- Cinco docentes, entre ellos el Director de esa sede, figuran en informe elaborado por agentes judiciales en 2017.
- Documento concluye que no hay pruebas de delitos, sino infracciones administrativas porque, al parecer, docentes “se valen del poder” para obtener beneficios “de índole sexual”.
Dinero y ayuda académica a cambio de favores sexuales, relaciones inapropiadas con estudiantes y acoso sexual son parte de los señalamientos contra docentes de la Sede de la UCR de Guanacaste (Liberia y Santa Cruz) que fueron recogidos en una pesquisa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el 2017.
La Policía Judicial recibió los testimonios de tres personas -con identidades protegidas- quienes aseguraron conocer de estas situaciones. La investigación se dio tras recibir una denuncia por “parte del personal de la Universidad de Costa Rica (UCR)”, según señala el informe judicial del cual UNIVERSIDAD tiene copia.
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De acuerdo con ese documento, en la denuncia inicial se mencionó a nueve profesores, aunque el OIJ finalmente describió como “sospechosos” a cinco de ellos, entre quienes está el director de la Sede Édgar Solano Muñoz. Los otros tres son de apellidos Salas, Alvarado, Campos, y a ellos se suma Édgar Vidal Vega Villalobos; este último además sancionado en la UCR por un caso de hostigamiento sexual en el 2015.
UNIVERSIDAD contactó al director y a los docentes aludidos, quienes en términos generales rechazaron las acusaciones. Algunos las tacharon de “un montaje” y otros dijeron desconocer por completo el tema y la existencia del informe judicial.
El director Édgar Solano brindó dos entrevistas en las que sostuvo -tal como había hecho en un comunicado de prensa- que las denuncias son parte de una “campaña de desprestigio”. “Los peores enemigos de la U están dentro”, expresó.
“Yo leí el informe, conozco los detalles, y los testimonios de las testigos son muy débiles, son infundados, no tienen pruebas, hacen afirmaciones sin tener las pruebas y eso es gravísimo”, añadió. Además, Solano rechazó que él sostenga relaciones amorosas o sexuales con estudiantes.
Se le consultó sobre versiones contrarias que él brindó a la oficina de Seguridad de la UCR sobre este tema, según consta en otro documento elaborado por esa instancia, en el que se concluyó que Solano se negaba a colaborar con la investigación. El director de la Sede alegó que él solo les trasladó información que le habían dado subalternas sobre el supuesto reclutamiento de muchachas para “fiestas”, pero que a él no le constaba nada. Además, reprochó que, según él, los oficiales de Seguridad grabaron las entrevistas sin su consentimiento. (Vea nota aparte).
El OIJ inició la investigación de este caso porque la denuncia incluía supuestos hechos de trata de personas para fines de explotación sexual.
Los agentes concluyeron que no se pudo acreditar la comisión de hechos que configuren delitos, sino que “lo que aparenta ser es una infracción de normas administrativas, ya que en apariencia los investigados se valen del poder que ostentan para obtener un beneficio de las estudiantes. Este beneficio sería de índole sexual”, indica el informe policial.
“Finalmente, se rinde el presente informe dejando en evidencia que, si bien no existe una infracción a una norma penal, quedará a valoración de la Universidad si lo antes expuesto se sigue permitiendo o se trata de cambiar las irregularidades expuestas durante las labores de investigación”, añade el documento.
Tras conocer el informe judicial, la Rectoría conformó una Comisión de Apoyo Académico para la Sede de Guanacaste con el fin de que hiciera un análisis integral de la situación, informó Marlen León, vicerrectora de Docencia.
León agregó que, además, siempre se remitió a las personas denunciantes a la Comisión Contra el Hostigamiento Sexual, donde se deben tramitar los asuntos relacionados específicamente con acoso sexual. No obstante, resaltó que ha sido difícil que las víctimas denuncien directamente, lo cual es requisito indispensable para iniciar causas contra los supuestos involucrados.
Teresita Ramellini, coordinadora de dicha Comisión, manifestó que, con base en la normativa, tiene impedimento para brindar detalles sobre si se investiga a personas en específico. La funcionaria sí comunicó que, tras los informes del OIJ y Seguridad, así como la campaña contra el hostigamiento, no aumentaron las denuncias en Guanacaste como esperaban las autoridades.
Ramellini destacó que la Comisión solo conoce temas de hostigamiento sexual. Sobre esto, la vicerrectora León también destacó que, en ocasiones, resulta difícil que las víctimas denuncien porque no identifican los hechos como acoso.
“No es lo mismo la relación entre una persona y otra sabiendo que están en una situación de igualdad, a una relación que se establece por esa situación de poder. Esa es precisamente una de las características del hostigamiento y del acoso, el abuso de esa posición de poder. Eso es lo que podría inducir a la persona que está en desventaja en esa relación a acceder a una serie de situaciones que van en detrimento de su dignidad”, explicó León.
