La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, comunicó la tarde de este miércoles al Plenario legislativo que admitirá las últimas mociones con posibles cambios al plan fiscal este jueves, de modo que el texto pase a ser discutido en su etapa final.
Hidalgo incluso dejó convocadas sesiones extraordinarias los días lunes, martes y miércoles de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.; de modo que el trámite sea lo más breve posible de cara a su votación en primer debate.
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Específicamente, los diputados deberán discutir y votar las mociones de reiteración que se refieren a cambios que ya fueron propuestos y se rechazaron en la comisión fiscal, los cuales buscarán tener mejor suerte en el Plenario, donde ya no decidirán nueve legisladores sino los 57 totales.
Entre esas propuestas están, por ejemplo, las tarifas reducidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en campos como la canasta básica, los medicamentos y los servicios de educación y salud privados; así como la posibilidad de gravar a las cooperativas con el impuesto sobre la renta o de reintegrar la versión inicial de la norma de subcapitalización, que se debilitó intensamente en las negociaciones anteriores.
Todas estas propuestas (entre otras más de 300) podrán ser razonadas antes de votarse en las primeras seis sesiones del Plenario que se realizarán a partir del próximo lunes (una en el día y otra en la tarde); sin embargo, a partir de la séptima sesión, las votaciones deberán hacerse sin discusión previa.
Con este panorama, todo apunta a que la revisión de las mociones quedaría lista la próxima semana; de modo que inicie la discusión hasta la votación en primer debate la siguiente semana.
La noticia llegó apenas un día después de que el Banco Central anunció que financiará de forma “extraordinaria” al Estado con ¢498.000 millones a través de letras del Tesoro, un método que no se empleaba desde el cierre del Banco Anglo en 1994 y que ahora el Estado utilizará para cumplir con sus obligaciones en lo que resta del año sin acudir a opciones de deuda desfavorables que presionen las tasas internas.
Ese movimiento incluso provocó una conferencia en la que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y el presidente ejecutivo del Banco Central, Rodrigo Cubero, urgieron a aprobar la reforma; algo que más tarde también hizo el propio presidente Carlos Alvarado en cadena nacional.
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Alvarado dijo textualmente que el “tiempo se agotó” y pidió a los diputados avanzar con el proyecto para dejarlo listo en octubre.
Llega por fin
La presidenta legislativa se encontraba revisando las mociones de reiteración para seleccionarlas, según establecen las reglas específicas propuestas para este proyecto en la moción de procedimiento abreviado mediante la que se tramita.
Esta pausa llevaba ya más de una semana, lo que generó especulaciones sobre una posible relación con los procesos de diálogo entre el Gobierno y los sindicatos, que se mantienen en huelga desde hace ya dos semanas y media.
No obstante, Hidalgo recientemente señaló que eso fue sólo “una feliz coincidencia” y subrayó que continuaba trabajando para hacer una selección minuciosa, sin errores de procedimiento, que permitiera enviar el texto tan pronto como fuera posible de vuelta a la corriente legislativa.
Ahora, la iniciativa de ley llega con un apoyo que parece suficiente para ser aprobado tras su elaboración y sus discusiones finales, que ocurrirán la próxima semana; pues requiere apenas de 29 votos por tramitarse a través de una “vía rápida”.
En esa línea, es fundamental el respaldo que han anunciado las jefaturas de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), las cuales aseguran que el proyecto es insuficiente, pero debe ser aprobado.
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La unión entre el PLN, el PUSC y el oficialismo es vital para la iniciativa, pues entre dichas fracciones suman 36 votos, lo que quiere decir que incluso si siete de diputados rompen líneas con sus bancadas, se contaría con el respaldo necesario.
Además, debe sumarse a esa lista el independiente Erick Rodríguez, único de los congresistas de las bancadas minoritarias que ha respaldado abiertamente la iniciativa.
Restauración Nacional, por su parte, asegura que tomará su decisión hasta ver la versión final del proyecto. Como segunda bancada más grande del Congreso, su decisión será elemental, pues podrían sumarse a la aprobación o no hacerlo y más bien aportar las firmas necesarias para enviar el proyecto a consulta constitucional y retrasar aún más el proceso (solicitud que requiere diez diputados).
