Los votos de cinco diputados de Nueva República, Liberación Nacional y Liberal Progresista archivaron un proyecto de ley que pretendía múltiples reformas para penalizar delitos de corrupción como los sobornos internacionales, lavado de dinero, y otros delitos de corrupción desde las empresas. Así ocurrió el pasado 7 de setiembre, en la última sesión de la Comisión de Jurídicos.
La iniciativa fue ampliamente defendida por la frenteamplista Rocío Alfaro, quien achacó que la Comisión planeaba archivar el expediente 22.428 en razón de que las personas jurídicas, las empresas, no cometen delitos.
Sin embargo, Alfaro recordó que la Asamblea Legislativa emitió una ley en el 2019 para justamente responsabilizar a las empresas de sobornos a nivel nacional e internacional. La diputada destacó también el apoyo que le dieron la Procuraduría General, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y otras entidades.
“Me parece una muy mala señal, que se avale enterrar un proyecto con la justificación de que las personas jurídicas no delinquen. Eso es lo que plantea el informe de subcomisión. Esto implica que desconocemos nuestro propio ordenamiento jurídico”, afirmó Alfaro.
La diputada también pidió “no echar por tierra todo el proyecto” y discutir ese elemento con más amplitud.
El informe de subcomisión fue acuñado por la diputada y abogada Gloria Navas, de Nueva República, quien defendió que acusar penalmente a las empresas sería “inconstitucional”.
“Se pretende sancionar penalmente a una sociedad. Bueno, a la sociedad usted no la puede meter a la cárcel… Para efectos de eso, tendrán que ser los directores o funcionarios de la sociedad, si incurrieron en delitos de carácter penal. Pero hay que demostrar la participación culpable de esa persona, no de la entidad”, afirmó Navas.
En un posterior video enviado por la diputada Alfaro, señaló que fueron partidos que han estado a favor de que el país se acoja a organismos trasnacionales, quienes ahora objetaron las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) por razones de soberanía nacional.
De acuerdo con Alfaro, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) planeaba presentar un texto sustitutivo para negociar con las diputaciones.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Jurídicos, Jorge Dengo del Liberal Progresista, describió que afuera de la sala se apersonaron representantes de COMEX. Dengo fustigó que debieron coordinar previamente una reunión para referirse al tema con los diputados oficialistas del órgano y que no los iba a recibir porque se apersonaron “el día que se está votando”.
PLN y Nueva República justificaron votó en contra por defender soberanía
El proyecto 22.428 fue presentado por el Poder Ejecutivo del gobierno de Carlos Alvarado, después de recibir recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE).
El Grupo de Trabajo definió que, pese a la ley aprobada en el 2019, la legislación carecía de cobertura de todas las formas en las que ocurren los sobornos de empresas.
“El delito de soborno transnacional en Costa Rica no abarca algunos de los modus operandi más comunes de este delito. El delito requiere prueba de dolo directo; la imprudencia o la ceguera intencional no son suficientes. Esto podría dejar impunes la mayoría de los casos de soborno transnacional cometidos a través de intermediarios”, dice el informe del Grupo.
Sobre la intervención de la OCDE, la diputada Navas también dijo que el organismo no tiene potestad sobre la “soberanía” del país. Aseguró que afuera de Costa Rica “tienen otros régimenes (jurídicos), nosotros no”.
“Nos quieren invadir en el marco jurídico nuestro”, afirmó el liberacionista Danny Vargas sobre el tema. Vargas lamentó que las sociedades anónimas “dejó de existir por ocurrencia” pues se debe rendir cuentas de los accionistas de la sociedad al Banco Central, esto con fines de reducir el fraude fiscal.