La Rectoría además solicitó a la oficina de Seguridad y Tránsito realizar su propia pesquisa, en la que se concluyó que el director de la Sede obstaculizó la recopilación de datos.
La Comisión Interdisciplinaria, por su parte, destacó: “Llama la atención que el señor director de la Sede nos informara de ‘redes de prostitución’ y de ‘trasiego de drogas’ en la Sede, pero a la fecha no ha realizado ninguna gestión ante las autoridades judiciales, OIJ o la Fiscalía, dada su condición de máxima autoridad de la Sede”.
“Padrinos”
Uno de los relatos recopilados por el OIJ es el de una profesora que laboró en la Universidad desde finales de los 90. De acuerdo con el informe, ella aseguró que, desde el 2000, estudiantes le comentaron que un docente de nombre Vidal “consume mucho licor y cuando bailaba con las estudiantes las ‘apretaba’ mucho, pero las estudiantes no hacían nada, ya que lo consideraban como una persona sumamente poderosa en la Universidad”.
Además, narró que en el 2014 ese mismo docente “intentó darle un beso a una estudiante” a cambio de un teléfono celular, pero la alumna se negó.
“Vidal indicó que él podría darle dinero y explícitamente le afirmó que habían varios profesores que fungen como ‘padrinos de las estudiantes’. Esto quiere decir que a cambio de actos sexuales ellos les ayudarían con dinero y otras facilidades académicas”, dijo la testigo, según consignó el OIJ.
“La entrevistada indicó que un estudiante escuchó de la propia boca de Vidal que una estudiante le quería ‘meter’ un hijo, pero él no era el papá del hijo de dicha estudiante”, añadió en su narración.
También mencionó que él y otros profesores se aprovechan de alumnos de escasos recursos, pues les ofrecen realizar horas estudiante, que consisten en una especie de beca mediante la cual se llevan a cabo tareas a cambio de una ayuda económica por parte de la Universidad.
UNIVERSIDAD contactó a Vega, quien argumentó que se trata de los mismos hechos por los cuales fue sancionado en el 2015 con ocho días de suspensión.
El docente del área de Agronomía afirmó que se trató de “una venganza” de una pareja de estudiantes, a quienes él no les aprobó un proyecto de instalar unos invernaderos.
“Todo eso fue por lo que fui juzgado (en la Comisión contra el Hostigamiento Sexual), y por eso fui castigado. Exactamente lo que dice eso del OIJ es copia de mi demanda”, apuntó.
Vega aseguró que nunca ha tenido relaciones sexuales con estudiantes ni ha asistido a fiestas con alumnos o alumnas.
El docente sí admitió que en algún momento dio dinero a estudiantes en giras, pero aseguró que lo hizo solo porque estas personas iban sin recursos y no a cambio de ningún favor sexual.
Además, narró que él le dio un celular al novio de la joven que lo denunció. “Ahí me acusaron de que se lo di con tal de comprar la confianza”, dijo Vega, quien rechazó todos los señalamientos.
Otros de los testimonios recopilados provino de una persona que dijo haber sido discente de la sede de Guanacaste. En su relato ante los agentes, indicó que había cuatro profesores que “eran muy estrictos”, pero que cuando una estudiante reprobaba un curso, le indicaban que para pasarlo debía “realizar actos sexuales”.
La testigo dijo al OIJ que algunos docentes pagaban “una mensualidad” a cambio de relaciones sexuales y que al menos cuatro profesores “llevan a las estudiantes a sus casas para mantener relaciones sexuales”.
Además, aseguró que el profesor Vega paga de su propio dinero a alumnas para que trabajen como asistentes.
Otra mujer, entrevistada por el OIJ en este caso, contó que estudió en la Sede entre el 2009 y el 2010, tiempo en el que “logró percibir un exceso de confianza de los profesores para los estudiantes”.
Según ese testimonio, los docentes le pagan ₡20.000 de su propio bolsillo a las estudiantes para que le sirvan de asistentes.
“(…) la entrevistada afirmó que tiene conocimiento de propuestas sexuales que ha hecho Édgar Vidal a varias estudiantes, y en unas de las giras un estudiante logró escuchar del propio docente que una estudiante le estaba achacando un niño que acababa de dar a luz, pero estas aseveraciones eran falsas, ya que él se había cuidado, al tener ‘algo’ con la estudiante.
Por último, externó que Vidal vociferaba de las ‘ayudas’ hacia las estudiantes por parte de los docentes, indicando que era normal y ellos lo que hacían era colaborarle al estudiantado”, agrega el informe.
