Las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) enviaron investigadores a la Sede de Guanacaste para indagar la supuesta compra de favores sexuales hasta un año después de que el OIJ les dio información sobre lo que ocurría.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) había indagado en este caso ante una denuncia interpuesta el 1º de junio de 2017 por la vicerrectora de Docencia, Marlen León, la cual, a su vez, recibió información por parte de profesoras.
El OIJ investigó el caso y el 21 de diciembre de ese año emitió un informe en el que concluyó que no se lograba acreditar la comisión de delitos, pero que sí existían testimonios sobre posibles infracciones administrativas pues, al parecer, algunos docentes se valían de su poder para obtener beneficios “de índole sexual” de las estudiantes.
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“Según el análisis que se realizó, el personal docente tiene la capacidad de acomodar los horarios a conveniencia, brindar labores que generan una gran ayuda para el estudiantado, los que en su mayoría se encuentran en el índice socioeconómico de pobreza o extrema pobreza, siendo este un factor importante para que los estudiantes realicen cualquier acto a cambio de un beneficio económico o de cualquier índole”, señaló el OIJ.
Las personas investigadas por el OIJ fueron: el director de la Sede, Édgar Solano Muñoz; el profesor Édgar Vidal Vega Villalobos (anteriormente sancionado por hostigamiento sexual); y otros tres docentes de apellidos Salas, Alvarado y Campos, respectivamente (Ver aclaración al final de la nota).
A pesar de que esa pesquisa judicial culminó a finales del 2017, en ese momento la UCR no envió a funcionarios de la Unidad de Investigación de la Sección de Seguridad y Tránsito a la sede guanacasteca para que indagaran los hechos mencionados e identificaran a los supuestos responsables.
La decisión de la Rectoría fue conformar una Comisión de Apoyo Académico a la Sede Guanacaste, la cual inició el trabajo en abril del 2018, es decir, cuatro meses después del informe del OIJ.
Dicha comisión estuvo formada por siete funcionarios del área docente y administrativa. Los objetivos que se plantearon estaban relacionados con evaluar la “gestión académica y administrativa de la sede”, con base en los informes de las vicerrectorías y del OIJ y brindar asesoría en esa área.
También se buscaba asesorar a la Dirección de la sede en la elaboración y ejecución de acciones correctivas y oportunidades de mejora. Además, capacitar al personal y a la población estudiantil así como darles atención psicológica a personas afectadas.
En cambio, la Unidad de Investigación de la Oficina de Seguridad y Tránsito visitó la sede para indagar en los hechos hasta en noviembre del 2018, casi un año después de que el OIJ emitió sus conclusiones.
La visita de siete oficiales -incluido el jefe de Seguridad, Jesús Brenes- se llevó a cabo en tres días, en los cuales detectaron debilidades en la seguridad de la sede relacionadas con la falta de controles en el ingreso de particulares, iluminación y falta de personal.
Sin embargo, sobre las acusaciones de una red de trata, de la compra de favores sexuales o de la venta de drogas, los oficiales indicaron que había hermetismo por parte del director Édgar Solano.
Según el informe de los oficiales, inicialmente Solano dijo tener información sobre estudiantes que reclutaban a otras para la venta de servicios sexuales o para introducción de droga al centro de estudios. No obstante, luego evadió brindar nombres o más detalles de estos hechos por lo que los oficiales determinaron que incurrió en “obstaculización” de la investigación.
Ese informe fue firmado por el investigador Manuel González González y por el coordinador de la Unidad de Investigación, Christian Rojas Jiménez. Además, fue respaldado por el jefe de la Oficina de Seguridad y Tránsito, Jesús Brenes, según documentos en poder de UNIVERSIDAD.
Consultado sobre por qué se tardó tanto tiempo en enviar a investigadores de la universidad a Guanacaste, el vicerrector Araya respondió que se estaba a la espera de que la Comisión de Apoyo Académico finalizara su análisis.
“Es justamente a finales del 2018 cuando la Comisión tiene los primeros resultados de su análisis y plantea una serie de inquietudes respecto a la seguridad de la sede, en cuanto a ingreso de vehículos en horas donde la sede debería estar cerrada, falta de iluminación, de cámaras de seguridad. Es en ese momento que nosotros enviamos al personal de seguridad a hacer un análisis de toda la situación que se está planteando”, indicó Araya.
