Las reformas ejecutadas por la administración de Carlos Alvarado al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) han facilitado la contratación de empresas, la inyección de recursos públicos al sector privado y la prestación de servicios de capacitación a empresas de Zonas Francas, bajo el argumento de la necesidad de capacitar a las personas en lo que demanda el mercado.
Precisamente en la inauguración del nuevo Centro de Formación Profesional del INA en San Ramón, su presidente ejecutivo, Andrés Romero, dijo que la apertura de dicho centro simbolizaba “el nacimiento de este nuevo INA”.
Ese día Romero destacó que la entidad es “un actor clave para la reactivación económica y la atracción de inversiones” y aseguró que “la reforma le da al INA más flexibilidad para invertir en infraestructura y equipamiento”, al tiempo que “alteró el propósito del INA, fortaleciéndolo”.
“Si se dejan las cosas a la necesidad del sector empresarial terminan tomando los recursos para su bienestar”, Francisco Morales.
Sin embargo, existen críticas sobre la reestructuración del Instituto, que desde su génesis en mayo de 1965 tenía la misión de formar a miles de jóvenes de escasos recursos económicos que no podían acceder a la educación formal.
Hoy, de acuerdo con el Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina), existe un caparazón institucional que se ha desviado a la compra de servicios mediante la flexibilización en los procesos de contratación; hay una subutilización del personal docente; y su oferta educativa se ha redirigido a responder a las necesidades de sectores productivos, como empresas de Zonas Francas, las cuales deberían contar con los recursos para capacitar a sus empleados.
Prueba de ello es el convenio que estableció el INA con la empresa Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios para los empleados de empresas en la Zona Franca La Lima (ver nota “Trabajadores de empresas de Zona Franca de familia Garnier recibieron capacitación del INA”).
Hasta la hora de cierre de este artículo permanecían las preguntas de qué recibe a cambio el INA con este convenio y si es conveniente que un ministro que impulsó la reforma del INA también haya promovido acuerdos para favorecer a empresas que se ubican en las instalaciones de una Zona Franca que es parte de su consorcio empresarial familiar.
Cambios sustanciales
Los cambios que facilitaron la creación de una estructura para subcontratar servicios al sector privado con recursos públicos comenzaron con un primer intento frustrado de crear la Agencia de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado (Fomproduce), durante la administración de Luis Guillermo Solís (Ver infografía “Etapas de transformación del INA”).
No obstante, esta administración se encargó de ejecutar uno de los cambios más importantes: la reforma a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, que obliga al INA a asignar un mínimo del 15% de su presupuesto ordinario y extraordinario de cada año para apoyar a los beneficiarios de esta ley.
De esta forma, para el 2020 el presupuesto se estimaba en ¢160.073 millones y se asignaron 24.011 millones para cumplir con lo anterior.
Estos recursos se han utilizado para crear y operar Centros de Desarrollo Empresarial en todo el país, contratar empresas consultoras que den acompañamiento a Pymes, patrocinar eventos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), establecer un nuevo sistema de becas para microempresarios y echar a andar agencias de empleo, entre otras cosas (ver infografía “Inyección de recursos públicos del INA al sector privado”.
Dejar todo en manos del sector empresarial
De acuerdo con Ricardo Jara, secretario general del Sitraina, todas estas reformas de los últimos años han facilitado la tercerización —contratación de servicios a privados por parte del INA—.
Según explicó Jara, ahora el INA debe ofrecer servicios de incubación de nuevas empresas e impulso de nuevos modelos de negocio de manera directa, mediante convenios o contratando bienes y servicios por medio de una contratación excepcionada, todo enlazado con la Unidad Pymes. “Eso es tercerización. Ya la Unidad Pymes está contratando aunque el INA cuente con personal.
La razón de ser del INA es la capacitación pero, de acuerdo con el dirigente, han quitado a los docentes de los talleres, de las aulas, y los han puesto a hacer asuntos administrativos, y tampoco hay interés de la administración por capacitarlos.
“En el año 2019 la administración tenía un presupuesto estimado de ¢700 millones para capacitación de docentes; pero apenas se ejecutaron ¢220 millones”, afirmó Jara.
Además, con la reforma a la Ley Orgánica del INA, firmada en enero de este año, el INA incluso podrá gestionar tercerización de servicios de capacitación, siempre y cuando haya una necesidad, una demanda institucional. “Entonces con eso se quiere fundamentar la contratación, la tercerización de servicios de capacitación”, denunció Jara.
Para Francisco Morales, exministro de Trabajo, los tiempos demandan adaptarse a los cambios de la economía, pues Costa Rica pasó de ser un país agrícola a uno industrial y hoy navega por los servicios y las áreas del conocimiento y la tecnología. “A mi juicio el INA ha venido perdiendo el ritmo, pero está lleno de prestigio y tiene centros en todo el país, lo que debe hacer es conectarse y ser más articulado”.
Morales contó que cuando llegó a la cartera de Trabajo en 2006, el INA tenía un superávit de ¢800.000 millones, por lo que “ha venido siendo una tentación para los gobiernos que viven de pequeñas improvisaciones y lo han visto como una caja chica para cualquier ocurrencia que tiene, aunque sea bien intencionada, y se le han pellizcado recursos”. “Si se dejan las cosas a la necesidad del sector empresarial terminan tomando los recursos para su bienestar”, declaró.
En defensa de los cambios
La reestructuración del INA ha sido impulsada y defendida por los jerarcas como una estrategia para renovar la entidad y responder a las nuevas demandas del mercado.
Andrés Valenciano, actual ministro de Comercio Exterior y anterior presidente ejecutivo del INA, manifestó a UNIVERSIDAD que la entidad fue creada —y sigue teniendo ese espíritu— para formar para el empleo, y cuando hace un análisis debe hacerse donde hay más demanda y preparar a la gente para el trabajo.
“El INA es para todos los sectores productivos y tipos de empleo, tiene servicios dirigidos a sectores tradicionales como agro y también a industrias más recientes, como la médica. Ofrece atención a poblaciones vulnerables y busca ayudar a la mayor cantidad de personas en vulnerabilidad social para acceder a un empleo formal y bien remunerado”, detalló Valenciano.
Añadió que en Costa Rica han crecido mucho los sectores de Zona Franca, las cuales ofrecen oportunidades de empleo; por lo que el INA se tiene que ir acomodando para ofrecer cursos, programas técnicos y formación en áreas de demanda. Pero enfatizó que igualmente lo sigue haciendo para otros sectores productivos.
Valenciano aseguró que durante su administración, una de las áreas a las que más atención dieron fue a capacitación de docentes, mediante una plataforma especializada, refutando las aseveraciones que se han dejado de lado estos procesos de formación; y manifestó que existe evidencia de la gran cantidad de programas que se continúan ofreciendo.
UNIVERSIDAD gestionó una entrevista con el actual presidente ejecutivo del INA, Andrés Romero; sin embargo, no fue otorgada antes de la fecha de cierre de edición.
Colaboró con esta información el periodista Óscar Ugarte.