Esa testigo también dijo al OIJ que en las giras hay “consumo masivo” de licor, tanto por parte de docentes como de estudiantes.
Sobre este tema en particular, Vega respondió que sí ha brindado ayuda económica a estudiantes en giras, pero negó que sea a cambio de favores sexuales y rechazó haber tenido algún tipo de relación con estudiantes.
El OIJ apuntó en el informe que los nombres que más se mencionan en la información recopilada son los de los profesores de apellidos Salas, Alvarado, Campos, Vega y Solano, “pero no se descarta la participación de algún otro docente en infracciones de orden administrativo”, indicó.
Tanto Alvarado como Campos rechazaron a UNIVERSIDAD esas denuncias. Aseguraron que desconocían que habían sido investigados, que nunca se les llamó para ser entrevistados y que ignoran de dónde provienen esas acusaciones. Además, mencionaron que no han sido sancionados por ningún asunto de esos.
“Niego totalmente. Esa profesora que me involucra está haciendo una gran injusticia”, expresó Alvarado.
“No tengo ni idea de por qué se dice eso”, manifestó Campos. Salas, por su parte, no respondió a los teléfonos a su nombre ni a los mensajes enviados a su correo institucional.
El origen del caso
La investigación de la Policía Judicial inició con base en información que brindó la vicerrectora de Docencia, Marlen León, tras las averiguaciones iniciales que realizaron las autoridades universitarias.
Consultada al respecto, León detalló que a finales del 2016 e inicios del 2017 recibió siete denuncias sobre situaciones irregulares en la Sede guanacasteca y que, en cierto momento, notó que se referían a actos que podían ser delictivos. La vicerrectora recordó que las personas se encontraban muy temerosas.
Tras ponerlo en conocimiento del rector Henning Jensen, el Consejo de Rectoría decidió interponer la denuncia penal contra ignorado. Además, se solicitó la investigación a la oficina de Seguridad y a la Comisión Interdisciplinaria. También, se inició una campaña en toda la UCR para promover que las víctimas denuncien.
Sobre las declaraciones del director de la Sede, que alude a una “campaña de desprestigio”, la vicerrectora manifestó: “Yo creo que precisamente el comentario de don Édgar refleja su visión misógina y machista de este tema. Desconozco las razones por las cuales él siempre se ha sentido tan atacado”.
“Ha sido muy difícil trabajar con don Édgar este tema, a pesar de que aparente anuencia y disposición, cada vez que nosotros necesitamos un poco más de apoyo sobre el tema, el apoyo de la dirección siempre ha sido superficial. Pero no es ninguna campaña de desprestigio ni nada por el estilo”, agregó León, quien consideró que todavía no se ha llegado al fondo de todo el asunto y reiteró la necesidad de que las víctimas se acerquen a denunciar.
El informe del OIJ también menciona que se conversó con Harold Chavarría, quien entonces era secretario de Conflictos del Sindicato de Empleados (as) de la Universidad de Costa Rica (Sindeu).
Según el documento del OIJ, Chavarría se refirió al supuesto acoso que sufría una docente por parte de los profesores de apellidos Salas y Alvarado, “quienes en apariencia han realizado actos de acoso constante a la docente con el fin de sacarla de la Sede y además poder actuar libremente, manteniendo relaciones sexuales con estudiantes y al sacar a la docente lograrían actuar sin limitaciones en la Universidad”, dice el documento.
También se indica que, según Chavarría, esa docente recibía amenazas por medio de un estudiante “quien le hacía comentarios de muertes y sicarios, además han amenazado al personal docente y le han dicho que no se meta en los asuntos que no les importa”.
Este medio contactó a Chavarría, quien labora como oficial de Seguridad de la UCR. Él relató que, en el 2017, esta docente lo buscó debido al puesto que él ocupaba en el Sindeu. La funcionaria le relató que, al parecer, algunos docentes mantenían una red de prostitución allá en la Sede y cobraban $200 por estudiante, según su narración.
Chavarría recordó que, según el relato de la docente, una estudiante era quien hacía el reclutamiento de otras alumnas. Además, dijo que la docente también era víctima de acoso y que recibía amenazas.
El funcionario aseguró que, al conocer esta situación, el Sindeu decidió contactar al OIJ. Según comentó, se reunieron con la docente, con una alumna que era testigo y con un agente judicial, pero en ese momento se enteraron de que las autoridades universitarias también habían ido a interponer la denuncia.
UNIVERSIDAD ha intentado localizar a esa docente, pero no respondió las llamadas ni mensajes. Ella ya no labora en la UCR.
*Si usted tiene información sobre alguno de estos casos, comuníquese al correo [email protected]. La UCR también invita a las personas a denunciar al número 2511-4898.
