Un informe legislativo señaló que el “uso irregular y corrupto” de los recursos de la Asociación Solidarista del Banco Nacional (Asebanacio) para dar créditos a terceros no asociados, en condiciones irregulares y de altísimo riesgo, permitió el funcionamiento de un “banco paralelo” al Banco Nacional y le generó pérdidas a la asociación por ¢15.000 millones.
Así indica el informe de la “Investigación sobre el posible uso irregular y corrupto de recursos públicos, provenientes del traslado de fondos de prestaciones existentes al 2011 del Banco Nacional de Costa Rica a Asebanacio”.
El informe de subcomisión que investigó el caso de Asebanacio fue presentado ayer jueves en la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
El documento fue elaborado por los diputados Vanessa Castro, de la Unidad Socialcristiana; Sofía Guillén, del Frente Amplio; y Francisco Nicolás, de Liberación Nacional.
El informe concluye que Asebanacio funcionó como un “banco paralelo” del Banco Nacional, de menores dimensiones, y cuyas irregularidades en la administración y en la aprobación de los créditos “pusieron en riesgo los recursos pertenecientes a las personas trabajadoras de la institución bancaria”.
Más de ¢60.000 millones
Asebanacio empezó a operar en octubre de 2011, con recursos de la reserva para el pago de cesantía que ya venía realizando el Banco Nacional a favor de sus personas funcionarias. El Banco trasladó más de ¢60.000 millones de esta reserva a Asebanacio.
Asebanacio es considerada la segunda asociación solidarista más grande del país por su patrimonio, con un capital de ¢84.000 millones y activos de alrededor de ¢90.000 millones; y es la cuarta más grande por el número de asociados.
Según explica el informe, a menos de un año de haber empezado a operar, Asebanacio empezó a otorgar créditos a empresas y a terceras personas. “Algunos de estos créditos se otorgaron en condiciones irregulares y sin siquiera el respaldo de un expediente crediticio”, señala.
Se otorgaron créditos a altos funcionarios del Banco Nacional, como Rigoberto Alpízar, Subgerente General, y Óscar Prado Mendoza, quien presidía la junta directiva de Asebanacio. “Esta situación constituye un claro caso de conflicto de intereses”, recalca el informe.
¢2.081 millones sólo en créditos empresariales
El informe especifica que Asebanacio colocó ¢2.081 millones en créditos empresariales. “La irregularidad en el otorgamiento de créditos implicó la apertura de 13 procesos de cobro judicial con una estimación de incobrabilidad del 100% en todos los casos y la pérdida de aproximadamente ¢15.000 millones”, destaca.
Además de lo anterior, Asebanacio asumió la compra de créditos de empresas que enfrentaban procesos concursales, como Land Business, propietaria de las tiendas Casa Blanca. “En la cesión de esos créditos participaron altos funcionarios del Banco Nacional con un doble rol: como representantes del Banco Nacional y como integrantes de la Junta Directiva de la asociación, en un evidente conflicto de intereses”.
La asociación también aprobó y giró créditos a personas no asociadas por montos muy elevados, como a la empresa Sinocem Hong Kong por $1.808.000, “a diferencia de lo que sucedía con los créditos para las personas asociadas, cuyo tope era de ¢150 millones”.
“En la aprobación de créditos a empresas por parte de Asebanacio, hubo injerencia de terceras personas funcionarias del Banco Nacional, quienes intervenían para recomendar créditos, como es el caso de la intervención de la señora Marietta Herrera, Directora Jurídica del Banco Nacional en el crédito con la empresa Land Business, Casa Blanca”, señala el documento.
Una nueva junta directiva de Asebanacio denunció todo este caso ante el Ministerio Público en diciembre de 2017. Seis años después, esa investigación aún está en “en la etapa de recolección y análisis de prueba” en la Fiscalía de Fraudes del I Circuito Judicial de San José.
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