El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) gasta por mes ¢121 millones en la “tercerización de servicios” que contrata a empresas privadas para operar seis Centros de Desarrollo Empresarial, las cuales dan servicios gratuitos de acompañamiento a Pymes a fin de que mejoren su negocio.
Estos centros empezaron a operar a finales del año pasado en Rohrmoser y posteriormente abrieron otros en Heredia, Cartago, Liberia, Ciudad Quesada y Limón. (Ver cuadro).
Como parte de las reformas realizadas al INA durante la administración Alvarado Quesada, ahora el instituto debe contratar la operación de estos centros, coordinar agencias y ferias de empleo para ayudar a la población general a conseguir trabajo, y becar a estudiantes del INA en institutos privados e instituciones públicas (Ver nota “INA prefiere becar a estudiantes afuera en lugar de ampliar cursos”), en vez de ofrecer los cursos.
Pero tanto el jerarca actual del INA, Andrés Romero, como el anterior, Andrés Valenciano, quien lideró la reestructuración, afirman que esto es parte de la nueva lógica de empleabilidad y de inclusión social, y que por algo la nueva ley del INA se llama Ley para el Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la Inclusión Social, y la Productividad, de cara a la Revolución Industrial y el Futuro del Empleo.
“Si yo desarrollo servicios de capacitación y formación profesional que no están conectados con esa realidad del mundo del trabajo, por más que lleve este tipo de cursos y este tipo de programas, va a ser muy difícil mejorar mi empleabilidad”, dijo Romero en entrevista con este medio.
“Los nuevos servicios de capacitación y formación profesional están alineados con el mercado laboral, con un enfoque inclusivo. Esa fue una toma de decisión-país, de la junta directiva y de los sectores productivos en el año 2018”, resaltó Romero.
¿Fomento de Pymes o desvío de funciones?
Pero para Ricardo Jara, secretario general del Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina), la creación de los Centros de Desarrollo Empresarial es un ejemplo de la tercerización de servicios que se hacen en la institución, a la que se le están endosando tareas que no le corresponden.
“Se han metido todas esas cosas que están enlazadas con la Unidad Pymes, por ejemplo, la contratación de empresas para que colaboren con la Unidad Pymes para desarrollar esos proyectos. Eso es tercerización. Lamentablemente al INA le están endosando un montón de asuntos que no le corresponden directamente. ¿Por qué no se fortalece más la institución como tal?”, preguntó Jara.
La creación de estos centros responde a la Ley Reforma Sistema de Banca para el Desarrollo, firmada por el gobierno de Carlos Alvarado en febrero de 2019, y que ahora obliga al INA a asignar como mínimo el 15% de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año para apoyar a los beneficiarios de esta ley.
El expresidente del INA y actual ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, detalló que en dicha reforma “se le daba al INA la responsabilidad de brindar servicios no financieros a las Pymes del país; algo que es fundamental porque el parque empresarial costarricense es en su mayoría Pymes”.
Según indicó Valenciano en entrevista, antes de la reforma, el INA ya tenía atribuciones y capacidad para contratar servicios a terceros. “Lo que se hizo fue ampliar su alcance e impacto para llegar a más personas”.
Valenciano argumentó que el INA trabaja articuladamente con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic) para ayudar a estas Pymes a alistarse para exportar, y posteriormente, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) acompaña a esas empresas “maduras” en su proceso de exportación.
Por su parte, el actual presidente ejecutivo del INA, Andrés Romero, explicó que estos centros brindan un servicio especializado. “Hay un ‘expertise’ en materia de acompañamiento empresarial, con un propósito de empleo, de resiliencia, de negocio y de conexión con cadenas nacionales o globales”.
“Es decir, no son unidades administrativas que analizan o gestionan procedimientos internos. Son unidades que prestan servicios en terreno”, afirmó. Desde que se abrieron, los centros han atendido a 250 Pymes.
Romero añadió que el INA presta otros servicios de fomento al emprendedurismo desde sus centros de formación, “más direccionados a ideas de negocios, emprendimientos que todavía no se constituyen como Pymes, ni como una empresa chiquita”.
Nuevo rol al servicio del empresariado
En marzo pasado el INA coordinó una feria virtual de empleo con la empresa estadounidense Sykes, la cual ofreció 500 puestos de trabajo para su sede en Liberia, la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (Cinde) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El Sitraina también se ha opuesto a que la institución tenga que ejecutar estas ferias e implementar un sistema de búsqueda de empleo para la población general del país y no solo de las personas que estudian en el INA, como hacía antes.
“El INA es una institución que se tiene que abocar a la capacitación, a la formación técnica y lamentablemente ahora nos ponen tareas que le corresponden directamente al Ministerio de Trabajo”, recalcó Jara.
