El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, nombró hoy como Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a Andrés Romero Rodríguez, quien ejecutó reformas en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que facilitaron la tercerización y la prestación de servicios de capacitación a empresas de Zonas Francas.
Romero fue presidente del INA durante la administración de Carlos Alvarado, y a lo largo de su gestión dio continuidad a las reformas impulsadas por su antecesor Andrés Valenciano, que facilitaron la inyección de recursos públicos al sector privado y la prestación de servicios de capacitación a empresas de Zonas Francas, bajo el argumento de la necesidad de capacitar a las personas en lo que demanda el mercado, como reportó UNIVERSIDAD.
Reforma al INA facilita inyección de miles de millones de recursos públicos en contratos con el sector privado
Recursos públicos del INA se han utilizado para crear y operar Centros de Desarrollo Empresarial, contratar empresas consultoras que den acompañamiento a Pymes y patrocinar eventos de la Promotora de Comercio Exterior, entre otras cosas.
INA gasta ¢121 millones por mes en “tercerización de servicios” para operar centros de apoyo a Pymes
Autoridades aseguran que se trata de una estructura articulada dirigida a fomentar el empleo y apoyar a Pymes; pero la dirigencia sindical considera que las reformas promueven la tercerización y le endosan al INA funciones que no le competen.
Andrés Romero Rodríguez fue designado este miércoles como ministro de Trabajo en sustitución de Luis Paulino Mora Lizano, que ocupaba el puesto como ministro a.i. Mora, a su vez, asumió el puesto como recargo, después de que Marta Eugenia Esquivel -anterior ministra- fuera nombrada presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Romero es psicólogo de profesión, fue subgerente técnico del INA y anteriormente fue Director Nacional de Empleo en el MTSS. También fue asesor del despacho del ministro de Trabajo entre 2011 y 2012, profesional de la Unidad de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la Dirección General de Migración y Extranjería y asesor del despacho de la Viceministra de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, entre otros cargos que ha ocupado en la función pública.
Según criticó en su momento el Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina), la institución se ha inclinado hacia la compra de servicios mediante la flexibilización en los procesos de contratación; hay una subutilización del personal docente; y su oferta educativa se ha redirigido a responder a las necesidades de sectores productivos, como empresas de Zonas Francas, las cuales deberían contar con los recursos para capacitar a sus empleados.
Asimismo, como informó UNIVERSIDAD en esa ocasión, el INA gasta por mes ¢121 millones en la “tercerización de servicios” que contrata a empresas privadas para operar seis Centros de Desarrollo Empresarial, las cuales dan servicios gratuitos de acompañamiento a Pymes a fin de que mejoren su negocio.
Todo esto es parte de la nueva lógica de empleabilidad y de inclusión social que impulsó la nueva ley del INA, “Ley para el Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la Inclusión Social, y la Productividad, de cara a la Revolución Industrial y el Futuro del Empleo”, que implementaron, tanto Valenciano como Romero.
Asimismo, en mayo de 2022, la Junta Directiva del INA ordenó una investigación después de que la auditoría interna emitiera un informe sobre los movimientos presupuestarios que se realizaron en la entidad para financiar el programa “INA + Capaz”.
“INA + Capaz” es un “servicio de apoyo económico que el INA otorga a una persona, para que pueda estudiar un curso, certificación o carrera técnica en un centro de formación externo avalado por la institución”, según la web del INA.
Como reportó este semanario, entre diciembre del 2021 y mayo de 2022, el INA gastó ₡11.982.600 en becas a estudiantes ajenos a la institución para que asistan a cursos que imparten la Universidad Invenio y la empresa multinacional Sykes.
Abren investigación en el INA por gasto millonario en becas en entidades privadas
Informe que detonó la investigación fue conocido en sesión de Junta Directiva, en la que tuvo que retirarse el entonces presidente ejecutivo Andrés Romero, por “ser una persona implicada”, según representante sindical ante el órgano.
