La Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa empezará a investigar, a partir del 6 de diciembre, las denuncias por un posible traslado irregular de fondos del Banco Nacional de Costa Rica (BN) a la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio), la cual habría otorgado créditos en condiciones irregulares a empresarios y altos jerarcas de la institución bancaria.
En octubre de 2017, la junta directiva nueva de Asebanacio interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público por anomalías en los créditos otorgados en el pasado por la asociación.
El Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la Contraloría también está investigando el caso para ver si abre un procedimiento administrativo; pero además, recientemente direccionó parte de la denuncia a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), según el oficio DFOE-EC-0739, del 15 de octubre pasado.
El 22 de agosto de este año, la comisión legislativa citada acordó abrir una investigación sobre los hechos referidos. En ese sentido, se convocará a audiencia a Jeannette Ruiz Delgado, presidenta de la Junta Directiva del BN; a Gustavo Vargas Fernández, gerente del BN; a Óscar Prado Mendoza; a Rigoberto Alpízar Salazar; a integrantes de la Junta Directiva de Asebanacio; y a Karen Vargas Soto, gerente de Asebanacio.
Trasladaron ₡60.317 millones
Un documento de la gerencia del BN revela que la Junta Directiva del banco ha trasladado un total de ¢60.317 millones acumulados en el fondo de cesantía de los trabajadores del banco a Asebanacio.
Así consta en el oficio GG-511-2019, con fecha de 18 de setiembre de 2019, enviado al diputado José María Villalta, del Frente Amplio.
Según el documento, el monto trasladado a Asebanacio entre 2012 y 2018, y que incluye tanto el saldo acumulado al cierre de 2011 como el gasto posterior a esa fecha, suma ¢60.317.878.157.
“Es importante considerar que, del total de recursos trasladados a partir de 2012 a Asebanacio, una parte correspondía a la provisión que se había venido realizando en años anteriores y se encontraba acumulada al momento del traslado, mientras que la otra parte fue presupuestada y constituida en los años posteriores al 2012 en la partida 6.03.01 de Prestaciones Legales”, se indica.
Esta reserva que tenía el banco era para el pago de cesantía, que es un derecho laboral del trabajador, frente a un despido con responsabilidad patronal -donde el trabajador no tuvo la culpa-.
Criterio de la Procuraduría en contra
El 6 de octubre de 2011, el entonces subgerente general del BN, señor Rigoberto Alpízar Salazar, con apoyo legal del abogado Mario Rodríguez Zamora y del entonces jefe de la dirección de estudios económicos del BN, Óscar Prado, remitieron un informe ejecutivo a la entonces junta directiva del BN, en el que recomendaban la creación de la asociación solidarista.
El 11 de octubre de 2011, la junta directiva del BN aprobó la creación de la Asebanacio, acorde con la Ley y el Reglamento de Asociaciones Solidaristas (Ley No. 6970) y la propuesta de Alpízar (oficio SSC-181-2011). También aprobó el traslado de recursos financieros del BN a la nueva asociación.
Sin embargo, en 1992 la Procuraduría había emitido un criterio diciendo que no se podían trasladar recursos de prestaciones existentes, como cuota patronal.
En 1992, el entonces subgerente del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Hubert Brenes, consultó a la Procuraduría si se podían trasladar los recursos que el BNCR destinaba en su momento para el pago del auxilio de cesantía como cuota patronal, para conformar una asociación solidarista de personas empleadas del BNCR.
Según consta en el criterio C-107-92 de la Procuraduría, esta respondió: “Sí es factible que los empleados del Banco Nacional de Costa Rica -que así lo deseen- puedan constituir una asociación solidarista; lo que no es posible, aplicando el principio de legalidad que rige las actuaciones de toda la Administración Pública, es que el Banco Nacional traspase el fondo de prestaciones existentes, como cuota patronal, para la conformación de esta asociación, por no existir texto legal alguno en nuestro ordenamiento que así lo autorice”.
Se le consultó a la junta directiva del BN al respecto, a través de su oficina de gestión de prensa, pero hasta la hora de cierre no habían respondido.
Préstamos en condiciones irregulares
El Informe de Análisis de Expedientes de Crédito a Asociados, elaborado por la firma consultora KPMG revisó créditos aprobados entre 2013 y 2017. El informe concluyó que un 68% de los créditos analizados no cuentan con la documentación completa; un 16% fueron formalizados sin análisis de capacidad de pago; y un 27% de los créditos sufrieron modificaciones en sus tasas de interés y se desconoce quién las aprobó.
Según indicó Karen Vargas, gerente general de Asebanacio a UNIVERSIDAD, esta cartera empresarial fue cerrada por la actual junta directiva de Asebanacio. Los exasociados de la asociación solidarista dejaron una cartera de créditos de más de ¢1.700 millones, que tiene una morosidad del 28%.
Según Vargas, “esto por cuanto en administraciones anteriores de Asebanacio se les otorgó créditos fuera de su capacidad de pago o sin garantías reales (hipotecarias), dejando descubierto que algunos de estos exfuncionarios hoy no quieren pagar a la asociación de la que en algún momento obtuvieron un crédito, hoy, con mucho respeto los llamamos para que hagan frente a sus deudas”.
De acuerdo con la denuncia presentada en julio de este año por el diputado José María Villalta, Rigoberto Alpízar y Óscar Prado, quienes impulsaron la creación de dicha asociación solidarista, fueron los primeros beneficiados con créditos otorgados en condiciones irregulares.
El informe de auditoría KPMG expone que, entre 2013 y 2017, a Óscar Prado le aprobaron créditos por poco más de ₡149 millones; y a Rigoberto Alpízar por ₡75 millones. Ambos impulsaron la creación de Asebanacio e incluso Prado fue presidente de su junta directiva.
Asimismo, al menos 14 créditos otorgados por Asebanacio están en investigación judicial porque supuestamente se los dieron a terceros no asociados en condiciones de altísimo riesgo. Según la demanda interpuesta por Villalta y el Informe de KPMG, entre estos créditos están los otorgados a Hidrotárcoles, Land Business (Casa Blanca), JCB Constructora y Alquiler Constructora Sánchez Carvajal, Constructora Raasa, Grupo Orosi, Grupo Kineret, Constructora Hermanos Brenes, Constructora Brenes, y Comando de Seguridad Delta.