Según el dirigente, antes el INA ofrecía un sistema de intermediación de empleo para sus estudiantes, y los colocaban en empresas privadas o instituciones públicas para que hicieran su práctica y posteriormente fueran contratados. Pero ahora el personal del INA debe atender a cualquier persona desempleada que llegue a las agencias de empleo y a las ferias.
Sin embargo, Andrés Romero subrayó que en el momento histórico que se vive, no es suficiente solo entregar un servicio de formación o de capacitación; que esto es consistente con lo que el INA venía haciendo; y negó el argumento de que hay un desajuste en el gran propósito.
Según Romero, la herramienta de intermediación de empleo que el INA tenía antes (buscoempleo.com) fue muy valiosa pero quedó obsoleta en lo informático.
“Si uno de nosotros se inscribía, podía ser que conectara con una vacante de acuerdo al perfil, pero si no se conectaba con esa vacante por una necesidad de fortalecimiento de competencias, eso era un callejón sin salida. Ahora si la persona no conecta por un tema de competencias y capacitación, se direcciona a formación y capacitación en el INA”, prosiguió.
Actualmente se está reforzando la intermediación laboral, con formación para mejorar la empleabilidad y con un mapeo de la demanda ocupacional.
“El tema de empleo no es una agencia, no es el INA, no es el Ministerio, son un montón de cuestiones, que en lógica sistémica se articulan teniendo en el centro a la gente y a las empresas para promover el empleo”, dijo Romero y afirmó que todos tienen un rol: el INA, el ministerio y el sector productivo.
Y en ese enfoque sistémico, exactamente ¿qué está haciendo el Ministerio de Trabajo?, se le preguntó.
“Está ejerciendo su rectoría, sigue teniendo su Dirección de Empleo, sigue coordinando con las municipalidades y oficinas de empleo públicas o privadas, y sigue generando lineamientos para que el INA en materia de formación y capacitación entienda el mercado laboral”, respondió.
Reforma a la Ley Orgánica favorece tercerización en el INA
El proceso de reforma laboral que atraviesa el INA ha permeado muchas de sus áreas de acción, lo cual preocupa al Sitraina.
En enero de este año el Gobierno firmó la Ley para el Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la Inclusión Social, y la Productividad, de cara a la Revolución Industrial y el Futuro del Empleo (9931), conocida como reforma a la Ley Orgánica del INA.
El Sitraina ha cuestionado la nueva conformación de la junta directiva, que se permita subcontratar servicios a terceros para capacitación, equipamiento, insumos e infraestructura, y los nuevos procedimientos de licitación abreviada. Además, se establece un nuevo régimen laboral y se saca a los trabajadores del Régimen de Servicio Civil.
Ante estos cuestionamientos se consultó al presidente ejecutivo del INA, Andrés Romero.
-¿Habrá una reestructuración de puestos en el INA? ¿Habrán despidos?
_No, no. La ley es muy clara en el tema de los respetos de los derechos laborales de las personas y el respeto al régimen actual en el que se encuentran inscritas. Lo que está ocurriendo con el régimen de empleo propuesto por ley, se está definiendo conjuntamente con el sindicato. Parte del equipo que está trabajando ese tema del régimen es el propio sindicato.
-¿Pero los trabajadores del INA salen del régimen del Servicio Civil y sus condiciones laborales quedan a lo que decida una Junta Directiva conformada en su mayoría por el sector empresarial?
_No, la Junta Directiva es tripartita, eso es importante aclararlo; con representantes del sector de trabajadores, empresarial y del gobierno.
Lo que se plantea es que el INA estará sometido a un régimen de empleo que va a analizar la idoneidad de las personas funcionarias, el cual se está construyendo conjuntamente con el sindicato en un marco de diálogo y otros actores internos y va a contar con un estudio técnico. Además, se está definiendo el régimen que el INA va a adoptar en materia salarial y otros.
Cuando se determine, las personas bajo el régimen actual podrán optar por ese régimen de manera voluntaria y tendrán 18 meses para estudiar qué significa ese nuevo régimen. Si el trabajador no quiere pasarse, se puede quedar con todos los derechos adquiridos en el antiguo régimen.
Las plazas que queden vacantes por jubilación automáticamente sí pasarán al nuevo régimen.
–¿Por qué era necesario crear un nuevo régimen?
_Era necesario porque dentro del nuevo régimen está la oportunidad de contratar a docentes que estén vinculados en proyectos específicos, de manera más rápida.
Queremos reforzar la formación profesional en función de las necesidades de la gente. Por ejemplo, contratar un docente por proyectos especiales, para que me de básico de embarco (curso que se ofrece en zonas costeras para sector pesca), concluir ese proyecto y luego contratar un docente para que de un curso de otra especialidad, de otro sector. Esa es la lógica del nuevo régimen. Siempre con figuras contractuales que respeten y estén dentro del marco jurídico de respeto a los derechos laborales.
