Hoy inicia el juicio por el “Caso Crucitas” contra el ex ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles y seis personas más acusadas por el presunto delito de prevaricato tras otorgar la fallida concesión al proyecto minero de la empresa Infinito Gold, en Cutris de San Carlos.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que el juicio por la causa conocida mediáticamente como “caso Crucitas” (expediente 08-000011-0033-PE) está programado para iniciar hoy y extenderse hasta el 23 de diciembre del año en curso.
Las audiencias empezaron el pasado 18 de noviembre en el Tribunal Penal del II Circuito de San José. Este mismo tribunal declaró el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Óscar Arias Sánchez (2006-2010), por la prescripción de este caso, en octubre del 2019; pero ordenó que los demás funcionarios debían someterse nuevamente a juicio.
“Este es uno de los casos de corrupción más importantes del país y es gracias a las denuncias por parte de organizaciones y abogados ambientalistas que el Tribunal Contencioso Administrativo en 2010 anuló la concesión otorgada a la empresa canadiense Industrias Infinito en 2008 para la explotación a cielo abierto de la mina y señaló una ‘orquestación de voluntades’ por parte de altos jerarcas, incluido el expresidente Oscar Arias Sánchez, el exministro Roberto Dobles”, indicó el colectivo ecologista Bloque Verde, en un comunicado.
Siguen pendientes ejecución de sentencia por daños en Crucitas y juicio por prevaricato contra exministro Dobles
Falta que se estimen los costos ambientales y las formas de reparación para que se ejecute la sentencia, así como un nuevo juicio contra Roberto Dobles, pues se admitió su apelación a la condena interpuesta en 2015
En octubre del 2008, la Presidencia y el Ministro de Ambiente, Energía firmaron el Decreto Ejecutivo Nº 34801-MINAE, que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, gracias al cual la empresa canadiense Infinito Gold Ltd. podría extraer oro de la zona de Cutris de San Carlos mediante la minería a cielo abierto.
El proyecto empezó su fase de construcción; pero en diciembre de 2010 fue cancelado mediante una sentencia oral del Tribunal Contencioso Administrativo.
Como ha reportado UNIVERSIDAD, el primer juicio interpuesto por la Fiscalía contra el exministro Dobles, que concluyó en enero del 2015, resultó en una condena con pena de cárcel por el delito de prevaricato (cuando un funcionario dicta resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos).
No obstante, en diciembre del mismo año, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea ordenó un nuevo juicio contra el exministro, pues consideró que la resolución fue deficiente, “tanto en la exoneración de responsabilidad de unos como en la motivación de la condena de Dobles”.
En el caso de Arias, una jueza declaró que el caso prescribió el 14 de diciembre de 2016 porque los últimos eventos se dieron en 2010. Pero en el caso de Dobles y el resto de funcionarios, se dieron eventos como la condena en primera instancia (2015) y la anulación de esa condena, que evitaron que el caso prescribiera.
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UNIVERSIDAD le explica, a través de una serie de preguntas y respuestas, qué sucedió con el caso Crucitas.
Este proceso judicial se desarrolla al tiempo que la empresa Infinito Gold reactivó la apelación en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial, donde demandó a Costa Rica por cancelar la concesión minera en 2010.
En junio de 2021, el CIADI falló a favor de Costa Rica, librándola de toda responsabilidad con la empresa minera; pero la compañía reactivó la apelación el pasado 27 de octubre, tras realizar un pago de $300.000.
“Este proceso ha servido como excusa para que el Gobierno de Rodrigo Chaves emita una serie de opiniones desafortunadas sobre el futuro de la mina Crucitas, sin que necesariamente el futuro fallo del CIADI comprometa a Costa Rica a activar dicha concesión, como se ha insinuado por parte del gobierno. Este tribunal internacional solamente puede determinar si la compensación económica solicitada por la empresa está apegada o no a lo que determinan las normas sobre inversión de la Organismo Mundial de Comercio (OMC)”, afirmó el Bloque Verde en una comunicación al respecto.
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