Sólo la fracción del Frente Amplio y algunas diputadas y diputados de Liberación Nacional (PLN) votaron por renovar el plazo cuatrienal al proyecto de “Régimen de responsabilidad de las diputaciones por violación al deber de probidad”, con lo cual quedó archivado y abierto el camino para una propuesta sobre el mismo tema del oficialismo.
Se trataba de una propuesta presentada en 2019 por representantes de diversas bancadas y establecía criterios para calificar faltas en “graves” o “muy graves”, cuyas sanciones iban desde la pérdida de dietas hasta la cancelación de la credencial.
El Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que si pasan cuatro años y no se ha cumplido con todos los trámites necesarios para la aprobación de un proyecto, debe ser archivado, a menos de que por mayoría absoluta la Asamblea Legislativa le conceda un nuevo plazo de cuatro años.
Sin embargo, este jueves durante la sesión de plenario el Frente Amplio presentó la moción para ampliar ese plazo, la cual fue rechazada por 29 votos en contra y sólo nueve a favor. A los seis votos frenteamplistas se sumaron los liberacionistas Katherine Moreira, Montserrat Ruiz, José Joaquín Hernández y Francisco Nicolás.
Se presentó entonces una segunda moción para votar el plazo cuatrienal y la diputada Rocío Alfaro tomó la palabra para tratar de convencer a sus colegas de cambiar su parecer.
Dijo que se trata de un proyecto “sumamente avanzado en su trámite legislativo”, que fue dictaminado de forma afirmativa unánime en la Comisión de Asuntos Jurídicos en noviembre de 2020, y que fue hace trece años que la Sala Constitucional “ordenó que se regulara el régimen de responsabilidad de diputados y diputadas por violación al deber de probidad”.
Añadió que “echar por tierra todo esto es, hasta cierto punto, burlarse no sólo de la Sala Constitucional, sino burlarse de la población”.
“El mensaje que le estamos dando a la población es que todo aquello que se dice negativo de la Asamblea Legislativa sería cierto”, dijo. Agregó: “estaríamos echando por la borda la posible confianza de la población en una estructura democrática, en una constitucionalidad que tiene sus pesos y contrapesos”.
La segunda votación quedó 10 a 28, pues se sumó a favor del proyecto la liberacionista Dinorah Barquero
Se presentó entonces una moción de revisión, lo cual posibilitó que hiciera uso de la palabra el frenteamplista Jonathan Acuña: “ciudadanía costarricense, lamentablemente acabamos de ver un voto a favor de la impunidad, de la más vergonzosa impunidad”, fustigó y recordó de igual manera el mandato de 2010 de la Sala Constitucional.
Acuña explicó que que una reforma constitucional de 2018 estableció que se debe retirar las credenciales a los diputados o diputadas que no cumplan con el deber de probidad y que para ello se requiere de una ley que establezca los procedimientos, dijo que “esa ley necesaria para para poder realizar los prcediomientos para sancionar a diputados y diputadas que actúen de manera corrupta, es esta que están archivando el día de hoy”.
Entonces la jefa oficialista Pilar Cisneros tomó la palabra para asegurar que “viera que no queremos impunidad” sino “una ley que garantice transparencia, que garantice un buen procedimiento”.
Informó que hace ocho meses se presentó un texto “que trabajamos con el TSE para lograr que a los diputados se nos sancione cuando cometemos una falta y adivinen qué, nunca contestaron nada”, dijo, sin aclarar quién fue que no le contestó.
Cisneros señaló que al proyecto rechazado le faltan “procedimientos básicos”, para quitarles las credenciales o sancionar aun diputado.
Aseguró que en su texto se establece “claramente cuáles son las causales que permitiría quitarle la credencial a un diputado”, como conflicto de intereses, procurar beneficios personales o para familiares, o “tratar de influir sobre un empleado público para obtener un resultado”.
Dijo que su fracción se mantendría votando en contra de ampliar el plazo cuatrienal a un texto que “viola los principios más básicos de transparencia para poder sancionar a un diputado”.
Acuña pidió la palabra por el orden para plantear que no se estaba votando en primer debate, sino para extender el plazo cuatrienal y que su fracción tiene “absoluta apertura” para incorporar al proyecto las mejoras planteadas por Cisneros.
Sin embargo, con idéntico resultado se votó la moción de revisión. Se planteó entonces una segunda moción y el legislador Antonio Ortega usó la palabra para insistir en que no se pretendía aprobar el proyecto, por lo que instó a Cisneros a votar a favor “para darle cuatro años más de vida a este proyecto y construimos entre todas y entre todos esas partes que ella señala que le preocupan”.
Dijo que era un tema de “economía legisaltiva” en alusión a las quejas que la propia Cisneros había externado más temprano sobre la continua ruptura de quorum y el precio económico que ello conlleva.
El también frenteamplista Ariel Robles usó el tiempo restante para endurecer el discurso “vaya sorpresa, que hoy la vocera del oficialismo es la encargada de que esto hoy se entierre”.
La última votación sobre el tema, realizada con mayor cantidad de diputados y diputadas presentes, quedó once a favor y 31 en contra, pues a los defensores del proyecto se sumó el liberacionista Gilberth Jiménez.
