El plan fiscal llegó al Plenario legislativo la tarde de este jueves. La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, dictó la admisibilidad de 368 mociones de reiteración; es decir, de los últimos 368 cambios que podrán realizar los diputados al proyecto.
Entre esas mociones existen iniciativas para reintegrar impuestos que fueron exonerados en la Comisión Fiscal en campos como los servicios de educación privada; así como otras que más bien buscarán rebajar los gravámenes en campos como los servicios de salud privada (4%), medicamentos (2%) y la canasta básica (1%).
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También existen iniciativas para reintegrar al proyecto el impuesto de renta a las cooperativas; así como para restablecer la versión inicial de la norma de subcapitalización, una herramienta contra la elusión fiscal que los diputados debilitaron en la comisión.
De las 373 mociones de reiteración que se presentaron, los diputados retiraron dos y, demás, la presidenta legislativa rechazó otras tres porque habían sido aprobadas en comisión
La polémica de la tarde llegó con la resolución llegó tras rechazar una reiteración del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por considerarla inconexa, decisión que finalmente cambió por presiones de algunos diputados que pidieron reintegrarla.
El panorama: Plan fiscal se empezará a discutir en el Plenario a partir del próximo lunes
Específicamente, la moción en cuestión era la que pretende eliminar el enganche salarial de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, la cual obliga al Estado a aumentar el salario de los médicos cada vez que realiza un aumento en el resto de sus empleados.
En su primera argumentación, Hidalgo recordó que esa moción contenía detalles posiblemente inconexos porque también añadía una reforma al artículo 23 de la Ley de Incentivos que tocaba a las contrataciones en el sector privado; sin embargo, finalmente accedió a reintegrarla.
Esta moción había sido rechazada en comisión tras un cambio de postura del oficialista Welmer Ramos, quien desde ese momento advertía sobre la posible inconexidad y más tarde propuso un proyecto de ley —al igual que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)— para eliminar el incentivo por otras vías.
De cualquier manera, el socialcristiano Pedro Muñoz, propulsor de la moción, insistió en que quería llevar el tema al Plenario y recordó que Servicios Técnicos había advertido que, incluso si la indicación relacionada con el sector privado era inconexa, incluirla no pondría en peligro a la totalidad de la reforma.
Las 368 mociones finalmente aceptadas —incluida la del desenganche— podrán ser discutidas y votadas en seis sesiones consecutivas que empezaron a descontarse desde esta misma noche y concluirán la próxima semana. Para ello, la presidenta parlamentaria convocó a sesiones extraordinarias diurnas los días lunes, martes y miércoles hasta que el proyecto se vote en primer debate.
Si quedaran mociones sin discutirse cuando concluyan las seis sesiones dispuestas para este trámite, solo se votarán.
El proceso además se abreviará porque la vía rápida mediante la que se tramita el proyecto permite agrupar algunas mociones en 37 grupos para su discusión conjunta en un sólo acto (aunque se votarán por separado).
Una vez que concluya el trámite de las mociones, no quedarán pendientes y el proyecto podrá discutirse y votarse en primer debate, posterior a su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Atentos en Hacienda
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, afirmó esta misma tarde en los pasillos de la Asamblea Legislativa que ahora sólo esperan el trámite más expedito posible de la reforma en el Congreso, donde estuvo esta tarde en una audiencia de la comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público.
Según la jerarca, la aprobación del proyecto es esencial para que los mercados nacionales y especialmente los internacionales recuperen la confianza para invertir en bonos del Estado, un punto de vital importancia para poder financiar los gastos ineludibles, sin presionar las tasas de interés.
Para Aguilar, cualquier pausa que se pretenda aplicar al proyecto sería un retroceso, pues recuperar la confianza de los mercados es indispensable porque “el tiempo se agotó” y “lo que suceda en los próximos días con la aprobación en primer debate de la reforma le puede dar una mayor tranquilidad al mercado”.
“En este momento lo que existe es una preocupación en el mercado de qué va a hacer Costa Rica para resolver su déficit y, si bien todos los analistas saben que no es la reforma la que va a cerrar el déficit, sí tienen claro de que es el inicio de un proceso de consolidación que deberá acompañarse de otras reformas de carácter estructural que el país tiene pendientes”, subrayó.
Según Aguilar, un rechazo del texto o una caída en la Sala Constitucional sería fatídico y redundaría en un “ajuste automático” de la economía, algo que refirió a repercusiones en las tasas de interés y la capacidad del Estado de pagar sus obligaciones.
“A diferencia de las anteriores reformas en las que al país aún le quedaba un poquito de campo y de espacio, ya aquí no hay tiempo… el tiempo se agotó y no hay espacio”, concluyó.
Sobre lo que analizarán los diputados en los próximos días, afirmó que existen peligros y oportunidades. Entre ellos, dijo que posibilidades como eliminar normas sobre empleo público sería de “elevadísimo riesgo”, mientras que gravar a las cooperativas con el impuesto de renta a las utilidades podría ser una “oportunidad”.
El proyecto entra al Plenario legislativo en medio de un panorama que parece alentador a pesar de la huelga que mantienen los sindicatos, pues dos de los principales partidos de oposición (Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana) acuerpan la iniciativa que impulsa el proyecto en un bloque mayoritario que permitiría aprobarlo.
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