Según las perspectivas del sector de vivienda de interés social, este año únicamente se entregarán 10.286 bonos de vivienda, que representarán una inversión estimada de ¢124.873,92 millones, de acuerdo con datos del Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi) y del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), sin que se alcancen aún los niveles de emisión de bonos que tenía el país antes de la pandemia.
Así lo explicó Guillermo Alvarado Herrera, director de la junta directiva del Banhvi, en el conversatorio “Situación actual del Sistema Nacional Financiero de la Vivienda (SFNV) y perspectivas para la construcción en el 2024”, realizado esta mañana en el Hotel Radisson y organizado por la Asociación Centroamericana para la Vivienda (Acenvi).
Las cifras siguen mostrando “la menor cantidad de aprobación de bonos de los últimos 25 años”, destacó Alvarado, quien expuso la evolución que ha habido desde 2019, cuando se formalizaron 12.844 bonos familiares de vivienda.
En el 2023 se formalizaron 8.222, el 49,0% de los cuales se entregaron mediante las mutuales; el 30,3% mediante cooperativas; el 9,9% a través de la Fundación Costa Rica-Canadá; el 6,9% mediante los bancos públicos; el 1,1% a través del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el 2.7% por medio de otros.
Alvarado también criticó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, debido a que aunque la Asamblea Legislativa le reintegró al sistema de vivienda ¢10.000 millones de los recursos recortados en el presupuesto 2023, el jerarca no ha girado los recursos, argumentando las condiciones y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Alvarado señaló que superávit primario del Gobierno a noviembre de 2023 ya era de 1,8%, cuando la meta era alcanzar 1,3%. “El Gobierno tuvo ingresos de ¢350.000 millones de más. Eso quiere decir que había los ¢10.000 millones que ordenó reponer la Asamblea Legislativa. Aunque las condiciones económicas fiscales del país mejoran, no mejora la asignación de recursos a la vivienda social”.
“El Sistema Nacional Financiero de la Vivienda no puede seguir siendo el sector de donde toman los recursos para supuestamente equilibrar las finanzas públicas. Nos hemos convertido en la caja chica que tiene el ministro de Hacienda para equilibrar las finanzas públicas”, resaltó Alvarado.
¿Qué significan estos recortes?
Mientras en el 2019 el sistema de vivienda de interés social entregó bonos a 8.085 madres jefas de hogar; en el 2023 sólo entregó 5.276. En el 2019 se entregaron bonos a 757 adultos mayores y en el 2023 sólo a 164. Asimismo, en el 2019 se otorgaron bonos a 399 personas con discapacidad y en el 2023 a 213, según los datos presentados por Alvarado.
“Aún cuando los recursos existen solidariamente de los pagos de planillas del sector empresarial. hoy lo que tenemos es una desatención del derecho que tienen las familias necesitadas de que el Estado provea vivienda social”, dijo Alvarado.
El Banhvi se financia con recursos provenientes de tres fuentes. Primero, le corresponde un 18.07% de lo recaudado por el Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (Fodesaf), fondo que recibe un 5% del total de salarios que pagan mensualmente los patronos públicos y privados a sus trabajadores.
Segundo, se financia con el llamado “impuesto a las casas de lujo” o la Ley de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, que pagan propietarios de casas con un valor fiscal igual o mayor a ¢148 millones (monto actualizado a 2023).
Y tercero, del llamado “bono colectivo”, una transferencia que hace el Ministerio de Hacienda para financiar proyectos de infraestructura pública en las comunidades.
Los recortes al monto que el sector debía recibir del Fodesaf empezaron en 2020. Ese año los recortes fueron de ¢16.528,41 millones; en el 2021 de ¢20.833,10 millones; en el 2022 de ¢21.480,20 millones; en el 2023 de ¢21.561 millones; y en el 2024 de ¢34.568,40 millones. Eso representa un total de ¢114.971,12 millones dejados de percibir entre 2020 y 2024, que significan 11.130 viviendas no construidas, apuntó Alvarado.
Esto sin mencionar los 42.572 puestos de trabajo de mano de obra no calificada que no se generaron.
Por otra parte, entre el 2020 y el 2024, el Gobierno recaudó ¢24.197 millones del impuesto a las casas de lujo; pero solo ha girado al sector ¢2.597 millones.
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