Sin embargo, esa misma comisión incluyó en su reporte algunos hallazgos obtenidos por los investigadores de Seguridad en noviembre del 2018.
Se le preguntó si no vio necesario enviar también a investigadores, a raíz de que había estudiantes en riesgo y respondió: “Te reitero que así fue como se interpretó, creímos que era lo adecuado. En su momento la Rectoría nombra una comisión donde hay personas de todas las áreas académicas, incluso gente del sector administrativo. Ellos hicieron la investigación y esperamos los resultados”.
Araya detalló que durante la visita de los agentes se habló con otras personas de la sede y que, al finalizar la labor investigativa, se envió un informe a la Rectoría y a la Vicerrectoría de Docencia en el cual se mencionó la falta de colaboración del director.
También destacó que a raíz de esta y otras situaciones que han ocurrido en la UCR se invirtió más en seguridad electrónica y, recientemente, se creó una aplicación llamada “Botón de pánico” para que víctimas de agresiones puedan pedir ayuda dentro o fuera del campus.
Araya anunció que, luego de las publicaciones de este medio sobre la situación en Guanacaste, se coordinará una próxima actuación de los funcionarios de Seguridad pues puede ser que ahora haya más anuencia de las personas a brindar información.
“El tema de la seguridad es fundamental. El acoso de parte del personal docente y administrativo a estudiantes es un tema donde la seguridad nuestra no tiene capacidad de investigación, vamos a tener que generar esas capacidades”, agregó Araya.
UNIVERSIDAD contactó al rector Henning Jensen pero, por motivos de agenda, solicitó que se le contactara este miércoles.
Primeras informaciones
Los primeros avisos sobre irregularidades en la sede llegaron a finales del 2016 a oídos de la vicerrectora de Docencia, Marlen León, por boca de profesoras. Sin embargo, las informaciones iniciales referían situaciones de acoso laboral y sexual, pero no actos delictivos, según detalló la funcionaria en entrevista con UNIVERSIDAD.
Pocos meses después, las alertas se agravaron, pues mencionaban situaciones de prostitución, compra de favores sexuales por parte de profesores y venta de drogas.
León y otros vicerrectores se presentaron a interponer la denuncia en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el 1º de junio del 2017, según consta en ese documento judicial.
Carlos Araya, vicerrector de Administración -órgano al que pertenece la oficina de Seguridad y Tránsito de la UCR- indicó a este medio que, anteriormente a esa denuncia, él y el rector de la UCR, Henning Jensen, se reunieron con el director del OIJ, Wálter Espinoza, y el entonces subdirector, Michael Soto, para ponerles al tanto y solicitar la colaboración.
León, por su parte, explicó que ella requería reunir más información y hablar con personas afectadas o que tenían conocimiento para poder interponer la denuncia.
En mayo del 2017, una de las profesoras denunciantes de la situación en Guanacaste acudió al Sindicato de Empleados (as) de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) porque consideraba que había falta de respuesta por parte de la administración. Según la docente, había pasado tres meses desde que hizo la denuncia.
Poca colaboración
La Comisión de Apoyo Académico a la Sede Guanacaste entregó el informe final en mayo del 2019, en el cual señaló que las personas con conocimientos de relaciones inapropiadas entre las autoridades de la sede y personal administrativo no estaba dispuesto a denunciar.
El documento también destaca “un escaso interés, mostrado por la Dirección de la Sede y la Coordinación del recinto de Santa Cruz, en dar seguimiento y apoyo genuino a las acciones que se impulsan en relación con la atención de las situaciones de acoso, hostigamiento sexual y trata de personas que sufren diferentes poblaciones de la Sede de Guanacaste”.
El director Solano ha dicho en entrevista con UNIVERSIDAD que todas estas denuncias son “una campaña de desprestigio” contra la sede y que a él no le consta nada.
ACLARACIÓN
Por solicitud del profesor Víctor Alvarado Dávila, se aclara que él no forma parte de las personas mencionadas y que fueron investigadas por los casos de acoso en la Sede de Guanacaste.
