Costa Rica podría entrar en incumplimiento de convenios internacionales si, tal como lo manifestaron la Ministra de Salud y el Ministro de Ambiente ante la Sala Constitucional, el gobierno renuncia a limpiar o remover el mercurio que contamina el medio ambiente en la zona de Crucitas de San Carlos.
En cumplimiento atrasado con una resolución de ese tribunal, la ministra Joselyn Chacón y Franz Tattenbach remitieron un informe con fecha del pasado 29 de agosto sobre “los planes, medidas de mitigación o de restauración de daños” en el lugar.
En el documento, que Chacón y Tattenbach califican de “plan de contención”, se señala que “debido a la contaminación difusa en la zona y la magnitud del área, resulta imposible pensar en la remoción del mercurio”, pues ese metal “tiende a fijarse en el suelo, el sedimento o plantas, por lo que lo apropiado sería detener la actividad de extracción ilegal en la zona”.
En términos generales, el documento habla de continuar acciones iniciadas por los últimos dos gobiernos de monitoreo tanto de la contaminación y estado de los cuerpos de agua, como de vigilancia policial en las zonas de minería ilegal y fronterizas.
Además, el cronograma que incluye el documento público menciona “actividades” que corresponden al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), como el “monitoreo” de las áreas de intervención minera y de la presencia de mercurio en el medio ambiente, así como el “levantamiento espacial de los cuerpos de agua”. Cabe insistir en que sólo se habla de ese monitoreo, sin ninguna acción para reparar el daño.
Bajo el rubro “acciones interinstitucionales” se apunta un “mega operativo” de frecuencia “semestral” a ser realizado en noviembre entre autoridades del Minae, Fuerza Pública, Ministerio de Salud, la Fiscalía y la Municipalidad de San Carlos; mismas entidades que participarán, también en noviembre, en “demolición de túneles y pozos”.
Además se menciona la demolición de cuarterías, decomisos de mercurio y la vigilancia de fuentes de agua, entre otras acciones.
Es decir, además de renunciar a cualquier esfuerzo por limpiar el mercurio, las acciones que de acuerdo a Chacón y Tattenbach se piensa llevar a cabo no son más que la continuidad de las que ya se han emprendido en el marco de una directriz que data del gobierno de Luis Guillermo Solís.
El documento también establece “limitaciones para el cumplimiento de las acciones propuestas”, entre las que señala como “gran limitante” es la “falta de recurso humano disponible”. Señala que “las dependencias (de diversas instituciones) en general han sufrido importantes recortes presupuestarios, por lo que las oficinas regionales presentan limitantes en cuanto a combustible, viáticos y vehículos capacitados para el ingreso a la zona fronteriza”.
Se menciona de forma específica que las personas funcionarias del Minae enfrentan “limitaciones en cuanto a la gestión de viáticos”, pues se mantiene una prohibición para gestionarlos “dentro del mismo cantón donde se ubica la oficina regional” sin tomar en cuenta la extensión del cantón o las distancias de desplazamiento.
Asombro
Ambos funcionarios enviaron su “plan de contención” pues “se nos acusa de desobediencia” ya que había vencido el plazo de tres meses para presentarlo, concedido mediante una resolución de setiembre del año pasado, a raíz de un recurso de amparo presentado por la Federación Costarricense para la Conservación de Ambiente (Fecon).
Esa resolución ordenó a las autoridades del Minae, Ministerio de Salud, y el de Seguridad Pública, definir un “plan de contención para la minería ilegal en la zona Crucitas y, a partir de ese momento, se realice una valoración de la magnitud e intensidad del daño ambiental, el levantamiento topográfico de los cuerpos de agua, la valoración y muestreos de los niveles de mercurio en agua, suelo y sedimentos, se establezca una línea base de seguimiento y se tomen las medidas técnicas que correspondan para remediar los daños ambientales”.
Al conocer lo enviado con nueve meses de atraso por Chacón y Tattenbach, el abogado ambientalista Álvaro Sagot en primer lugar lamentó que en el área impactada por mercurio “no van a tomar ninguna medida técnica, no van a hacer nada porque no tienen recursos, no tienen personal y desde esa perspectiva, salvo que el área vaya a ser destinada a algo diferente a lo que existe hoy en día, no van a hacer absolutamente nada”, insistió.
El abogado subrayó que la decisión del Poder Ejecutivo de descartar la puesta en marcha de cualquier medida para remediar el daño ambiental riñe con obligaciones adquiridas ejemplo al ratificar el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, del cual Costa Rica es parte desde que entró en vigor en 2017.
También mencionó que la Convención de la Diversidad Biológica establece la importancia y necesidad de “tomar medidas restaurativas de los ecosistemas que han sido dañados”; así como el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que “establece medidas de remediación cuando se trata de zonas impactadas con productos químicos”.
Expresó entonces que la posición del gobierno “al sector ecologista nos tiene asombrados” y reiteró que implica que “por supuesto que estaríamos incurriendo en incumplimiento de obligaciones internacionales contraídas en esos tres instrumentos”.
