La Procuraduría General de la República (PGR) instó a los diputados a avanzar con el trámite de un proyecto de ley que dispone un mecanismo de protección a personas denunciantes y testigos de actos de corrupción en el sector público y privado; pero sugirió excluir del texto el concepto de una recompensa económica por denunciar actos de corrupción.
Se trata del proyecto de “Ley de Promoción de Denuncias y Protección de las Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra Represalias Laborales” (expediente 23.449), presentado el pasado 3 de noviembre de 2022 por el Poder Ejecutivo.
El objetivo del proyecto, que se discute en la Comisión de Jurídicos en la Asamblea Legislativa, es dotar al país de un mecanismo de protección para enfrentar las eventuales represalias laborales que puedan sufrir denunciantes y testigos de actos de corrupción.
La motivación del proyecto es brindar protección -física, psicológica y laboral- a los denunciantes de delitos de corrupción, ya que claramente existe un temor a sufrir represalias.
Tatiana Gutiérrez Delgado, Procuradora de la Ética Pública de la PGR, explicó hoy en la Comisión que el proyecto propone un fuero de protección contra las represalias que puedan sufrir las personas que denuncien actos de corrupción, que cubre a denunciantes y testigos, tanto del sector público como privado.
La iniciativa dispone que se use la “vía sumarísima” que ya está contemplada en el Código de Trabajo. La autoridad competente para atender las solicitudes de protección sería el juez laboral. Asimismo, incluye un régimen sancionatorio contra aquellos empleadores privados y funcionarios públicos que tomen represalias contra sus empleados.
Desde 2007 se incumple con esta protección
Amy Román, Procuradora de la Ética Pública de la PGR, señaló ante la Comisión que, si bien Costa Rica tiene obligaciones asumidas en convenios internacionales en materia de combate a la corrupción, desde 2007 se tiene pendiente implementar normativa que brinde “protección integral para denunciantes y testigos”. “Costa Rica ha venido incurriendo en un incumplimiento sistemático de esta obligación”, resaltó Román.
Por ejemplo, citó obligaciones ante la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Precisamente en diciembre de este año el país debe rendir cuentas sobre recomendaciones que se le han hecho en este sentido.
Román también mencionó compromisos como parte del tratado multilateral “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” y la “Convención Interamericana contra la Corrupción” de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Excluir recompensa económica
El Procurador General, Iván Vincenti, aclaró que la Procuraduría propone que avance el proyecto de ley sin el capítulo cuarto, que incluye una recompensa económica por denunciar actos de corrupción.
Vincenti explicó que este aspecto es el que menos consenso y más dificultad técnica presenta. Mencionó que según una doctrina internacional, la forma en que se puede implementar el sistema de recompensas “no es pacífica”; que para ninguno de los organismos internacionales es un requisito que se incluya un tema de recompensa económica; y que si este tema no está bien regulado, se puede prestar para generar problemas para la aplicación de la ley.
“Es nuestro criterio que la propuesta de ese capítulo requiere de mayor tiempo y de mayor discusión y análisis”, dijo Vincenti, y destacó “el acuerdo alcanzado en los otros capítulos, que es esencial para que Costa Rica se ponga al día en sus obligaciones”.
“Hay dificultad de encontrar un mecanismo que sea eficiente, de fácil aplicación y además hay que buscar la fuente de financiamiento”, finalizó Vincenti.
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