurrir la persona que no entregue las actas”, indicó el expresidente del Colper, a la vez que aclaró que existe una contradicción entre las versiones que da el Ministerio. “Bajo la fe de juramento eso es lo que le está diciendo el funcionario del Ministerio a la Sala Constitucional y entonces no puede venir ahora a alegar que fue un error o que no tenía conocimiento”.
Para Solano, este fallo tiene importancia porque “abre una línea de acción de la Sala con referencia al funcionamiento de los órganos y a la obligación que tienen de garantizarle a los periodistas el libre ejercicio de la actividad periodística y, a través de ellos, garantizar el derecho a la información que tiene la ciudadanía, en temas tan relevantes como es el tema de la educación pública”.
Por su parte, la actual presidenta del Colper, Yanancy Noguera, señaló tras conocer la situación que “el tema de acceso a información sigue y seguirá siendo un problema en Costa Rica”, debido a que “ciertos funcionarios” tienen la percepción equivocada de que “la información no es pública”:
“Hay que seguir insistiendo en que prácticamente el 99,9% de la información del Estado es pública y que cualquier ciudadano, entre ellos, las personas que hacen periodismo, tienen derecho a acceder a esa información”, señaló Noguera a UNIVERSIDAD.
Para la presidenta del Colper, se debe insistir en que las instituciones cumplan los mandatos de la Sala IV: “Si hay que proceder ante la Sala Constitucional, como este caso de ustedes, también la institución debe tener claro que, en el cumplimiento de esa sentencia que la Sala da, la información tiene que brindarse de una manera correcta”.
