La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ya puso todas sus fichas en la reforma fiscal. La jerarca advirtió la tarde de este jueves que cualquier acción que frustre el plan fiscal redundará en un “ajuste automático de la economía”, con repercusiones como el alza en las tasas de interés y la capacidad de pago del Estado.
Así lo afirmó apenas minutos antes de que iniciara el trámite de reiteración de las mociones finales al proyecto en el Plenario legislativo, último espacio para posibles cambios que tendrían los diputados antes de votarlo finalmente.
Según la jerarca, la aprobación del proyecto final es esencial para encontrar opciones de financiamiento que no comprometan más la estabilidad del país, pues los mercados siguen atentos a lo que pase con Costa Rica para determinar cuánto dinero podrían prestarle y a qué tasas.
Apenas el martes pasado, por ese motivo, Aguilar anunció la adquisición de letras del Tesoro por ¢498.000 millones, una forma de financiamiento “extraordinaria” que permite al Banco Central imprimir dinero para financiar al Ministerio de Hacienda con la obligación de que el Estado lo reintegre en un plazo de 90 días máximo.
Ese movimiento lo hizo Hacienda, dice Aguilar, porque las tasas ofrecidas en el mercado ya era “obscenas”, producto de la desconfianza que existe de que Costa Rica —con su déficit fiscal del 7,2% y su deuda pública del 53,8% del PIB— tenga la capacidad de honrar sus obligaciones.
Organismos internacionales fijan el límite sostenible de endeudamiento para países en desarrollo en un 50% de la producción precisamente por ese motivo.
Al respecto, la ministra asegura que es por eso que la reforma es especialmente importante, pues el único movimiento a corto plazo que permitiría acceder a financiamientos que permitan dar estabilidad al país es ese, al menos sin que se presionen las tasas internas o afecten la capacidad de pago del Estado.
Para la ministra, si bien es claro que el proyecto sólo tendría un rendimiento del 1,29% del PIB, muy por debajo del 4% que se requiere para cerrar la diferencia entre gastos e ingresos (sin contar con los intereses), aprobar el texto sería una señal de compromiso por arreglar el desequilibrio financiero, un gesto que sería bien recibido por los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo que recomiendan invertir en el país.
Otras reformas
Inmediatamente después de la aprobación del proyecto fiscal, Aguilar asegura que sería imprescindible continuar reformas al empleo público y a la estructura institucional del Estado, pues son renovaciones estructurales que “el país tiene pendientes”.
Aguilar evitó asegurar que el país cuente con los recursos suficientes para cumplir con todas sus obligaciones en lo que resta del año, pues —incluso con la emisión del Banco Central— “Hacienda lo que puede garantizar es que tiene un flujo de caja suficiente que le permite continuar en el mercado de manera ordenada”.
“Con ese financiamiento no cierro mis necesidades de aquí a fin de año, de hecho es una suma de ¢1,2 billones y de $800 millones lo que necesitamos de aquí en adelante y las letras del Tesoro no vienen a sustituir eso”.
“Lo que viene es a dar la tranquilidad en el mercado y que yo pueda seguir con el resto de instrumentos disponibles para terminar un año de una forma más ordenada sin llegar a presionar tanto las tasas de interés y afectar al mercado”, subrayó.
De no aprobarse la reforma, asegura que no sería posible terminar con el mismo orden, pues las condiciones serían especialmente adveras.
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“Ya aquí no hay tiempo, el tiempo se agotó, y si el país no logra avanzar en esta reforma, el ajuste lo hará automáticamente la economía, con tasas muy altas y con situaciones que realmente impactarán la capacidad del Estado para pagar de forma oportuna”, puntualizó.
No más sorpresas
Aunada a la preocupación por una pronta aprobación del proyecto, la jerarca de Hacienda manifestó su deseo de que el texto no se disminuya más en el Plenario Legislativo, donde los diputados votarán sus últimos cambios en los próximos días.
La ministra más bien aseguró que apoya ideas como gravar a las cooperativas con el impuesto sobre la renta; sin embargo, ve peligrar otras ideas como reducir el 1% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica o que se eliminen algunas de las normas en materia de empleo público.
“Si la canasta básica y demás son peligros de alto riesgo, las normas de empleo público son de elevadísimo riesgo, porque el rendimiento que se espera viene en una parte de los ingresos y en otra de los gastos”, advirtió.
Sobre la posibilidad de que existan fallos en el trámite legislativo que den al traste con la reforma, como ocurrió en los gobiernos de Abel Pacheco y de Laura Chinchilla, aseguró que esa preocupación existe pero “confía en que el Congreso ha tomado las previsiones del caso para evitar que un tropiezo de esa naturaleza vuelva a ocurrir”.
Así mismo, ante propuestas de diputados del Frente Amplio, Restauración Nacional y el Republicano Social Cristiano de pausar el proceso, subrayó que “a diferencia de en las anteriores reformas en las que al país aún le quedaba un poquito de campo y de espacio, ya aquí no queda nada de eso”, por lo que “no las avalaría”.
En esa línea, recordó que el Gobierno tiene opciones fuertes de financiamiento que penden directamente de la aprobación de la reforma y que se desperdiciarían si no se concreta pronto el proyecto.
Según Aguilar, la única forma en que estaría de acuerdo con una pausa para realizar nuevos cambios sería si los diputados “le prometen bajo la fe del juramento que sería para aumentar el rendimiento del proyecto”.
