La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ordenó una investigación después de que la auditoría interna emitiera un informe sobre los movimientos presupuestarios que se realizaron en la entidad para financiar el programa “INA + Capaz”.
Dicho informe analiza los hechos, acciones y personas involucradas en movimientos que se dieron para otorgar “becas a terceras personas”, en el marco del proyecto estrella de la administración anterior.
El documento fue declarado confidencial por la Junta Directiva del INA, pues “contiene elementos que eventualmente pueden acarrear responsabilidades” y, por ende, “debe mantenerse confidencial mientras se mantiene bajo investigación el proceso”, explicó el departamento de comunicación de la institución.
Tyrone Esna, representante sindical ante dicho órgano, explicó que en la sesión en que se ordenó la investigación, por consejo legal y por “ser una de las personas implicadas”, se le pidió al entonces presidente ejecutivo Andrés Romero retirarse de la sala. A continuación, los directores conocieron el informe y lo declararon confidencial “para proteger la información y porque se pidió una investigación” que llevará a cabo el asesor legal externo de la entidad.
Romero, cabe destacar, dejó su puesto hace unos días, en razón del cambio de gobierno.
“Se solicitó un informe sobre si la administración había actuado bien o había actuado mal sobre pasar dineros a una cuenta y a otra cuenta, en el marco de las becas a terceras personas, y ese documento sienta responsabilidades, por eso es confidencial”, dijo Esna
“Partiendo de que este es un informe de hechos, en este momento, estamos solicitando una investigación preliminar, para que se clarifiquen posibles actuaciones de personas. También hay que reconocer que los informes de auditoría tienen un peso diferente a una investigación preliminar”, puntualizó.
Al conocer los motivos para la declaratoria de confidencialidad del documento, Ricardo Jara, exsecretario general del Sitraina y actual secretario de conflictos, dijo: “ahora sí me asustó, se me paró el pelo, porque eso quiere decir que sí encontraron cosas que ameritan indagar más, quién sabe qué cosas se hicieron con las platas del INA”.
¿Desvío de fondos?
“INA + Capaz” según el sitio web de la entidad es un “servicio de apoyo económico que el INA otorga a una persona, para que pueda estudiar un curso, certificación o carrera técnica en un centro de formación externo avalado por la institución”.
En otras palabras, el mecanismo permite usar recursos públicos del INA —que según el sindicato, deberían ser usados para becas de estudiantes o fortalecer la oferta educativa— para financiar estudios de personas (no afiliadas al INA) en otros centros educativos, que según la ley podrían ser públicos o privados, aunque la institución admite hasta ahora solo haber otorgado becas en dos centros privados (ver recuadro: INA invirtió 12 millones en becas en Invenio y Sykes).
Desde principios del 2021, tanto el Sindicato de Trabajadores del INA como funcionarios de distintos centros y unidades alertaron que la reforma a la ley orgánica del instituto había abierto portillos para desfinanciar programas internos de becas para financiar el proyecto.
En marzo de este año varios trabajadores informaron a UNIVERSIDAD que, por orden de la administración superior, se habían “vaciado” las cuentas correspondientes a las ayudas económicas que se brindan a estudiantes de la institución para desviar los recursos financieros “hacia empresas u organizaciones privadas”, como parte del nuevo programa.
La institución aseguró, entonces, que no se han “desviado” fondos, pues los recursos de la subpartida investigada dedicada a “Becas a Terceras Personas” se distribuyen en tres fondos: Ayudas Económicas, Educación y Formación Técnicas Dual y Becas INA.
Días después, el sindicato denunció formalmente ante la Contraloría General de la República al expresidente de la institución Andrés Romero, por realizar movimientos presupuestarios que consideraron improcedentes.
El pasado 4 de abril, el Sitraina solicitó (mediante oficio 054–2022) a la Junta Directiva del instituto apoyar dicha denuncia y solicitar una auditoría “de todas las cuentas presupuestarias de la institución”.
Esa auditoría generó el informe confidencial, que según el propio INA “contiene elementos que eventualmente pueden acarrear responsabilidades” y a partir del cual ahora se desarrollarán las investigaciones pertinentes.
INA invirtió 12 millones en becas en Universidad Invenio y multinacional Sykes
Desde diciembre del 2021 a la fecha, el Instituto Nacional de Aprendizaje ha gastado ₡11,982,600 en becas a estudiantes ajenos a la institución para cursos que imparten la Universidad Invenio y la empresa Sykes.
Consultada sobre el posible desvío de recursos de las becas a estudiantes propios para brindar ayudas económicas a estudiantes de entidades externas, el INA aseguró por medio de su oficina de prensa “que la institución no realiza pagos a ningún ente externo, pues se trata de una beca al estudiante”.
La oficina detalló que se han acreditado seis instituciones para este proceso, que son: Instituto Hispanoamericano de Idiomas, Centro de Innovación para el Trabajo, Sykes Latin America, Invenio para la Educación, Advance Learning Technology Center y Universidad Técnica Nacional, única entidad pública en la lista.
Según dijeron, sin embargo, hasta ahora solo se han dado este tipo de ayudas en la Unidad Regional Chorotega donde se brindaron 62 becas para estudiar en la Universidad Invenio y 13 para Sykes. Según la mencionada oficina todas las becas fueron para cursos de Inglés Avanzado.
Cabe destacar que ambas empresas son transnacionales y están vinculadas al régimen de Zonas Francas. Invenio está ubicada en Cañas y desarrolló su propia zona franca en la región en 2018. Sykes opera en este régimen desde sus instalaciones en el Parque Industrial Zona Franca Solarium.
UNIVERSIDAD solicitó información sobre las personas beneficiarias y si tienen relación laboral con las corporaciones mencionadas (para, por ejemplo, determinar si es posible que el Estado está costeando capacitaciones para el personal). La oficina de prensa indicó que el INA “únicamente recolecta datos de las personas usuarias”, que “debe tutelar y proteger como responsable de los mismos”, por lo que no puede brindarlos, “salvo que estas hubieran autorizado a la Empresa Empleadora y/o Capacitadora, en su condición de “Responsable” de sus datos” a darlos. Este Semanario pidió entonces datos de contacto para ambas empresas, pero esa solicitud no se respondió.
Ricardo Jara dijo que es “una mala inversión” que, en vez de fortalecer los programas del INA y “al mismo tiempo que hasta se cierran cursos porque no hay plata”, se financien estudios en centros privados, especialmente, cuando la información es opaca.
Según el dirigente sindical, hay rumores no solo de que se están desviando recursos para este tipo de ayudas, sino que el monto es mayor a lo que se ha revelado hasta el momento y se ha usado en parte para capacitar a lo interno de empresas ubicadas en zona franca “que ya tienen un montón de privilegios”.