Del lado de los partidos minoritarios, la oposición más intensa al proyecto proviene de congresistas como Dragos Dolanescu del PRSC, José María Villalta del FA y Walter Muñoz del PIN, quienes ya han asegurado que este proyecto no les satisface y que lo votarán negativamente de ser necesario.
Efecto del Tesoro
Antes del anuncio realizado por la Presidencia del Congreso, los diputados utilizaron su habitual espacio de control político de cada miércoles para referirse al financiamiento “extraordinario” de Hacienda a través de las letras del Tesoro y la necesidad que eso podría reflejar de que se apruebe el texto fiscal para obtener mejores fuentes de financiamiento.
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En ese espacio, diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y los oficialistas del Partido Acción Ciudadana urgieron avanzar con el trámite; mientras que los de Restauración Nacional fueron más cautos y una minoría muy pequeña arremetió nuevamente contra el proyecto.
De parte de los socialcristianos, el jefe de fracción Erwen Masís, se dirigió especialmente a la fracción de Restauración Nacional, la segunda más grande del Congreso con 14 diputados y que sigue indecisa. A ellos les recordó su compromiso electoral en campaña de apoyar la reforma, haciendo referencia directa al plan de gobierno de su excandidato Fabricio Alvarado.
A ellos, les ofreció la posibilidad de caminar en la aprobación del proyecto y luego buscar posibles correcciones paralelas en detalles que puedan mejorarse, pero “no ser irresponsables y mandar el proyecto a la basura, porque también estaríamos mandándonos nosotros y nuestro futuro”.
Para Masís, es cierto que el país necesita ajustes en el gasto; sin embargo, enfatizó en que ha escuchado esas intenciones en el Gobierno y que en este momento lo más importante es no “echar por la borda la condición del país”.
Por parte del PLN, la congresista Yorleny León también fue muy directa y pidió dejar de buscar culpables de la situación fiscal del país para primero atender el desequilibrio. Según León, “estamos dejando de atender lo que realmente es urgente, que es sacar a Costa Rica de los cuidados paliativos en los que se encuentra”.
En esa línea, también apuntó a quienes se oponen al proyecto, a quienes incluso pidió abstenerse de opinar si es que “no conocen de números”.
“Es que yo ya no sé en qué idioma tenemos que decirlo para que los costarricenses entiendan que la crisis económica de Costa Rica es de verdad, esto no es un cuento chino que alguien se inventó y el que no entiende de números que no opine entonces, pero que no obstruya el camino de los que sí queremos sacar a este país adelante”, puntualizó.
También se plantó en favor del proyecto el exministro de Economía y diputado oficialista Welmer Ramos, quien añadió que es momento de atender un desequilibrio “muy focalizado” que se ha evitado por años.
Según Ramos, los problemas del país son claros y redundan en puntos muy específicos que deben corregirse en un corto plazo, pues el resto de la economía se mantiene con indicadores altos en comparación con los del resto de la región.
Por el contrario, aseguró que la reforma fiscal más bien es esencial para resolver el problema estructural, pues brindaría un mejor panorama en la gestión de la deuda para poder continuar con esfuerzos en materia de empleo público e instituciones.
En esa línea, dijo que “no podemos alargar más el problema de solucionar este bache de las finanzas públicas y este proyecto debe ser tramitado con celeridad para así darle la información necesaria a los colocadores de deuda y que Costa Rica pueda retomar la salud financiera”.
El socialcristiano Masís fue más duro en su llamado e incluso acusó a los opositores de irresposables, pues —desde su punto de vista— “quienes están en contra sólo lo hacen porque saben que hay gente que está poniendo el hombro y el pecho, que hay una mayoría para que se apruebe y que a fin de cuenta su estabilidad, la de su familia y la de sus amigos están seguras“.
De parte de Restauración Nacional, Carlos Avndaño aseguró estar consciente de que “se requieren medidas urgentes”; sin embargo, su partido sostiene que mantiene desencuentros importantes con la redacción actual del proyecto que no les deja sentirse “cómodos”.
En la oposición, Walter Muñoz y José María Villalta prefirieron reiterar su llamado al diálogo para deponer los movimientos de huelga, aunque ambos sostienen que la tramitación del proyecto también debe detenerse para ello, algo que el Gobierno y las fracciones antes mencionadas rechazan.
